CLIENTELISMO

 

Por Raúl Degrossi

La denuncia de Binner -que circuló por los medios nacionales el fin de semana- sobre un presunto operativo de reparto de electrodomésticos en Rosario, en coincidencia con la visita de Cristina; vuelve a poner sobre el tapete el remanido tema del clientelismo político.

Es claro que la estrategia del gobernador-candidato (que le dio rédito de cara a las elecciones provinciales en el acto por el día de la bandera)  apuntó claramente a su consolidación como principal alternativa opositora de cara al 23 de octubre; captando por caso al electorado que el 14 de agosto acompañó a Lilita Carrió.

Aunque su sobre-exposición mediática de los últimos meses conlleve el riesgo de exponer con mayor crudeza sus precariedades discursivas, no parece que Binner realmente crea que los resultados de las primarias sean obra -pura y exclusivamente- del clientelismo. Si así fuera, de progresista ni el nombre le quedaría. 

Alguna vez los que menean el fantasma del clientelismo harían bien en bucear un poco más profundamente en la complejidad de la relación entre el político y el ciudadano excluido y supuestamente cautivo electoralmente, superando un mecanicismo bobo donde a la entrega del choripán (o la zapatilla, o el electrodoméstico, elijan ustedes la variante que más les resulte oída), le sigue el voto en el sentido indicado.

Por otra parte el latiguillo del clientelismo (preludio de la deslegitimación del casi inevitable resultado del 23 de octubre) se contrapone con otros planteos de los opositores, entre ellos el propio Binner; como la boleta única.

¿Qué sentido tendrían las alquimias institucionales tendientes a garantizar la pureza del sufragio –poniéndola a resguardo de las maniobras fraudulentas- si, de todos modos, la voluntad del ciudadano está enajenada a priori por los mecanismos clientelares? 

El discurso anti-clientelista atrasa: por momentos parece estar hablando de la Argentina del 2001, zambullida en plena crisis y con niveles récord de pobreza (que golpeaba a las puertas de la propia clase media) e indigencia.

Cuando Binner está diciendo que el kirchnerismo acostumbró a la gente a la dádiva y no a reconocerles derechos, está faltando groseramente a la verdad: desde el 2003 para acá se crearon cinco millones de puestos de trabajo (con acceso a la protección social y a la negociación colectiva, en la mayoría de los casos), dos millones y medio de argentinos accedieron a la jubilación y casi cuatro millones de niños y adolescentes -en dos millones de hogares- perciben la asignación universal.

Seguir hablando hoy (como hacen algunos medios) de “millones de personas que viven de los planes sociales del gobierno” es falsear a sabiendas la realidad, porque hay planes que ya no existen y otros que han quedado reducidos a una mínima expresión, justamente porque vastos sectores de la población han ido accediendo a derechos. A menos que la AUH -al ser implementada por el kirchnerismo- se torne de repente una práctica clientelar.  

Porque además habrá que decir que el “clientelismo” termina siendo un significante vacío, una idea de bordes difusos con la que se impugnan desde las políticas sociales hasta la inversión pública, o el despliegue mismo de los recursos del Estado; con un discurso simplista que estigmatiza no ya una práctica política (la “política criolla” de que hablaba en tono despectivo un antecesor de Binner como Juan B. Justo), sino a determinados sectores sociales, entroncándose con tradiciones fuertemente arraigadas en sectores medios; que a partir de un mayor nivel de educación formal se atribuyen una más desarrollada cultura cívica y aires de superioridad moral, desde los que juzgan a las presuntas víctimas de las prácticas clientelares.

Es esa lectura de la realidad la que hizo que se cuestionara por ejemplo el llamado “voto cuota” durante el menemismo, prescindiendo del dato objetivo de que muchos sectores medios (endeudados con créditos en dólares para financiar consumos inaccesibles a las clases populares) estaban más clientelizados por el modelo perverso de la Convertibilidad, que los que compraban electrodomésticos financiados; y esa prisión clientelar jugó para sostener durante más de una década un modelo económicamente inviable y socialmente destructivo.   

En el latiguillo del clientelismo hay una absoluta incapacidad de buena parte de la dirigencia política para ensayar una lectura mínimamente  coherente sobre la mayor o menor racionalidad de las opciones políticas de ciertas franjas del  electorado; porque previamente han decretado, con un dogmatismo sin fisuras, que esos sectores carecen de toda racionalidad política.

En ese marco, el mayoritario respaldo de los sectores populares a Cristina en las primarias (decisión adoptada desde la más pura racionalidad instrumental, considerando los propios intereses) es minimizado intencionalmente por suponerlo mediado por el clientelismo; y comportamientos sociales sólo comprensibles desde una subjetividad colonizada (como los cacerolazos urbanos de apoyo a las protestas de las patronales del campo en el 2008), son presentados como la expresión de un ejercicio independiente y pleno de la ciudadanía. 

La cuestión del clientelismo es fruto del subdesarrollo de las ciencias políticas en la década del 90’, y aparece como la sumatoria de dos zonceras: la contraposición entre el acceso a los bienes por el esfuerzo propio o la dádiva estatal por un lado, y la autonomía o heteronomía de las decisiones políticas, a partir de la conciencia o no sobre los propios derechos.

Zoncera la primera fuertemente cruzada por la idea del progreso como exclusivo fruto del esfuerzo individual (nota típica de la cultura media imperante en sociedades con fuerte presencia inmigratoria, como la nuestra); sin considerar nunca en el análisis los elementos estructurales del contexto económico, político y social que juegan a favor o en contra; y zoncera también la segunda, porque desconoce las complejidades reales de las relaciones sociales: si se consideran muchas de las políticas públicas destinadas a garantizar ciertos bienes que las clases medias estiman como demostrativos de su status de progreso (como la educación universitaria, o el subsidio a la educación privada), se verán formas sofisticadas de clientelismo;  bastante más perversas que cualquier plan social, en términos de conformar una sociedad más equitativa.

Hasta los derechos del usuario y el consumidor (en la práctica, una sofisticación jurídica asequible sólo a los sectores medios con mayor capacidad de consumo) son leídos en clave de exigencia al Estado, por ejemplo caceroleando porque se bajan los subsidios a la electricidad o al gas; mientras se aceptan pasivamente las prácticas monopólicas de las empresas privadas, fijando abusivamente precios o condiciones de prestación de servicios. Y si no que le pregunten a Moreno cuando logró el apoyo de tantas organizaciones de defensa al consumidor que andan por ahí, en sus pulseadas contra esas mismas empresas. 

En todos los casos hay un sustrato de profunda raigambre liberal, donde el Estado es el Leviatán del cual hay que desconfiar, monstruo mítico al que mantener vigilado; y para eso abundan las Ong’s dedicadas a la lucha por la transparencia y la custodia de la calidad institucional.

La propia expresión “clientelismo” es un intento por trasladar al ámbito de la política (aun en sentido peyorativo) pautas de la relación de consumo, y desde allí se impugna la legitimidad de los resultados electorales; con lo que se termina cayendo en el contrasentido de olvidar una premisa central: también en política, el cliente siempre tiene razón.