Dentro de los juicios que la provincia de Santa Fe inició contra la Nación en el gobierno de Binner, y que sumarían los famosos "8000 millones que nos deben" de los que él habla, hay uno que tiene que ver con éste decreto de De La Rúa; por el cual se destina un porcentaje de la masa coparticipable (la que corresponde a la Nación, y la del conjunto de las provincias) a los gastos de funcionamiento de la AFIP.
En el cálculo de los famosos 8000 millones que hace el gobierno provincial, este rubro insume $ 1.390.790.000 (casi mil cuatrocientos millones de pesos) en el lapso de diez años transcurridos desde que De La Rúa dictó el decreto, lo que equivale a $ 139.079.000 por año que aportaría Santa Fe a la AFIP.
Dejemos de lado el asunto del juicio y si Santa Fe tiene o no razón, y analicemos otro aspecto, vinculado al oportunismo que subyace en algunos reclamos "federales" como el de Binner.
En el sistema de coparticipación federal de impuestos que surge de la Constitución y que reglamenta la Ley 23.548 los impuestos coparticipables (sean indirectos como el I.V.A., o directos como Ganancias) son recaudados por la Nación (a través de la AFIP-DGI), que los distribuye en forma diaria y automática a las provincias.
Eso implica que el Estado nacional asume el costo de la recaudación: el costo operativo de fiscalizar y cobrar, y el costo político de mandar los sabuesos (si fuera necesario) a los contribuyentes para que paguen, sean éstos personas físicas o empresas; cuestión aparte de la equidad o no del sistema tributario argentino, porque es un hecho que no hay impuestos provinciales más progresivos que los nacionales que hoy existen.
Lo que implica además que el federalismo suele ser una excelente coartada para encubrir la falta de voluntad política para cobrar sus propios impuestos a los que pueden pagarlos de sobra; como por ejemplo el inmobiliario rural en las híper valorizadas tierras de la pampa húmeda.
En el caso de Santa Fe, el presupuesto provincial 2011 contemplaba recaudar este año $ 10.773.078.000 (más de 10.700 millones) en concepto de impuestos nacionales coparticipables; pero el comportamiento de la recaudación excede esa previsión: al 31 de agosto (último dato disponible) habían ingresado a la arcas provinciales 7.779,8 millones de impuestos nacionales; lo que anualizado daría unos 11.669,7 millones este año, sólo de impuestos nacionales coparticipados.
Si consideramos esas cifras y las comparamos con lo que Santa Fe aporta por año a los gastos de funcionamiento de la AFIP, la cuenta da que, por cada peso que aporta la provincia para que se recauden los impuestos nacionales que luego le vuelven coparticipados, le ingresan a sus cuentas $ 77,46 si tomamos las cifras calculadas en el Presupuesto, y $ 83,90 si nos atenemos a las que efectivamente le ingresarán.
Pero como Santa Fe (al igual que las demás provincias) tiene sus propios impuestos, cuenta con un organismo similar al AFIP para recaudarlos: la Administración Provincial de Impuestos (API); que tiene asignados este años $ 210.553.000 de presupuesto de gastos, por todo concepto.
El presupuesto provincial 2011 contemplaba recaudar $ 5.644.857.000 (algo más de 5600 millones) de impuestos provinciales), y al 31 de agosto se llevaban recaudados 4.252,6 millones; los que proyectados anualmente significarían 6.378,9 millones de impuestos provinciales en el ejercicio.
Utilizando la misma comparación hecha en el caso de la AFIP, eso significa que, por cada peso que el gobierno de Santa Fe gasta en recaudar sus impuestos provinciales, le ingresan de esos impuestos $ 26,81 si consideramos lo previsto en el Presupuesto, o $ 30,29 si tenemos en cuenta lo que efectivamente terminará recaudando. Las cifras pueden ser incluso menores, porque los gastos de funcionamiento de la API seguramente serán mayores que los previstos en el Presupuesto.
Es decir entonces que la relación costo-beneficio de la administración tributaria en el caso de Santa Fe (presumimos que en el caso de otras provincias debe ser igual, e incluso peor) es casi tres veces mejor cuando deja que la Nación le recaude los impuestos, que cuando los tiene que cobrar por ella misma.
La cuenta que acabamos de hacer la han hecho seguramente todos los gobernadores de las provincias (sin distinción de colores partidarios), porque -a menos que nos hayamos perdido la noticia- no andan a voz en cuello pidiendo una reforma al régimen de coparticipación, o haciendo juicios contra la Nación por los gastos de funcionamiento de la AFIP, porque además desde el 2003 para acá vieron notoriamente incrementados sus ingresos por recursos coparticipados, como lo demuestra con cifras contundente Diego Rubinzal acá.
Y no tienen el cinismo de Binner, de pretender que la Nación le siga recaudando los impuestos, sin aportarle un centavo para que lo haga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario