Por el Decreto 2351 del pasado lunes 22 cuyas imagen abre el post, Pullaro adjudicó la licitación para la construcción de 6 módulos penitenciarios en la cárcel de Piñero, por un importe total de unos 107.113 millones de pesos. La licitación se armó con la idea de separar la adjudicación de cada módulo, de modo que podía suceder -y sucedió- que distintas empresas ganaran cada uno de ellos, y el decreto menciona cual era el presupuesto oficial previsto para el total de la obra, pero no para cada uno de los módulos; como si se discrimina en cada una de las ofertas de las empresas que se presentaron.
Lo que si hace el decreto -impropiamente- es actualizar el presupuesto oficial (y no las ofertas de las empresas) a una determinada fecha, para decir cuanto por debajo de él estuvieron las cotizaciones en cada uno de los módulos. Lo oscuro del método poco ayuda para determinar si la provincia logró ofertas ventajosas, o el presupuesto oficial estaba mal hecho, y en que medida.
No dice nada el decreto de propuestas inadmisibles rechazadas por no ajustarse al pliego de la licitación, ni tampoco de que alguno de los módulos se haya adjudicado aplicando las disposiciones del "compre santafesino", que otorgan preferencia a las empresas radicadas acá, dentro de un determinado rango de diferencia con las más baratas.
Y si bien eso permitiría inducir que se adjudicó en cada caso a la oferta más barata en términos económicos, eso no sucedió: en cinco (5) de los seis (6) módulos licitados, hubo ofertas que estuvieron por debajo en precio de la resultó ganadora en cada caso, según el siguiente detalle: cuatro (4) ofertas más baratas en el Módulo A, dos (2) en el Módulo B, dos (2) en el Módulo C, una (1) en el Módulo D y tres (3) en el Módulo E.
Si la adjudicación se hubiera resuelto a favor de la oferta más barata en cada uno de los módulos, la provincia se hubiera ahorrado casi 2248 millones de pesos. Con la misma lógica con la que el decreto definió la conveniencia de las ofertas elegidas, y a falta de mayores aclaraciones, se podría inferir que se pagaron sobreprecios por ese monto, que significa un 2,1 % del total adjudicado: menos que el 3 % de Karina, digamos todo.
2,1 %, dijimos y retengan ese porcentaje: en la licitación no se llamó a mejora de ofertas en ninguno de los seis (6) renglones o módulos en que estaba pautada; pese a que tomando una cifra de -por ejemplo- 100 millones de pesos de diferencia en más con relación a la oferta adjudicada en cada caso y sin contar las que eran más baratas y no fueron elegidas (cosa que ya dijimos se dio en 5 de los 6 renglones), hubo seis (6) ofertas en el Módulo A, dos (2) ofertas en el Módulo C, y una (1) oferta en cada uno de los Módulos D, E y F.
Esos 100 millones que nosotros tomamos como pauta referencial al solo objeto del análisis (hubo ofertas cercanas a las ganadoras, por algo más que eso) representaban una diferencia de entre el 0,51 % y el 0,59 % en relación a la ganadora en cada uno de los módulos, o sea una cuarta parte del sobreprecio que terminó pagando la provincia en forma global, al no adjudicar a la oferta más barata en cinco (5) de los seis (6) renglones.
Y no obstante eso, no se llamó a mejora de ofertas, cosa que sí se hizo en la licitación adjudicada mediante el Decreto 509 de marzo pasado cuya imagen pueden ver abajo, por el que se contrató la construcción de cuatro (4) módulos en otra unidad penitenciaria de Piñero, en este caso para presos de alto perfil:
En este caso 16 de las 18 empresas que se presentaron (una fue descartada por no cumplir con los requisitos del pliego) cotizaron el mismo precio para cada uno de los módulos, lo que supone que eran exactamente iguales, cosa que tampoco se puede determinar en ambos casos, al menos con la información que proporcionan los decretos que resolvieron las adjudicaciones.
Decíamos que en la licitación resuelta en marzo (Decreto 509) hubo convocatoria a las empresas a mejorar sus ofertas, entre las que estaban separadas en sus cotizaciones por hasta 503 millones de pesos de diferencia, o sea un 2,5 %: recordemos que en la nueva licitación (la del Decreto 2351) no se hizo, ni siquiera habiendo -como dijimos- diferencias de entre un 0,51 % al 0,59 % o menos de 100 millones de pesos entre las empresas que ganaron (que en la mayoría de los casos no fueron las más baratas), y otras presentadas.
Otra cosa que llama poderosamente la atención son los precios pagados por la provincia (en promedio) por cada módulo en una y otra licitación: en la primera (abierta en febrero y adjudicada en marzo de éste año) se terminará pagando (antes de las redeterminaciones de precios) unos 24.607 millones de pesos por cada módulo, y en la segunda (abierta en agosto y adjudicada en septiembre, o sea seis meses después), se pagarán 17.582 millones de pesos en promedio, por cada módulo, antes de las redeterminaciones.
O a contramano de la inflación habida en el país en ese lapso hubo una deflación del 37,83 % (que es la diferencia entre ambos promedios), o los detalles constructivos de los módulos para los detenidos de alto perfil incluyen amenities u otras comodidades; sin descartar tampoco que en ese caso se hayan pagado sobreprecios, que en tal caso podrían ser de hasta doce (12) Karinas, o más.
Como mínimo, sería necesaria alguna explicación; lo mismo que los diferentes modos de cotización permitidos para las empresas en ambas licitaciones, que llevaron a que mientras en la primera la diferencia de precios entre el módulo más barato y el más caro de los adjudicados fue del 1,8 %, en la segunda ascendió al 16,58 %, o sea unas nueve (9) veces más. Como dato de color, hay dos empresa (Edeca S.A. y Pecam S.A.) que repiten como ganadoras en ambas compulsas.
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