Como prometíamos acá, redondeamos en ésta segunda entrada el tema de la discusión que se viene en el Congreso sobre la prórroga de la ley de emergencia económica.
Desde la tapa misma de Clarín del domingo al discurso de los opositores en el Congreso (uno surgido de la otra, obviamente) se hace hincapié en que la ley le permite al gobierno "manejar a discreción la economía": ojalá fuera cierto; pero lamentablemente no lo es.
Ojalá pudiera el Estado (más allá de éste gobierno) avanzar sobre el proceso integral del comercio exterior, evitando así por ejemplo las maniobras especulativas de los exportadores que no venden sus sotcks, o no liquidan las divisas especulando con una devaluación, por citar sólo un ejemplo.
O en forma sistemática y consistente sobre la remisión de dividendos de las empresas extranjeras que operan en el país, y no de un modo colateral; sea a través de las exigencias de integración de capital mínimo del BCRA (a partir de la reforma de su carta orgánica) en el caso de los bancos, o de las acciones que posee la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en algunas empresas.
Pero así como se desvía el eje de la discusión y sus implicancias prácticas, también se sanatea a granel, como cuando se introduce en el medio la famosa cuestión de los "superpoderes" del Jefe de Gabinete para modificar las partidas del presupuesto.
Que no tienen nada que ver con la ley de emergencia económica, ni necesitan renovación; porque están contemplados en la Ley 24.156 (ver acá el texto, cuyo artículo 37 fue modificado en el 2006 y dice actualmente lo siguiente: "La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación.".
De modo que el Poder Ejecutivo (a través del Jefe de Gabinete) modifica las partidas del presupuesto siempre que sea en forma compensada (no aumente el monto total del gasto), ni signifique mayor endeudamiento, o tocar las partidas de gastos reservados e inteligencia.
Por esa razón cuando el gobierno nacional aumenta los gastos por encima de lo presupuestado (aunque sea la contrapartida de un aumento de los recursos, por mayor recaudación), en los últimos años ha apelado a un DNU.
Cosa que los opositores (cuando son gobierno) no necesitan; porque todos ellos tienen "superpoderes", y en algunos casos mayores que los que tiene el Ejecutivo nacional.
Tal es el caso de Santa Fe donde el gobernador (de acuerdo a la ley 12.510) puede incluso aumentar el total de los gastos aprobado por la Legislatura, sin necesidad de una nueva ley: el año pasado el gobierno de Bonfatti recaudó 2380 millones de más por encima de lo votado, y gastó 2037 más que lo previsto en la ley de presupuesto provincial.
Que contemplaba que Santa Fe hiciera un 89,47% de gastos corrientes y el 10,53 % restante de capital; pero el gobierno terminó ejecutando un 95,52 % de gastos corrientes, y apenas un 4,58% de gastos de capital: sin la existencia de los superpoderes, hubiese sido imposible.
Y hablando de "superpoderes", recordemos que los que ahora se rasgan las vestiduras ante la perspectiva de tener que prorrogar la ley de emergencia económica, en el 2001 votaron a tambor batiente (en apenas 10 días desde que el proyecto entró al recinto, sesionando tres días consecutivos) la Ley 25.414.
Que entre otras bellezas, proponía "Desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros", o "Dar continuidad a la desregulación económica derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la competitividad de la economía".
Desde la tapa misma de Clarín del domingo al discurso de los opositores en el Congreso (uno surgido de la otra, obviamente) se hace hincapié en que la ley le permite al gobierno "manejar a discreción la economía": ojalá fuera cierto; pero lamentablemente no lo es.
Ojalá pudiera el Estado (más allá de éste gobierno) avanzar sobre el proceso integral del comercio exterior, evitando así por ejemplo las maniobras especulativas de los exportadores que no venden sus sotcks, o no liquidan las divisas especulando con una devaluación, por citar sólo un ejemplo.
O en forma sistemática y consistente sobre la remisión de dividendos de las empresas extranjeras que operan en el país, y no de un modo colateral; sea a través de las exigencias de integración de capital mínimo del BCRA (a partir de la reforma de su carta orgánica) en el caso de los bancos, o de las acciones que posee la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en algunas empresas.
Pero así como se desvía el eje de la discusión y sus implicancias prácticas, también se sanatea a granel, como cuando se introduce en el medio la famosa cuestión de los "superpoderes" del Jefe de Gabinete para modificar las partidas del presupuesto.
Que no tienen nada que ver con la ley de emergencia económica, ni necesitan renovación; porque están contemplados en la Ley 24.156 (ver acá el texto, cuyo artículo 37 fue modificado en el 2006 y dice actualmente lo siguiente: "La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el Congreso de la Nación.".
De modo que el Poder Ejecutivo (a través del Jefe de Gabinete) modifica las partidas del presupuesto siempre que sea en forma compensada (no aumente el monto total del gasto), ni signifique mayor endeudamiento, o tocar las partidas de gastos reservados e inteligencia.
Por esa razón cuando el gobierno nacional aumenta los gastos por encima de lo presupuestado (aunque sea la contrapartida de un aumento de los recursos, por mayor recaudación), en los últimos años ha apelado a un DNU.
Cosa que los opositores (cuando son gobierno) no necesitan; porque todos ellos tienen "superpoderes", y en algunos casos mayores que los que tiene el Ejecutivo nacional.
Tal es el caso de Santa Fe donde el gobernador (de acuerdo a la ley 12.510) puede incluso aumentar el total de los gastos aprobado por la Legislatura, sin necesidad de una nueva ley: el año pasado el gobierno de Bonfatti recaudó 2380 millones de más por encima de lo votado, y gastó 2037 más que lo previsto en la ley de presupuesto provincial.
Que contemplaba que Santa Fe hiciera un 89,47% de gastos corrientes y el 10,53 % restante de capital; pero el gobierno terminó ejecutando un 95,52 % de gastos corrientes, y apenas un 4,58% de gastos de capital: sin la existencia de los superpoderes, hubiese sido imposible.
Y hablando de "superpoderes", recordemos que los que ahora se rasgan las vestiduras ante la perspectiva de tener que prorrogar la ley de emergencia económica, en el 2001 votaron a tambor batiente (en apenas 10 días desde que el proyecto entró al recinto, sesionando tres días consecutivos) la Ley 25.414.
Que entre otras bellezas, proponía "Desregular y mejorar el funcionamiento y la transparencia del mercado de capitales y de seguros", o "Dar continuidad a la desregulación económica derogando o modificando normas de rango legislativo de orden nacional sólo en caso de que perjudiquen la competitividad de la economía".
2 comentarios:
Lo concreto es que todo lo que tenemos enfrente es "la oposición" por más que reneguemos de que los medios se empecinen en darle esa unidad de la que carecen. Donde puedan nos van a poner trabas, nos van a desestabilizar, nos van a joder y en eso consiste su alianza. Para eso confluyen en unirse.
Porqué acaso el kirchnerismo es tan fatal para que todos la sostengan y no se cascoteen entre sí? Por allí hay una clave cierta por más que digan que nos victimizamos.
Es que todo este debate falso tiene que ver con eso Daniel, con dejar gobernar hasta el 2015, o con empiojar la cosa privando al gobierno de instrumentos de (valga la redundancia) gobierno, para que no le quede más remedio que allanar el camino haciendo el trabajo sucio.
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