LA FRASE

"LA CRUELDAD DEL GOBIERNO CON LOS JUBILADOS ES INCALIFICABLE, LO ÚNICO QUE FALTA ES QUE LES DESCUENTEN EL 13 % DE LOS HABERES, O LOS REPRIMAN SI PROTESTAN." (PATRICIA BULLRICH)

martes, 26 de junio de 2012

ELEFANTE BLANCO


No estamos hablando de la película de Trapero, sino de la obra del CEMAFE, de la que nos hemos ocupado reiteradas veces en éste blog, y acá tienen un post que contiene un buen resumen del asunto

Una obra pergeñada por el socialismo sin ningún contexto previo con las necesidades de la infraestructura de salud, ubicada en un lugar inaccesible para muchos santafesinos, propagandizada por la esposa de Binner (en forma oficial y privada) como un modelo arquitectónico inédito y un presupuesto astronómico (sólo para la primera etapa, la estructura de hormigón armado), adjudicada a la ex concesionaria de la autopista Santa Fe-Rosario en los tiempos de Reutemann; con plazos de ejecución largamente excedidos y varios meses de paralización de los trabajos.

Pero ahora nos interesa analizarla desde otro ángulo, y son los despidos decididos por la contratista Dycasa de los que cuenta ésta nota de El Litoral , y que según afirman los funcionarios del gobierno provincial (los mismos que hace meses decían que las obras públicas no estaban paralizadas, y se ejecutaban con normalidad) estarían revertidos porque la empresa reincorporaría a los trabajadores.

Algo que por cierto no es en el CEMAFE en el único caso que sucede (pasó lo mismo meses atrás en la obra del nuevo Hospital Iturraspe, como apunta la UOCRA), dado que la provincia mantiene con los contratistas de obras públicas una deuda que se acrecienta mes a mes, como afirman acá desde la Cámara de la Construcción, y para lo cual apelaron primero a la autorización para emitir letras (o al menos eso dijo Bonfatti, luego de varias desmentidas, que era el fin del endeudamiento a corto plazo); y hace pocos días a la emisión de cheques de pago diferido por 100 millones de pesos, por éste decreto.

Propuesta rechazada de plano por las empresas, por una razón muy sencilla: si la provincia les adeuda certificados de obra desde hace entre seis y nueve meses, ¿por qué razón deberían creer que si reciben esos cheques, podrán cobrarlos cuando los presenten?

Pero el caso del CEMAFE (al igual que el también "hibernado" Puerto de la Música de Rosario) fue considerado por Binner y el socialismo una "obra emblemática" de la gestión provincial, algo que compartimos, pero por razones seguramente diferentes: es un fresco de la enorme incapacidad del socialismo para la gestión pública (al menos en escala provincial, o allende los límites de la municipalidad de Rosario), no obstante disfrutar de un ciclo económico ascendente que le aportó ingentes recursos para -por ejemplo- hacer obras.

Porque a esta altura del análisis conviene recordar que ésta obra (al igual que el nuevo Hospital Iturraspe y muchas otras) es íntegramente financiada con los recursos que aporta la Nación a través del denominado Fondo Federal Solidario, o fondo soja; proveniente de la coparticipación a las provincias y municipios del 30 % del total del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados.

Se trata de recursos líquidos, disponibles en forma diaria y automática (como la coparticipación federal) y afectados, lo que implica que tienen un destino prefijado y no se pueden usar para otra cosa: son para hacer obras públicas, tal como lo dispone el Decreto 206/09 de Cristina que lo creó.

Por eso no se entienden los atrasos en el pago de las certificaciones de las obras que se financian con el Fondo Soja, y que derivan en situaciones conflictivas desde el punto de vista social como los despidos en el CEMAFE, o los que hubo antes en la obra del Iturraspe.

Porque las empresas reclaman por deudas impagas y el gobierno provincial no las desmiente, diciendo por ejemplo que están despidiendo gente para presionarlo para cobrar redeterminaciones de precios pendientes: probablemente muchos no lo sepan, pero en Santa Fe existe un sistema de indexación de la obra pública desde los tiempos de Reutemann en el 2003 (final de su segundo gobierno), aprobado por la Ley 12.046; por el cual se actualizan los precios de los contratos tomando en cuenta la evolución de los salarios, el costo de los materiales de construcción, los impuestos y otros rubros.

Por aplicación de ese sistema, muchas obras se terminan pagando el doble o más de lo que originariamente costaban.

Tampoco dice el gobierno provincial (por ejemplo a través de su Ministerio de Trabajo) que las empresas contratistas de obra pública estén en procedimiento preventivo de crisis, o acudiendo a los REPRO del gobierno nacional o programas similares para pagar los sueldos de sus empleados; sea como consecuencia de la deuda que tiene con ellas el propio gobierno socialista, o por cualquier otro motivo.

Ese silencio permite aventurar si el problema no radica en que el gobierno socialista no está incurriendo en el delito de malversación de caudales públicos, usando las partidas que recibe del Fondo Soja para cualquier cosa, menos para ejecutar obras públicas.

Las sospechas aumentan cuando se ingresa acá al portal de la provincia, y se pica en el ícono que dice "Seguimiento Fondo Federal Solidario", y se obtiene éste resultado:


  
Nada, ningún dato, como tampoco lo hay acá; donde están las cifras de ingresos y gastos de la provincia al 30 de abril (última fecha disponible): sólo se consignan los importes transferidos en concepto de Fondo Federal Solidario a los municipios y comunas, que son el 30 % de lo que recibe la provincia de la Nación por esa vía.

No obstante, si lo que el documento dice es que las municipalidades y comunas recibieron en los primeros meses del año son unos 58 millones de pesos del FFS, eso significaría que a la provincia le habrían ingresado unos 136 millones, en el mismo lapso, por el fondo soja.

Y si en la nota linkeada el presidente de la filial Santa Fe de la Cámara de la Construcción dice que el gobierno provincial les venía pagando a las empresas certificados de obra adeudados por unos 30 millones mensuales, eso implica que nada más que con lo recibe del Fondo Soja (sin apelar a recursos propios, o a otras fuentes o partidas) le alcanzaría y sobraría para cancelar esas deudas, estén o no las obras financiadas por ese fondo.

Pero lo que no se entiende es que se atrasen en los pagos de las que sí lo están, como la del CEMAFE.

A menos que el problema radique en que Bonfatti -en lugar de estar rascando la olla para pagar sueldos- esté metiendo la mano en la lata.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Che se acuerdan cuando escracharon que se pagaba la obre con la guita del fondo soja. ¿qué hace el pelado con la guita esa? Uhhh paga sueldos de los empleados administrativos...que mal, que mal, eso casi que es delito no?

La Corriente Kirchnerista de Santa Fe dijo...

Gracias por el recuerdo, sacále el "casi": "Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados." (artículo 260 del Código Penal)