Entre las PASO del 19 de abril y las generales del domingo transcurrieron 56 días y dos elecciones signadas por el bochorno y la absoluta falta de confiabilidad de un sistema en el que -siendo buenos- se cometieron errores garrafales en todos los eslabones de la cadena.
Desde la designación y capacitación de las autoridades de mesa, hasta la carga de los datos en la página oficial, pasando por la confección de los telegramas, e incluso de las actas: cuadra reiterar casi en su totalidad lo dicho acá cuando las PASO.
Nos recuerdan ahora que el escrutinio público provisorio carece de validez legal, cuando es una garantía de la transparencia del comicio establecida por el artículo 29 de la Constitución provincial; y cuando ellos en las dos oportunidades -PASO y elecciones generales- se proclamaron públicamente vencedores y salieron a festejar basándose en sus "mesas testigos", con una pifia notable ya en el primer caso.
Violando además en ambos casos la Ley 12.080, cuyo artículo 7 establece claramente: "Queda prohibido publicar y difundir encuestas, sondeos
preelectorales o proyecciones sobre el resultado de la elección, desde cinco (5)
días antes de la iniciación del comicio, durante el desarrollo del mismo y hasta
cinco(5) horas después de su cierre. Se impondrán multas de hasta pesos cien
mil ($ 100.000) a toda persona física o jurídica, y a los actores políticos que
violaren lo dispuesto en el presente artículo, según lo disponga la autoridad de aplicación".
Es probable que alguien empiece a tomar un poco más en serio al patético tribunal electoral provincial si se decide de una buena vez a aplicar éste artículo a quiénes lo infringieron; sin distinción de "funcionarios del Estado" o "dirigentes partidarios", como trató de hacer el plumífero Alaniz acá, falseando además la realidad: el que se autoproclamó vencedor (Lifschitz) es un funcionario público (senador, para más datos), y a su lado estaba Bonfatti, la máxima autoridad de la provincia, que no hizo nada para pedirle que se callara y esperara el término legal para hablar.
En lugar de garantizar -desde la responsabilidad institucional del que gobierna- la transparencia y seriedad del proceso electoral, prefirieron -desde el más puro barrabravismo partidario- instalar un clima que contribuyera a desalentar a los que estaban todavía en las escuelas, fiscalizando el comicio.
Lo concreto es que ayer comenzó el escrutinio definitivo de otra elección cuestionada en Santa Fe, convertida en el hazmerreír electoral del país a partir de la ineficiencia (¿o algo peor?) de un gobierno que no puede siquiera garantizar de modo razonable la credibilidad de un proceso electoral.
Y que hoy se aferra con uñas y dientes a un pacto con Falistocco, para no abrir cada urna y contar cada voto, cortando de raíz con cualquier especulación de fraude.
Falistocco, sí: el presidente de la Corte instaurado allí en los gobiernos del peronismo que ellos mismos califican como mafiosos, y proviniendo del tristemente célebre estudio Cerrutti de Rosario.
Con urnas guardadas en un depósito que se dejó a cargo de un candidato a concejal del FPCyS -como en los peores tiempos del fraude patriótico-, y con serias sospechas sobre la procedencia de los designados para estar a cargo de las mesas escrutadoras: no sea cosa que el cruce de datos con los padrones partidarios arroje sorpresas también allí.
Y una secretaria electoral -funcionaria administrativa, designada por el gobernador- ansiosa por terminar rápido el escrutinio, para poder gozar de un retiro dorado en el cargo que le tendrían preparado en el Ministerio Público de la acusación, en un concurso hecho a su medida. A lo mejor el nuevo escándalo logra posponer lo que sería otro bochorno.
Muy poco serio todo, en una provincia donde hubo un virtual triple empate en la elección a gobernador (habrá que ver que dicen al respecto los cómputos definitivos), y donde el gobernador electo asumirá en diciembre con apenas el 30 % de los votos, y como resultado de un proceso electoral herido de muerte en su credibilidad.
Mientras tanto, los lenguareces del oficialismo deliran hablando de instaurar el balotaje -que requeriría una reforma de la Constitución provincial- para distraer la atención del foco del problema: no han sido capaces de organizar eficientemente una elección, y convencer al conjunto de los santafesinos de que lo que votaron será respetado a la hora del recuento.
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