LA FRASE

"LOS JUGADORES PODEMOS ESTAR UN AÑO SIN COBRAR, Y SI HICIMOS NEGOCIOS CON PARQUES EÓLICOS, HASTA DOS." (CARLOS TÉVEZ)

domingo, 25 de agosto de 2019

CIERRA COMO ABRIÓ


Cuando el socialismo lanzó el "Plan Abre", allá por el 2014 durante el gobierno de Bonfatti, decíamos en ésta entrada que para lanzarlo, invocaron la ley de emergencia en seguridad, que siguieron aplicando aun vencida: "Además de la emergencia, le agrega el artículo 108 inciso a) de la Ley de Contabilidad, que permite sortear la licitación pública cuando median "probadas razones de urgencia", o "emergencia imprevisible"; y acá nos volvemos a perder. Por un lado porque aplican la ley de contabilidad para contratar obras públicas; lo que permite por ejemplo sortear la intervención del Registro de Licitadores, que lleva los antecedentes y constata la capacidad de las empresas.

Y por el otro, porque otra vez causa sorpresa que para un gobierno que se tilda de progresista, la urbanización de determinados barrios sea "una emergencia" que no pudieron prever (¿y el Plan Estratégico, y la "Santa Fe pensada para los próximos 30 años"?); o que una cosa que se dice "de probada urgencia" (por ejemplo hacer casas) la hagan recién ahora, y no en el 2007 cuando asumieron.

Como sea, veamos que hizo el gobierno de Bonfatti en uso de esta aplicación de la ley de emergencia en seguridad, al Plan Abre. En Rosario por ejemplo convocó a tres concursos de precios en forma simultánea el mismo día (el 21 de noviembre pasado) para construir "soluciones habitacionales" (eufemismo progresista por "vivienda"); y de los tres participaron las mismas 6 empresas: OBRING S.A., DYCASA S.A., EPRECO S.R.L., EDECA S.A., PECAM S.A. Y DINALE S.A.; todas viejas conocidas de la obra pública provincial, en especial en tiempos del FPCyS.     

En los tres casos se dieron los siguientes elementos en común:

* Las ofertas adjudicadas estuvieron por arriba del presupuesto oficial, en un rango que osciló entre el 15,97 % y el 18,75 %: ¿el costo del progresismo?

* A la empresa que ganó en cada caso, el gobierno le otorgó un "anticipo financiero" del 20 % del valor del contrato, que consiste en pagarle antes de que empiece a trabajar, y mover una palada de tierra, o algún equipo: el Estado, convertido en financiera de las constructoras.

* Las obras se financian en su gran mayoría con las partidas del Fondo Federal Solidario (fondo soja) que envía la Nación, exactamente en un 79,84 % del costo total, en todos los casos." (las negritas son nuestras)

Salvo la referencia al fondo sojero que ya no existe más, todo lo demás cobra vigencia; y a las obras del Plan Abre les caben las generales de la ley de la obra pública del socialismo desde el 2007 hasta hoy: generosas "redeterminaciones de precios", y muchos "trabajos extracontractuales", o "adicionales de obra".

Como el que se dispuso por el decreto cuya imagen encabeza el post, por más de 32 millones de pesos (casi el 20 % del valor original del contrato), a favor de una UTE integrada por una de las seis empresas que se repartieron todas las obras del Plan; que se va como vino entonces.   

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