LA TRAMPA DEL POZO

El viernes que viene deberían ser las audiencias públicas por el nuevo cuadro tarifario del gas, que el gobierno debió convocar tras el fallo de la Corte Suprema que dio marcha atrás con el tarifazo para los usuarios residenciales.

Tal como vienen las cosas, todo indica que el gobierno tratará de cumplir con la formalidad exigida, salvando lo central de su política tarifaria, aunque de aquéllos aumentos que llegaron a ser del 2000% ahora se habla de un 203 % en promedio. ¿Habrán hecho bien los cálculos en el Excel esta vez?

A propósito: cuando los aumentos llegaron al 2000 % y más, el gobierno se justificó diciendo que de otro modo "íbamos camino a convertirnos en Venezuela". ¿Con la décima parte de eso evitamos el riesgo?

Vemos acá como Aranguren viene tironeando con el Enargas para que se limite la cantidad de expositores y el tiempo de sus intervenciones (para evitar un debate en el que lleva las de perder); y acá en Página 12 como asociaciones de consumidores anticipan nuevos planteos judiciales porque la información previa necesaria para participar de las audiencias en las condiciones previstas por la Corte (y exigidas por la reglamentación aprobada por el Decreto 1172/03 de Néstor Kirchner) no está disponible, ni siquiera en cuenta gotas.

En especial en el punto crucial de la discusión, que es como se conforma el precio del gas en boca de pozo que el gobierno pactó pagarles a las petroleras, y que explica la mayor parte de las facturaciones finales que pagan los usuarios.

Al respecto leíamos en La Nación: “Hoy el precio del gas promedio en boca de pozo en el país es de US$ 1,25 por millón de BTU, según números oficiales, un valor que obligó a erogar el año pasado subsidios por más de US$ 5000 millones porque el Estado cubría un 82% del costo del gas. En abril, el Gobierno intentó llevar ese valor a US$ 4,72, algo que le impidió la Justicia. El valor de octubre será de U$S 3,42. Implica que el Estado seguirá subsidiando un 52% el gas. Ese número aumentará dos veces por año, hasta que en octubre de 2019 debería llegar a los US$ 6,78 (el número al que se estima se pagará la importación de LNG), con lo que el fisco no debería poner plata para subsidiar el gas. En la Patagonia eso ocurriría recién en 2022.”

Y en el mismo sentido leemos en Página 12: “La propuesta anulada por la Corte había llevado el precio de gas en boca de pozo de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU en promedio para el conjunto de los hogares. Ahora, en cambio, subirá a 3,42 dólares en octubre, un 165,1 por ciento, y luego se ajustará de manera semestral trepando a 3,78 dólares en abril de 2017, a 4,20 en octubre de 2017, a 4,69 en abril de 2018, a 5,27 en octubre de 2018, a 5,95 en abril de 2019 y a 6,78 dólares el millón de BTU en octubre de 2019, cuando el subsidio quedaría reducido a cero, salvo para los beneficiarios de la tarifa social. Aranguren señaló ayer que el precio del gas en boca de pozo representa entre el 55 y el 60 por ciento de la factura. Por lo tanto, ahí está la clave de los ajustes. Otro 9 por ciento corresponde al eslabón del transporte, un 12 por ciento a la distribución y el resto a impuestos.”

Como se ve, el gobierno oculta del escrutinio público y del debate los números con los cuáles llega al valor fijado para el millón de BTU: entre el precio (promedio, porque hubo precios mayores para el gas extraído de determinadas cuencas) fijado en abril y el que se fijaría ahora tras las audiencias se “cayó” 1,30 dólar por millón de BTU, sin que sepa que las petroleras protesten porque no les cierran los números.

Es que lo que se está escamoteando de la discusión son los costos reales de la producción del gas, que por ejemplo YPF informó a sus accionistas en la bolsa de Nueva York a razón de 1,99 dólares por millón de BTU; con lo cual el “senderos de precios” que les está trazando el gobierno a las petroleras de acá al 2019 les garantiza una más que razonable rentabilidad sobre costos, en un momento en el que los precios internacionales del gas se mantienen estables o bajan.

Para tener en claro cuáles son los verdaderos objetivos del gobierno de los CEO’s (empezando por el ministro de Shell) en ésta materia pensemos que los precios por millón de BTU previstos para los diferentes tramos de aumentos semestrales previstos se referencia a los valores de importación del gas, y no a los de sus costos reales de producción en el país, más una razonable rentabilidad para fomentar el aumento de la producción.

Con las audiencias por venir el gobierno pretende dar por saldada esa discusión hasta el 2019, planteándola bajo el falso eje “sendero de precios versus subsidios estatales”; sin discutir costos de producción, márgenes de ganancias de las petroleras, acceso a la energía para la producción y la actividad económica en general: recordemos que el comercio y la industria quedan afuera del fallo de la Corte, y por ende arrancarían con un precio del gas a 4,72 dólares promedio por millón de BTU, con el consecuente impacto en sus costos, y posterior traslado al precio de sus productos, que deberemos pagar los consumidores.

Las nuevas tarifas de transporte y distribución (que explican en conjunto apenas el 21 % de la factura) serían las mismas del tarifazo original, sin que se sepa que como consecuencia de los aumentos se les hayan exigido a las concesionarias inversiones para mejorar el servicio en calidad o cobertura.

Tal como lo señalan los funcionarios del gobierno (empezando por el propio Aranguren) la idea es “blanquear” de una vez y por varios años -haciendo las audiencias reclamadas por el fallo- los fenomenales aumentos del gas en boca de pozo, tendiendo a hacerlos converger hacia 2019 con los valores más altos de importación (cuando el 85 % del gas que utilizamos se produce acá, con costos argentinos); a partir de lo cual el Estado dejaría de fijar el precio y pasaría a hacerlo el mercado, como lo dispone el artículo 83 de la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas); y por ende sin necesidad de hacer más audiencias públicas, que quedarían limitadas a los tramos de transporte y distribución.

Cuando se conoció el fallo de la Corte, decíamosnosotros acá que los supremos se la dejaban servida para proceder de ese modo (textualmente: "...el artículo 83 de la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas) sigue vigente, y con él la posibilidad de que el gobierno se abandone a la lógica del mercado, y el precio lo terminen fijando directamente las petroleras, con incidencia en los costos de todos los segmentos del servicio (producción, transporte y distribución), incluyendo el mercado de la electricidad."), y el gobierno de Macri no desperdició la oportunidad. 

Y hablando de electricidad: con las dos resoluciones de la Corte de ayer que validaron de hecho (y al menos por ahora) el tarifazo eléctrico, es muy posible que el gobierno avance considerando a las audiencias públicas como una simple formalidad que llenar para imponer sus políticas sin tener en cuenta lo que allí se discuta.

Después de todo, no haría más que repetir lo que acaban de hacer los cortesanos con el dictamen de la Procuradora General Gils Carbó en la causa fallada por la Cámara federal de La Plata.