AFIRMAN QUE LA NACIÓN SE APROPIA DE CADA VEZ MÁS RECURSOS NACIONALES, Y HAY POLÉMICA

La imagen de apertura corresponde a esta nota de La Nación de ayer, que refiere a su vez éste "informe" de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), que nos cuenta que la recaudación tributaria de impuestos nacionales creció entre 2004 y 2014, pasando del 18 al 26 % del PBI.

Nos dicen también que el Estado nacional se apropió del 73 % de esos 8 puntos del producto en que creció la recaudación en los últimos años, dejándoles al conjunto de las provincias apenas el 27 % restante de los mayores ingresos; y remata diciendo que con el proceso de armado de las listas de candidatos a ocupar a ocupar cargos en el Congreso a partir de diciembre ("decididos muy lejos del lugar donde viven" dice el informe), esa concentración de recursos no hará sino aumentar.

Lo llamativo del caso es que las cifras no aparecen respaldadas por ninguna desagregación que permita establecer de que "impuestos" está hablando concretamente; aunque la referencia al proceso de cierre de listas permite entreverle las patas a la sota.

Que no es otra que el viejo recurso de traficar ideología (en éste caso anti Estado) con el meneado recurso del federalismo, y a cuento de éste, colar reclamos de sectores muy concretos del poder económico para que se les afloje la carga tributaria por parte del Estado.

Porque si se estuviera refiriendo a Ganancias (hoy por hoy, el impuesto de moda), los mayores ingresos por el impuesto (sea por el aumento en el nivel de actividad y rentabilidad de las empresas, el no ajuste por inflación de los balances o la no actualización del minimo imponible en el caso de los salarios más altos) son compartidos por la nación y los Estados provinciales; exactamente en base a las mismas normas que regían el tributo y su coparticipación el 25 de mayo del 2013: el kirchnerismo no introdujo allí ningún cambio.

Como tampoco lo hizo en ninguno de los impuestos nacionales coparticipables, a excepción de la disminución del 30 % al 15 % de lo recaudado por el impuesto al cheque, de la masa a distribuir con las provincias: hace un tiempo acá historiábamos las reformas producidas desde 1988 en ésta materia en el documento conjunto que elaboramos con los compañeros del Movimiento Evita; y se puede consultarlo siguiendo el enlace para corroborar lo apuntado. 

Por el contrario y medidas en términos de porcentaje del PBI (como debe hacerse para evaluar su impacto real en las finanzas provinciales) las transferencias de la nación a las provincia por concepto de coparticipación y transferencias especiales crecieron significativamente desde el 2003; tal como lo señalaba en su momento acá Diego Rubinzal.

Lo que ni el informe de IDESA ni La Nación que lo replica señalan es que los recursos que más aportaron al crecimiento de la recaudación nacional medida contra el PBI -además de Ganancias- fueron los derechos de exportación (las tan vapuleadas retenciones) y las contribuciones de la seguridad social; ninguno de los cuáles es coparticipable.

Sin perjuicio de que Cristina haya decidido mediante el DNU 206/09 crear con el 30 % del producido de las retenciones a la soja y sus derivados el Fondo Federal Solidario que se coparticipa a las provincia en forma automática, diaria y con los índices de distribución de la Ley 23.548 (1988); que constituye hoy por hoy el principal recurso con que los Estados provinciales solventan la obra pública que ejecutan.

Justamente lo mismo le aclarábamos en Twitter al progresismo vernáculo, ávido lector de la tribuna de doctrina, y consumidor frecuente de pescado en mal estado:

@jczabalza lástima la chantada de no aclarar que es por los derechos de exportación y las contribuciones a la seguridad social

— La Corriente K (@lacorrientek) junio 22, 2015

Los ejes del reclamo nada tienen que ver con el federalismo, y bastante con los planteos empresariales para alivianar el "costo laboral" pagando menos contribuciones a la seguridad social, y menos (o nada) de retenciones, apropiando de ese modo íntegramente rentas extraordinarias, que no dependen tanto de los costos internos como del tipo de cambio, los precios internacionales y la demanda exterior de sus productos.

De allí que justamente esos 8 puntos del PBI de aumento de la presión tributaria nacional se hayan asentado en gravámenes de naturaleza progresiva (Ganancias, retenciones y contribuciones de la seguridad social), que disminuyen el sesgo regresivo del sistema impositivo nacional.

Incluso sin haber aumentado los impuestos o derechos de exportación (recordemos el fracaso del sistema de movilidad planteado en éste caso), ni las contribuciones a la seguridad social; que crecieron por imperio de la caída de más 20 puntos del empleo informal, la creación de 6 millones de puestos de trabajo, el alza anual de los salarios por las paritarias y la suba sostenida del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante todo el período kirchnerista.

Lo curioso (o no tanto, si bien se mira) es que se presente la cuestión de un modo que, con el cuento del "federalismo", se solapa que se contribuyó de tal modo a la financiación genuina de la seguridad social, y a la sustentabilidad del esquema de movilidad jubilatoria (que permitió que los haberes previsionales le ganaran a la inflación, en términos de poder adquisitivo medido de punta a punta del período); que ahora se aplicará a las asignaciones familiares y a la AUH (ver al respecto acá).  

Pero además en todo este tiempo los recursos propios de las provincias crecieron (sobre todo Ingresos Brutos) al compás del nivel de actividad (y la inflación, como no), y si no lo hicieron en mayor medida es porque la mayoría de ellas decidieron ex profeso no captar rentas disponibles más a la mano (vía por ejemplo el Impuesto Inmobiliario, en especial el rural); para que el costo político de hacerlo recayera en el Estado nacional

Por no mencionar además que el enfoque del informe omite consignar los cambios verificados por el lado del gasto nacional, en especial en materia de inversión pública en infraestructura (que alcanzó niveles inéditos desde los tiempos del primer peronismo) y elevar el piso de protección garantizado por el sistema de seguridad social; próximo a alcanzar el 100 % de cobertura de beneficiarios con los 517.000 nuevos jubilados de la moratoria; y con una asignación de recursos superior al 6 % del PBI, más del triple de la que se le destinaba en el 2003.