EL MENSAJE ES CLARO: NO QUIEREN MÁS KIRCHNERISMO

A estos muñecos del "Foro de Convergencia Empresarial" los conocimos cuando se presentaron (ver acá), nucleando a lo más granado del garcaje nacional; un verdadero "dream team" de los dueños de la Argentina que decidieron dar un paso al frente en público para exhibir sus músuclos, y diseñar un programa de gobierno que "sale o sale"; sin importar quien gane las elecciones, pues sería "la única alternativa racional" para resolver los problemas del país.

Un programa disfrazado -eso sí- detrás de un conjunto de buenas intenciones con las que nadie podría estar en desacuerdo: terminar con la pobreza, combatir la corrupción, garantizar el empleo digno, fortalecer el crecimiento económico y -por qué no- aniquilar la pediculosis.

Sin embargo cuando descienden a los planos más concretos de lo que piden, no es necesaria demasiada astucia para ver que a lo que atienden prioritariamente es a sus propios intereses; y que buscan tener reaseguros de que la "anomalía" política que significó el proceso  político abierto en el país el 25 de mayo del 2003, no se vuelva a repetir en el futuro.

Así por ejemplo podemos leer en el documento (que pueden leer completo siguiendo el enlace acá) por ejemplo: "...consideramos que los Directores del Estado-ANSES designados en las empresas debieran perseguir en su función criterios que maximicen el valor de las compañías en las que actúan, propendiendo con ello a maximizar en el mediano y largo plazo el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y su sostenibilidad en el tiempo en resguardo del sistema previsional argentino."

Como no pueden decir de frente march que en realidad lo que proponen es volver al sistema de jubilación privada o capitalización -donde lo prioritario era que las empresas se fondearan con los aportes de los trabajadores, sin importarles el destino de los futuros jubilados-, la disfrazan un poco.

Pero lo real es que el artículo 8 de la Ley 26.425 (que terminó con  las AFJP, y creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad) dispone claramente que los recursos del Fondo "deben ser invertidos "de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social."." (las negritas son nuestras); y así como el FGS aumentó su valor más de un 400 % desde el 2009 cuando se conformó, ninguna de las más de 40 empresas donde el Estado (a través de la ANSES y el FGS) tiene participación) perdió valor, sino que lo mantuvo y acrecentó.

Ni tampoco perdió plata, como lo muestran los casos del propio Grupo Clarín (que se negó hace poco a distribuir dividendos entre los accionistas); o la "nave insignia" de Techint (Ternium-Siderar), que fuera en su momento centro de una polémica porque los representantes del Estado planteaban que las utilidades fueran reinvertidas; mientras que el hólding de Paolo Rocca quería distribuirlas entre los accionistas, mayoritariamente fuera del país.

Sigue el documento: "...deben modificarse las normas que permiten al Estado la intervención discrecional dentro del ámbito de las empresas privadas, tales como la Ley de Abastecimiento (leyes Nº 20.680 y 26.991) y, entre otros, el Artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales.".

Clarito ¿no? como todavía no lograron que la justicia tumbe la ley de abastecimiento, y la de regulación de los mercados de capitales no la cuestionaron salvo en el artículo 20 (que Clarín -para variar- frenó con una cautelar), directamente plantean que las deroguen. Porque justamente permite a la CNV intervenir en defensa de los intereses de los accionistas minoritarios de las empresas que cotizan en bolsa; por ejemplo Papel Prensa o aquéllas en las que tiene participación la ANSES a través del FGS: eso sí, luego de ocupan de aclarar en el documento que no quieren un Estado bobo.

Sigamos: "...las tarifas de los servicios públicos concesionados deben ser reguladas por el Estado, preservando de todos modos una rentabilidad razonable, que permita invertir y mejorar los servicios...". Es decir aumentar las tarifas, con el argumento de que así se podrán mejorar los servicios; el mismo que se usara para privatizar esos servicios, con los resultados ya conocidos por todos: los servicios aumentaron, pero las inversiones nunca llegaron.

Hay más: "Garantizar la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, cuyo fortalecimiento y capacitación debe ser una política de Estado, afianzando asimismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación el equilibrio entre los estamentos indicados por el art. 114 de la Constitución Nacional...". Esta la debe haber colado (vía el Colegio de Abogados) Lorenzetti, para que le dejen manejar con mayor discrecionalidad aún el presupuesto de la justicia, pese a que el mismo artículo 114 de la CN dice que lo debe hacer el Consejo de la Magistratura, y no la Corte.

Por otro lado el Poder Judicial tiene autarquía financiera por la Ley 23.853 (que afecta parte de la recaudación impositiva a solventar su funcionamiento), pero el problema es que gasta el 88 % de su presupuesto en sueldos, y necesita un gil (el Poder Ejecutivo, que recauda los impuestos) que se lo financie. 

Otra: "Garantizar la independencia del Ministerio Público tal cual lo establece el Art. 120 de la Constitución Nacional". Es decir, echar a Gils Carbó y depurar la PROCELAC, y la Procuraduría contra La Trata de Personas; no sea cosa que sigan investigando casos de lavado de dinero, fuga de capitales (como las 4040 del HSBC en Suiza) o trabajo esclavo. 

Hay más: "Reforzar la independencia y jerarquía profesional y técnica del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de la Superintendencia de Servicios de Salud, de la Comisión Nacional de Valores, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (concretando la creación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, como establece el Art. 17 de la Ley N° 25.156)...".

"Independencia" y "Jerarquía profesional" significa: "que las manejemos nosotros, a través de gente que elijamos para poner a cargo". Una idea aproximada al respecto nos podemos dar recordando el debate sobre la "autonomía" del Banco Central. Y por otro lado, que esta gente reclame crear los tribunales de defensa de la competencia ya da una pista sobre su absoluta inutilidad para lograr el objetivo de evitar las maniobras especulativas de los formadores de precios, o las prácticas de concentración económica.

Esta no podía faltar: "Implementar una reforma tributaria y fiscal de carácter progresivo a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y gravámenes distorsivos, tipos de cambio diferenciales o procesos administrativos que impliquen restricciones a la producción y comercialización, nacional e internacional, de bienes y servicios.". En criollo: eliminar las retenciones, las ROE, las declaraciones juradas de importación (DJNI), y cualquier forma de control del comercio exterior; o protección de la industria nacional y el trabajo argentino. 

Fijáte esta otra: "...en caso de acudirse a formas asociativas del derecho privado, el Estado se deberá someter a las leyes y usos mercantiles, evitando el ejercicio de prácticas que pudiesen constituir competencia desleal con otros actores del mercado... ". O sea, dado que no podemos decir abiertamente que habría que volver a privatizar YPF y Aerolíneas, no puede ser que el Estado las favorezca, por ejemplo obligando a las reparticiones públicas a contratar con ellas. 

De modo que el mensaje está bastante claro, para que el que quiera entender, entienda: no quieren más kirchnerismo, ni nada remotamente parecido.

Estamos avisados, digamos.