MEJOR DEJEMOS TODO COMO ESTÁ, Y LISTO

Con el proyecto de ley ya bautizado como "anti-piquetes" presentado por un grupo de diputados del FPV (en respuesta al planteo de Cristina ante la Asamblea Legislativa al iniciar las sesiones del Congreso) va a terminar pasando lo mismo que con los intentos de reformar los Códigos Penal y Civil y Comercial: termine como termine, el gobierno pagará todos los costos por la iniciativa; sin poder capitalizar absolutamente ningún beneficio.

Y el debate girará (como viene pasando con prácticamente todos los temas, desde hace mucho tiempo) sobre cualquier cosa, menos sobre el proyecto en sí.

Podríamos apostar -y estaríamos cerquísima de ganar- a que 9 de cada 10 que opinan sobre el proyecto (al que pueden acceder completo acá) ni siquiera lo leyeron. 

A lo mejor porque parten de la suposición que -en éste tema- la mejor ley es la que no se escribe ni trata, ni aprueba. Puede ser, pero suena muy parecido a lo que decía Clarín de la ley de medios, para que nos vamos a engañar.

Y no sólo sucede entre los "contreras", sino con los "propios": acá en Infobae lo reconoce expresamente Luis D'Elía, que se opone de plano al proyecto admitiendo no haberlo leído; y desde el CELS también lo cruzaron señalando que sería "un retroceso respecto de los estándares de protesta social alcanzados en los últimos años".

Lo cual resulta oportuno para recordar -sin abrir juicio sobre el proyecto en sí- que esos "estándares" se alcanzaron por la decisión política de los gobiernos de Néstor y Cristina (desde el mismísimo 25 de mayo del 2003) de no reprimir la protesta social; más que por una convicción social arraigada de que así deba ser.

Por el contrario, no sólo desde los sectores de la derecha más dura se ha fustigado por años al kirchnerismo por esa decisión, sino que la propia gente común (el laburante que quiere llegar a su trabajo y no puede) y -entre ella- no poca base electoral del propio oficialismo, protesta contra los piquetes, y reclama "que alguien haga algo al respecto".

También es oportuno recordar que el corte de calles y de rutas es un delito, contemplado en el artículo 194 del Código Penal con penas que van desde los dos meses, a los tres años de prisión; y que hay desde hace rato en el Congreso innumerables proyectos al respecto presentados por distintos bloques, la mayoría destinados a aumentar esas penas; y si no salieron, ha sido porque el kirchnerismo los cajoneó.

Hace poco Darío Gisutozzi del massimo presentó otro para crear un "protestódromo"; es decir un lugar destinado exclusivamente a las protestas públicas, que sería el único habilitado para protestar.

El proyecto que presentaron los diputados del FPV nada tiene que ver con eso, ni pasarían a existir -como se ha dicho- protestas "permitidas" y otras "prohibidas": lo que se plantea es un aviso con 48 horas de anticipación de la protesta, no que quien la organiza tenga que pedir permiso para protestar, o cosa semejante. Se puede discutir en todo caso si es feliz distinguir entre protestas "legítimas" o "ilegítimas" según se haya avisado antes o no de su realización.

Incluso el proyecto reglamenta la intervención de las fuerzas de seguridad en medio de una protesta, llevando a rango de ley lo que hasta hoy son instructivos (en el orden federal) emanados del Ejecutivo; como que por ejemplo no puedan portar armas, tengan que estar perfectamente individualizadas con sus uniformes y la mediación con los protestantes esté siempre a cargo de un funcionario civil. 

Hasta dispone la difusión obligatoria en lo medios audiovisuales de los reclamos y motivos que movilizan la protesta, dado que en sus orígenes el piquete fue un medio de romper el cerco informativo; o la invisibilización de los reclamos sociales.

Pero nada de eso importa al parecer, y a decir verdad tampoco nosotros nos vamos a explayar sobre el tema, porque el debate tiene un grado tal de contaminación que todos te terminan corriendo por izquierda con el asunto de la "represión de la protesta social"; aunque sean el diario La Nación o Patricia Bullrich.

O te salen conque el problema es "que el kirchnerismo perdió la calle", aunque ellos no puedan organizar un acto público ni siquiera adentro de un ascensor; o terminan de organizar un paro nacional, sin acto público ni movilización.  

Pasa con ésto lo mismo que pasó en su momento con la llamada "ley antiterrorista", que supuestamente era una herramienta del gobierno para reprimir la protesta social, pero luego en los únicos casos en que se aplicó hasta ahora fue para los que financiaron la fuga de los represores prófugos en las causas por violaciones a los derechos humanos.

Y baste un último ejemplo para marcar las condiciones de contaminación e hipocresía en que se desenvuelve el debate político en la Argentina.

El anteproyecto de Código Penal (ése al que ahora se oponen todos, hasta los que mandaron representantes a la comisión redactora, como el PRO, la UCR y el socialismo) contempla derogar la ley antiterrorista, y modificar el artículo 194 (que en el proyecto es el 190) sobre los cortes de rutas y calles, además de rebajar la pena máxima a dos años.

La modificación consiste en que el delito sólo se configuraría si la justicia ordena a los manifestantes liberar el tránsito, y desobedecen el mandato judicial; no por el simple hecho de cortar.

Sin embargo ésa reforma tiene el mismo destino que el proyecto sobre protestas públicas: es imposible de discutir, en éste contexto.

Por eso lo mejor es dejar todo como está con los piquetes y los cortes, que los que quieran protestar protesten todo el tiempo y las veces que quieran (sobre lo cual el proyecto no cambia nada, pero no importa), y sin que nadie les toque un pelo; porque ejercen un derecho constitucional (sobre lo cual tampoco dice nada el proyecto, pero es irrelevante a ésta altura).

Y que los que quieren prohibir los piquetes, o meter presos a los que cortan rutas y calles, o cagarlos bien a palazos para que se dejen de joder, esperen a otro gobierno y listo: ahí se van a dar el gusto.

Todos, hasta los troscos que capaz que suman algun mártir para embellecer la causa.