VOLVER DEL RIDÍCULO

La Dirección de Comercio Interior, es decir el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, pretende desdecirse ahora de la absurda posición pública que asumiera frente al acuerdo de precios celebrado entre el Gobierno Nacional y las cadenas de supermercados.

El funcionario a cargo del organismo provincial, inundó primero los medios locales - a horas de celebrado el acuerdo- , y más recientemente también los medios nacionales, con declaraciones insostenibles. Según el funcionario, el acuerdo de precios nacional no se cumpliría en ésta Provincia, porque en el país no existe una regulación de precios máximos. Sostuvo además, que por eso no se podían aplicar sanciones, y otra serie de conceptos sin ningún tipo de fundamento normativo. Por el contrario, se reiteraba en argumentos que se contraponen con la normativa vigente y con las facultades y atribuciones que posee el organismo provincial que conduce.

Como ya se explicara desde este blog en ésta entrada y en ésta otra, se celebró un acuerdo con las cadenas de supermercados, donde las partes establecieron la no modificación de precios durante un lapso de tiempo (01/02/13 al 01/04/13), por lo que resulta irrelevante que en el país no exista un régimen de precios máximos, como argumenta el funcionario.

El organismo que conduce Gianzone, resulta autoridad de aplicación en la Provincia de los aspectos referidos a comercialización, aspectos entre los cuales, naturalmente, está incluído un acuerdo de precios como el celebrado por el Gobierno nacional para que rija en todo el territorio del país.

En la Provincia de Santa Fe, conforme Decretos 762/85 y 850/94, la Dirección General de Comercio Interior resulta la autoridad de aplicación de normas nacionales de comercialización (Leyes 22.802, 20.680, 19.511 y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240) y sus normas complementarias.

Si los precios acordados no se respetaran, se estarían vulnerando los derechos de los consumidores consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor), ley de la cual el organismo que conduce Gianzone es autoridad de aplicación y tiene facultades por ello para aplicar sanciones.

Pero, como decíamos, y según las declaraciones del funcionario, para el gobierno santafesino las "políticas provinciales en materia comercial" consisten básicamente en decir que los acuerdos de precios no sirven, y que no tienen facultades legales para controlar su cumplimiento.

Y ahora, frente a lo insostenible de sus argumentos, y los lógicos repudios que las insólitas declaraciones del Gobierno Provincial provocaron en asociaciones de consumidores y en sectores de la comunidad, el gobierno socialista manda a su funcionario a explicar lo inexplicable, como vemos en ésta nota de El Litoral, a decir que ahora sí, pero que no, pero que entonces…… “Sin perjuicio de ello, la Provincia, a través de la Dirección de Comercio Interior, además de realizar mensualmente relevamiento de precios sobre una canasta de productos básicos sobre los cuales trabaja permanentemente, decidió a partir del acuerdo poner especial énfasis en las cadenas nacionales instaladas en el territorio santafesino, a fin de evaluar la evolución de los precios y su cumplimiento, no obstante carecer de facultades para sancionar, como se expresara.”

La conservadora oposición a una medida del Gobierno Nacional que está orientada a beneficiar al conjunto de la población, pero fundamentalmente a los sectores de menos recursos (que destinan la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos), solo se explica desde la ideología de este “socialismo” reaccionario, que cuando se presenta una puja de intereses, siempre se para en la vereda de los intereses económicos concentrados, como lo hizo este funcionario con sus declaraciones, y por indicaciones del gobernador.

Este funcionario, ha sido solo el vocero de la ideología de un Ejecutivo Provincial que intenta ahora volver del ridículo, un lugar de donde no se vuelve.