Acertadísima decisión: https://t.co/jWr2zZsfWY— La Corriente K (@lacorrientek) February 4, 2020
Tal como da cuenta el tuit de apertura, el Ministro de Obras Públicas de la nación Gabriel Katopodis anunció que el Estado retoma la operación de cinco corredores viales que estaban privatizados bajo el sistema de concesiones con cobro de peaje, por incumplimientos de los respectivos concesionarios de los contratos respectivos.
Esos corredores (que cubren algunas de las rutas más transitadas del país) fueron en su momento licitados por el macrismo bajo el fallido sistema de los "contratos de participación pública privada" (PPP), previo haberles renovado la concesión a los operadores en el año 2016.
La operación de los corredores correrá ahora, como se dijo, por cuenta del Estado nacional a través de Corredores Viales S.A., la empresa formada por el macrismo en 2017 y con participación accionaria del Ministerio y Vialidad Nacional: en su momento en ésta entrada analizábamos el decreto de creación de Macri y los riesgos que entrañaba, en especial porque el estatuto de la sociedad contempla la incorporación de socios privados.
Acaso para desalentar el temor a que los privados que son echados por una puerta (rescindiéndoles las concesiones) entren por la otra (como accionistas de Corredores Viales S.A.), Katopodis anunció que la operación y administración de los corredores viales correrá exclusivamente por cuenta del Estado nacional, sin participación de operadores privados; lo que es una decisión que sin dudas debe celebrarse.
Muchas veces dijimos acá que el kirchnerismo encaró en sus gobiernos la cuestión de la prestación de los servicios públicos esenciales y las obras de infraestructura sin criterios dogmáticos preestablecidos, y viendo caso por caso cual era la solución más aconsejable, en cuanto a una mayor o menor presencia del Estado o del capital privado. Y también desde esa óptica, "estatizando" cuando no quedaba más remedio, porque los privados fracasaron: así pasó con el Correo, Aerolíneas, YPF, AYSSA y tantos otros casos.
Esa parece ser la lógica que funciona en este caso de los corredores viales, pero como fuere, lo recalcamos, la decisión es acertada. En una gestión que muchas veces acá hemos bancado como la del hoy preso político Julio De Vido, la concesión de rutas nacionales bajo el sistema de peajes, y el sostenimiento de los prestadores privados en los servicios de distribución y transporte de gas y electricidad (esto último admitido por el propio De Vido), fueron sin dudas las principales asignaturas pendientes.
En ambos casos, el esquema de negocios montado en torno a las privatizaciones se remonta al menemato, pero en el caso de las rutas además reúne a los principales exponentes del "club de la obra pública", del que por ejemplo SOCMA (es decir, el Grupo Macri) fue principalísimo protagonista y beneficiario por décadas, bajo todos los gobiernos; para luego descubrir -cuando uno de los suyos llegó a la Casa Rosada- que allí anidaba la corrupción en la Argentina.
Todo lo que se habló y habla en el país sobre corrupción y cartelización en la obra pública, y beneficios para los privados a costillas de negocios armados con el estado, se habló a partir de la experiencia de las rutas, y de las concesiones con cobro de peaje: son el "leading case" imprescindible para entender como funcionan la patria contratista, y sus negocios. Y todo mucho antes de Lázaro Báez y las excavadoras de Marijuan, hay profusa literatura al respecto.
Y si no, remontémonos más acá en el tiempo y veamos como en breve el propio Macri (ojalá) deberá dar explicaciones en la justicia por la escandalosa renegociación de otros contratos de concesiones viales, durante su presidencia, para favorecerse a sí mismo, a las empresas de su familia y a sus socios.
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