El ex multifuncionario (de Menem, Duhalde y antes de Bignone) Alieto Guadagni se suma -con el artículo de Clarín al que corresponde la imagen- al hit del momento: "Todos somos bonaerenses".
Como los apuros financieros de Scioli (que lo han obligado a cuotificar el aguinaldo a los estatales bonaerenses) son un salvavidas de plomo a su candidatura presidencial de cara al 2015 (en la que es obvio que encarna a la nueva esperanza blanca del estalishment argento, algo desilusionado del mequetrefe porteño) muchos se ven obligados a cambiar radicalmente el discurso.
Recordemos si no que, en pleno conflicto con las patronales agrarias por las retenciones móviles, el planteo del "federalismo" (del que ahora se hace eco Guadagni) era más o menos el siguiente: "Devuélvanle la plata a las provincias del interior -léase de la pampa húmeda- que producen y trabajan y no se las den a los negros del conurbano para mantenerlos cautivos del clientelismo", recuerden por caso a De Angeli y otros pensadores contemporáneos.
Que la provincia de Buenos Aires está rezagada en los índices de la distribución secundaria de la coparticipación en el conjunto de las provincias (tal lo que apunta Guadagni) es algo que todos sabemos; pero que la solución -justamente para cumplir el mandato constitucional de lograr "un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional"- sea que reciban menos recursos los formoseños, tucumanos o santacruceños es harto opinable.
De hecho, de todas las distorsiones que apunta Guadagni la más grosera es -al menos para nosotros- que desde el punto de vista de la coparticipación un bonaerense reciba la mitad de recursos que un cordobés o un santafesino; o sea todo lo contrario del federalismo de ocasión de la Mesa de Enlace, y sus replicadores mediáticos y políticos.
Pero además el planteo de Guadagni (en tanto parte de la operación político-mediática tendiente a encubrir los errores de Scioli victimizándolo, en espejo a lo que desde hace años se viene haciendo con Macri, y a los mismos fines: posicionarlo para el 2015), omite deliberadamente al menos tres circunstancias relevantes para el análisis.
La primera es que en hacia el interior de la propia provincia de Buenos Aires hay una discriminación en las normas de asignación de recursos coparticipables (propios y federales) en beneficio del interior, y en claro perjuicio de los 24 partidos que conforman el Conurbano; lo que se traduce en una menor asignación de recursos por habitantes (justo el indicador elegido por Guadagni) y en una sub representación política en la propia Legislatura provincial; factores que no casualmente van de la mano como se apunto en su momento acá. De hecho, la pérdida de recursos coparticipables nacionales por parte de la provincia de Buenos Aires también es consecuencia de su sub representación política en el Congreso nacional como allí se apuntó también.
La segunda es que los reclamos por aumentos de la coparticipación federal (y el caso de Scioli ahora no es la excepción) a costa de la porción que le corresponde a las otras provincias y al Estado nacional, lo que encubre verdaderamente es la falta de decisión política de captar rentas disponibles en sus propios territorios; como lo comprueba el reciente caso de la reforma tributaria bonaerense y la ancestral resistencia del sector agropecuario a pagar impuestos (con su réplica urbana en los cacerolazos porteños), contribuyendo a la financiación del Estado y las políticas públicas sobre la base de su capacidad contributiva.
En ese mismo contexto y como se apuntaba acá, esa falta de voluntad de captar rentas más al alcance de las gestiones provinciales también descansa sobre la visión oportunista de usufructuar los beneficios del despliegue del aparato recaudatorio del Estado nacional (con mayor capacidad de presión y fiscalización sobre los sectores contributivos, en especial los empresariales), para obtener recursos cuya percepción corre por cuenta de otro vía coparticipación federal.
El importante fortalecimiento de la ARBA en el caso bonaerense no invalida el análisis, porque el organismo despliega su labor para fiscalizar el cobro de una estructura tributaria provincial que (como la de la mayoría de las provincias) capta sólo en una mínima proporción las rentas disponibles en su propio territorio.
Y el tercer elemento y el más importante de los que sustrae Guadagni en su análisis (y que en nuestra opinión lo invalida en su conjunto, aun describiendo hechos ciertos) es que la tarea de redifinir el régimen de coparticipación federal (pendiente desde la reforma constitucional del 94') exige algo más que "una compleja negociación" como señala el múltiple ex funcionario.
De hecho, lo que la propia Constitución Nacional dice (y Guadagni silencia en su análisis) en su artículo 75 inciso 2) es que la nueva ley de coparticipación es una ley convenio, que debe ser sancionada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, y luego de sancionada no puede ser modificada unilateralmente por el Congreso ni reglamentada por el Poder Ejecutivo; y debe ser aprobada además (en tanto ley convenio) por todas y cada de las provincias, por leyes de sus respectivas Legislaturas.
Al día de hoy y en términos políticos, una tarea que asoma más que compleja, como virtualmente imposible; porque además la puja por la distribución de los recursos coparticipables (entre la Nación y las provincias, y entre éstas) atraviesa transversalmente los alineamientos partidarios de las estructuras políticas.
1 comentario:
Impecable.
Publicar un comentario