Que extraño modo eligió el gobernador Pullaro para conmemorar ayer el aniversario del retorno del país a la democracia, y el Día Internacional de los Derechos Humanos: dictando el Decreto 3121 cuyas imágenes ilustran el post, por el cual crea su propio cuerpo de espías, dentro de la Policía provincial.
Tal como dan cuenta los fundamentos de la norma, Pullaro se basó en la Ley 14246 que la Legislatura dictó apenas él comenzó su mandato, conocida como "ley provincial de inteligencia", analizada en su momento en ésta entrada.
Decíamos entonces que "El proyecto (luego aprobado) además -acorde a los tiempos que corren- representa un grave retroceso en materia de estándares democráticos, con la excusa alegada de mejorar la eficiencia en la lucha contra el delito. La redacción de la norma no deja dudas que el nuevo organismo quedaría legalmente facultado a "espiar por las dudas", sin conexión con una investigación policial concreta ni delitos determinados, yendo de "excursión de pesca" para "recolectar información. Sobre el punto es preciso recordar que el artículo 4° inciso 1) de la Ley de Inteligencia Nacional 25520 prohíbe a los organismos de inteligencia "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal."".
Y además que "La CIOPE (Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, la SIDE provincial) podría en el mismo marco -es decir, "yendo de pesca"- utilizar agentes encubiertos o "reveladores", "entregas controladas" (¿de droga, en el marco del narcomenudeo?, solo a los consumidores sería) e informantes pagos.". Señalamos también que "la "SIDE" de Pullaro podrá "...recolectar información" sobre actividades lícitas que las personas hagan en el ámbito público, como por ejemplo participar de una marcha de protesta, o una huelga.".
Basándose en el artículo 13 de la Ley 13521 del personal policial, el decreto de Pullaro crea un subescalafón dentro del Escalafón General del personal policial, denominado Inteligencia; pese a que la misma ley ya establece desde 2006 un subescalafón denominado Investigación Criminal.
Del contexto de ambas normas (la Ley 14246 de espionaje provincial, y el Decreto 3121) queda claro que el diseño de política de seguridad de la gestión de Pullaro incluye como componente necesario un cuerpo de espías (que por supuesto no sabemos quienes son, ni por quiénes y con que requisitos fueron seleccionados), que se van a dedicar a recopilar información, sin que esté directamente vinculada alguna causa judicial en trámite, o delitos concretos.
Decíamos en la anterior entrada que los espías pullaristas pueden incluso (porque la ley los autoriza) requerir autorización judicial para "...realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos, filmográficos, y espionaje acústico...".(escuchas)", aun "...cuando se no está investigando un delito concreto -y bajo control judicial en tales casos-, sino simplemente "recopilando y produciendo información".".
Es decir, a tono con los tiempos que vivimos (pero no con la democracia que recuperamos hace 42 años) sacrificar libertades esenciales y garantías constitucionales e intentar disciplinar la protesta social, tras el pretexto de mejorar las condiciones de seguridad, previniendo los delitos antes de que se produzcan: una especie de "Minority Report" berreta, dejado en las manos de una de las fuerzas policiales con más cuestionamientos y oscuro historial del país.
Tuits relacionados:
Pensar que todo está basado en una ley (la 14.246) que hizo votar al comienzo de su mandato, y viola groseramente la ley de inteligencia nacional 25520, como veíamos acá: https://t.co/AxWC4au1B0
— La Corriente K (@lacorrientek) December 10, 2025
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