Ayer viernes asumió la nueva conducción de la UCR provincial encabezada por el ex senador Eduardo Galaretto, y el lunes hará lo propio el consejo provincial del PJ, encabezado por el intendente de Venado Tuerto José Luis Freyre (ambos en la foto); con lo que los dos partidos mayoritarios de la provincia (al menos en cantidad de afiliados y representación territorial) coincidirán en entronizar cúpulas partidarias que son fruto de trabajosos acuerdos entre los diferentes sectores internos.
Acuerdos que no son menos consecuencia de una plenitud de coincidencias ideológicas (en el peronismo hasta la aceptación del liderazgo indisputado de Cristina tiene matices bien perceptibles), que de la convicción de que encarar un proceso electoral interno con competencia abierta desgataría energías que serían mejor usadas en la competencia general que se avecina en el próximo año electoral.
En ese contexto, es poco probable esperar una inmediata revitalización de estructuras partidarias aletargadas en los últimos años, y que fueron quedando subordinadas a los tiempos y las pautas que marcaban los representantes territoriales (intendentes, presidentes comunales) y legislativos (diputados y senadores) de ambos partidos; factores todos que acentuaron en éstos tiempos su independencia de criterio y de acción respecto de los respectivos partidos.
Algo parecido sucede con el socialismo: aunque Hermes Binner ha sido elegido formalmente presidente del partido a nivel nacional, en la búsqueda de sustentabilidad política para su gobierno y plafond legislativo para sus proyectos (como la meneada reforma tributaria) el gobernador Bonfatti no vaciló en apelar a los puentes que le tendió con el radicalismo el sector interno que lidera Rubén Giustiniani (de tradicionales mejores vínculos con los hombres de la boina blanca): con los oficios del diputado Di Pollina (de estrecha confianza del senador nacional) orquestó en la semana una reunión con los referentes legislativos de la UCR, para salir del enredo en el que lo dejó el plantón que éstos le propinaron la semana pasada, al dejarlo esperándolos en vano en la Casa de Gobierno.
El Ejecutivo espera de ese modo encauzar de una vez por todas el destino de la reforma tributaria en la Legislatura (de hecho, urgió a aprobarla antes de que el Poder Legislativo entre en el receso de julio), algo que no parece tan sencillo: desde el interbloque de senadores del PJ (donde conviven desde ex reutemanistas hasta kirchneristas de variada gama) le hicieron saber que suspendieron la ronda de consultas que venían llevando adelante con distintas cámaras empresariales y representaciones de sectores productivos, hasta tanto desde el oficialismo provincial no pusieran en orden la propia casa.
El senador Calvo (PJ Castellanos, del sector de Omar Perotti) lo puso en claro: el proyecto original es del Ejecutivo, que es el que está urgido por cerrar las cuentas, y si hay disidencias sobre su contenido en el seno del Frente Progresista Cívico y Social (entre radicales y socialistas, los demás partidos no cuentan al menos -en términos prácticos- en la discusión), primero deben saldarlas para determinar además cuál será el proyecto definitivo a discutir.
Claro que en el fondo y más allá de lo atendible del argumento, lo real es que todos los sectores políticos con representación en la Legislatura (tanto oficialistas como opositores) vienen siendo en mayor o menor medida permeables a las presiones de las corporaciones empresarias, en especial las agropecuarias y vinculadas (como la Bolsa de Comercio de Rosario), y hacia el interior de todos los partidos se multiplican las disidencias respecto a los alcances de la reforma; que no es más que un ejemplo revelador de la fragmentación discursiva y organizativa del sistema político santafesino.
Tanto entre los radicales como en el PJ, el arco de opiniones va desde quienes se oponen terminantemente al revalúo de los campos para ajustar los valores del Inmobiliario rural hasta quienes apoyan decididamente la idea (aunque en el caso del radicalismo éstos últimos se llamaron a silencio en público, en obsequio a la disciplina partidaria); pasando por los que quieren o no gravar a ciertos sectores de la industria con Ingresos Brutos, o los que proponen la misma medida para las grandes exportadoras del complejo cerealero y aceitero del sur provincial.
Del mismo modo, mientras los legisladores de todos los partidos habilitan el juego para boicotear la reforma a las gremiales empresarias, los intendentes y presidentes comunales (en ésto, sin distinción de partidos) los urgen a aprobarla aunque fuera con modificaciones; urgidos como están por la necesidad de recursos para la gestión.
Como se puede ver también en el ejemplo dado de Bonfatti, la lógica del que administra y sus necesidades se sobrepone a la especulación política propia del ámbito legislativo; y es muy probable que (cuando la reforma finalmente se trate) los intendentes y presidentes comunales que expresan la primera terminen teniendo su peso: de hecho y al menos en el PJ, se convirtieron en un actor de importancia a la hora de cerrar el acuerdo para elegir las autoridades partidarias.
Pero yendo atrás en el tiempo de la semana que se cierra (que trajo además para los rosarinos el durísimo golpe a su autoestima de haber quedado fuera de la competencia por ser sede de los Panamericanos 2019 a manos de la ciudad de La Punta en San Luis), no se puede omitir que comenzó el lunes con la asunción de Raul Lamberto como nuevo ministro de Seguridad en reemplazo del renunciante Leandro Corti.
El hecho de que Bonfatti haya debido apelar a una figura del riñón del socialismo (fundador del PSP nada menos), prescindiendo de su principal vocero en la fragmentada geografía de la Cámara de Diputados provincial (resignando la banca a manos de un hombre de la alicaída Coalición Cívica) muestra con crudeza la gravedad de la crisis que atraviesa la política de seguridad de su gobierno; y resulta por otro lado la más contundente demostración de que el primer ministro del área no se alejó por una simple discrepancia con la organización de un partido de fútbol: de ser así, Bonfatti no debería haber apelado al diputado Lamberto, a falta de otros candidatos dispuestos a asumir el desafío.
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