Cuando Cristina decidió correrse
de la candidatura presidencial y elegir para esa responsabilidad a Alberto
Fernández estaba claro lo que buscaba: un corrimiento hacia el centro de la
propuesta política para ampliar los bordes de la coalición opositora mientras
ella misma daba un paso al costado, y sumar el apoyo de fracciones del
electorado que podían tener resistencias hacia ella.
Y al mismo tiempo, disuadir de
antemano ciertos movimientos reflejos de hostilidad abierta de los factores del
poder económico, buscando alguien más conciliador que, al mismo tiempo que
fuera capaz de tender puentes con sectores políticos que se habían alejado del
kirchnerismo o confrontaron con sus gobiernos (algo que ella misma ya había
empezado a hacer), no hubiera protagonizado choques sonoros con esos factores
no institucionales de poder.
Con los resultados de las PASO a
la vista, está claro que la estrategia fue correcta, y que AF era la persona
adecuada para desempeñar ese rol, en el que además cree. El asunto es no suponer
que simplemente por la conjunción de esos factores, los demás jugadores del
partido dejan de jugar, o de operar con su lógica habitual, que suele ser la de
sus propios intereses; y para ejemplificar lo que decimos tomemos algunos
hechos que han sucedido en las últimas horas.
Por ejemplo el espinoso asunto de
la deuda, verdadera piedra en el camino con la cual el futuro gobierno volverá
a tropezar, en un contexto que no es el mismo del 2003 que habilitó los canjes:
Alberto expresó su interés en evaluar una salida “a la uruguaya” reprogramando
vencimientos, sin hacer quitas del capital y eventualmente negociando los
intereses, a partir de ofertas que recibió en ese sentido de algunos de los más
importantes fondos de inversión tenedores de bonos argentinos. Esos mismos
fondos, según cuenta acá Burgueño en Ambito, ofrecen no cobrar sus
cupones durante cuatro años (todo el mandato del futuro gobierno), a condición
de que no haya quitas del capital, y de rediscutir los intereses, obviamente
que al alza en éste caso (nadie dejará de cobrar por esperar más tiempo para
hacerse con su dinero).
Mientras tanto, los diarios dan
cuenta de que los fondos buitres están mirando con atención la evolución de la
situación de la deuda argentina para hacerse con oportunidades de “entrar” al
negocio de comprar títulos depreciados por un default que muchos dan por
descontado, por la agudización de la carencia de divisas. Y no solo los fondos
especulativos: acá cuentan que nada menos que el Citigroup alerta
a sus clientes que los bonos argentinos podrían ser un mejor negocio si el país
entra en default, porque a una caída inicial del valor le seguiría un rebote
posterior, como consecuencia del despegue de la economía: un implícito
reconocimiento a la estrategia exitosa que siguió el kirchnerismo en 2003,
luego de encontrarse con la deuda defolteada.
Por más buena voluntad que quiera
exhibir el candidato, para disipar los temores del mercado o evitar un golpe
especulativo entre su casi seguro triunfo el 27O y la asunción del gobierno,
los demás juegan, y juegan fuerte. Por otro lado, si pueden esperar cuatro años
sin cobrar, bien podrían aceptar una quita: no se trata de gente que esté
juntando las monedas para llegar a fin de mes.
Otro tanto pasa con la idea de
retocar el impuesto a los Bienes Personales, bajo la idea (correctísima) de que
la crisis la paguen los que más se beneficiaron con ella: bastó que Alberto
deslizara la idea para que le saltaran a la yugular, con todos los argumentos
imaginables, y más: desde que desalentaba la inversión, hasta que demostraba
con esa idea que no está dispuesto a equilibrar las cuentas por el lado de un
ajuste aun mayor de los gastos del Estado. Hasta recibió “fuego amigo”, si es
que a Martín Redrado se lo puede calificar como “amigo”.
Y sin embargo, la idea es
sensatísima, y provee una fuente de recursos concreta para que el Estado puede
afrontar sus compromisos (entre ellos, el pago de la deuda), sin infringirle
más sufrimientos a los sectores que han sido duramente castigados en estos años
por las políticas de Macri: vemos acá en Ambito como el equipo de la
diputada Fernanda Vallejos hizo tres proyecciones distintas del posible ingreso
de fondos consecuencia de cambios en Bienes Personales, que van desde restituir
las alícuotas vigentes al 2015 que el macrismo redujo (con la colaboración
indispensable de la “oposición responsable”, hasta triplicarlas en el caso de
bienes radicados en el exterior, exteriorizados a través del blanqueo de
capitales aprobado al principio del gobierno de Macri, con las mismas “ayudas”
opositoras.
¿Acaso no se dijo entonces que se
habilitaba un blanqueo generosísimo para “ampliar la base tributaria y no
presionar siempre sobre los mismos”, y para que “los que más tienen más paguen”?
Pues bien, ahora es el momento de demostrar que era cierto, pero somos
pesimistas al respecto: la clase social a la que Macri expresó políticamente
impulsó y aprovechó el blanqueo para resolver sus chanchullos cuando en otras
jurisdicciones fiscales les empezaban a cerrar el cerco, y solo aceptaron pagar
el módico impuesto excepcional para poder entrar, casi como una contribución de
campaña a “su” gobierno, para que financiara la “reparación histórica” a un
sector de los jubilados, parte esencial a su veza de su núcleo duro de
votantes.
No van a estar muy dispuestos que
digamos a hacer una mayor contribución de carácter permanente, menos por bienes
que blanquearon pero dejaron en salvaguarda fuera del país, porque el propio
blanqueo se los permitía. A menos, claro está, que se los obligue a hacerlo;
que para eso están el Estado y la política.
Y queda para el final el plan
contra el hambre lanzado por Alberto el lunes en Agronomía, que es un capítulo
importante de la idea más amplia del pacto social: allí elogió la idea del CEO de Syngenta, Antonio Aracre, de que las empresas productoras de alimentos donen
el 1 % de su producción: el hombre es generoso con lo ajeno, porque la empresa
que conduce no produce alimentos; y casi al mismo tiempo que entusiasmaba al
candidato del FDT con esa idea, Nidera (controlada por Syngenta) despedía a 70
trabajadores de su planta en Miramar, provincia de Buenos Aires: en lo
inmediato, su contribución a la paz social que el país necesita no estaría
siendo mucha que digamos.
Otra de las presencias estelares
en el acto del lunes fue la de Daniel Funes De Rioja, presidente de la COPAL,
uno de los vices de la UIA y eterno abanderado de la lucha por la rebaja de
impuestos, el achicamiento del Estado y sus funciones y la flexibilización
laboral: sobre este último tópico recordemos la aclaración tajante de Matías
Kulfas (posible ministro de Economía del nuevo gobierno), respecto a que el
tema no fue parte de las conversaciones preliminares del pacto social, cosa que
por el contrario el presidente de la central fabril, Acevedo (de una
alimenticia, para más datos) daba por sentado y acordado.
Pues bien, acá en El Cronista dan cuenta de que los empresarios del sector de las alimenticias están
en alerta por la idea esbozada en el plan contra el hambre de “garantizar la
mesa de los argentinos”, regulando el precio de los alimentos básicos de la
canasta familiar: ya están pidiendo que se tengan en cuenta sus “costos
reales”, y que si para lograr ese objetivo deben sacrificar parte de sus
márgenes de rentabilidad, se los compense con rebaja de impuestos, con lo cual
el sacrificio real sería del Estado, es decir de todos nosotros. Como en la
reciente eliminación de IVA que dispuso Macri para algunos productos, sin
lograr por eso frenar la inflación.
Colofón de todo lo dicho: para la
foto de las reuniones y los titulares de los diarios, todos parecen estar
dispuestos a poner su parte para salir de la crisis, y dicen estarlo. Pero
cuando se le ponen nombres concretos a las soluciones, si estas rozan sus
intereses, le empiezan a sacar el culo a la jeringa. Una constatación que no
debería ser una limitante para la acción de la política, sino un elemental
cuadro de la situación en el que hay que moverse, para no pifiarla.
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