LA FRASE

"NO ES TAN DIFÍCIL DE ENTENDER: ESTELA DE CARLOTTO ES GOLPISTA Y EL GENERAL VIDELA LO ÚNICO QUE HIZO FUE COMBATIR AL TERRORISMO." (VICTORIA VILLARRUEL)

jueves, 15 de septiembre de 2011

AUSENCIAS SUGESTIVAS


Leemos en Infobae que el plenario del Consejo de la Magistratura decidió por unanimidad suspender el pago de haberes al camarista mendocino Otilio Romano, fugado a Chile para evitar comparecer ante la justicia, donde está acusado por 103 delitos de lesa humanidad por su actuación durante la dictadura.

Una decisión tan atinada como demorada, y que demuestra la morosidad de los mecanismos de depuración de la justicia, así como las complicidades que allí y en sus aledaños hay con este tipo de personajes: Romano nunca debió ser juez de la democracia; como sucedió en su momento con Víctor Brusa acá en Santa Fe, y con tantos otros en los juzgados federales y provinciales.

La decisión sienta un precedente porque nunca antes el Consejo de la Magistratura había privado de su sueldo a los jueces suspendidos en sus funciones mientras se los investigaba; otro privilegio de que gozan (como no pagar Impuesto a las Ganancias), porque -sin ir más lejos- cualquier empleado público suspendido en sus funciones por un procedimiento disciplinario, deja de inmediato de percibir sus haberes, o se le pide fianza para reintegrarlos luego del sumario, si es sancionado.

Hace un tiempo reflexionábamos sobre el funcionamiento del Consejo, demostrando las falacias que existen en los lugares comunes que propagan los grandes medios sobre su presunto control por el Poder Ejecutivo; sobre todo a partir de la reforma consagrada en el año 2006 por la Ley 26.080, un proyecto presentado por la entonces senadora Cristina Fernández. 

Decíamos entonces que lo que prevalece en ese ámbito es la rosca del propio Poder Judicial, a través de los representantes de los jueces y camaristas federales (cófrades de tipos como Romano) y de los abogados, ante la deserción de los integrantes elegidos por los bloques legislativos de la oposición de su rol como representantes del pueblo; pretendiendo dar marcha atrás con la reforma, para volver a la anterior composición del Consejo, con mayoría de las corporaciones.

Y lo que ha sucedido con el plenario que decidió privarle su sueldo a Romano confirma todas las sospechas: según cuenta la nota, los únicos consejeros que no estuvieron presentes fueron nada más ni nada menos que Ricardo Recondo (el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Justicia Federal), y Oscar "Milico" Aguad, el diputado nacional por la UCR, y fallido candidato a gobernador por Córdoba en las elecciones de este año.

Recondo es figurita repetida en los medios por salir a la palestra a criticar al gobierno nacional (es radical, confeso y asumido) por presionar a los jueces y no respetar su independencia cuando fallan en su contra: lo hizo con la jueza Sarmiento cuando el affaire de las reservas del Banco Central, con el juez Carbone cuando falló a favor de Clarín en la cautelar por la cláusula de desinversión de la ley de medios, y hasta por los camaristas de Casación cuando liberaban a los represores con argumentos fútiles; entre montones de otros casos, como los de los jueces que fallaron a favor de Clarín en las causas por papel Prensa, Cablevisión o Fibertel.

Nunca se lo escuchó en cambio defender a otros jueces (después de todo, los representados por su asociación) que eran criticados por la oposición por ser funcionales al gobierno, como el caso de Oyarbide; y no olvidemos que Romano fue uno de los que firmó el bochornoso fallo de la Cámara Federal de Mendoza (luego anulado por la Corte Suprema) haciendo lugar a la cautelar del diputado Enrique Thomas (hombre alquilado para la ocasión por el grupo Vila-Manzano) para que se suspendiera la ley de medios en todo el país.

De Aguad son públicas y conocidas sus vinculaciones con uno de los mayores exponentes del terrorismo de Estado como Luciano Benjamín Menéndez; por lo que no es de extrañarse que estuviera ausente en una reunión donde se trataba de sancionar a un juez acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Así funcionan las cosas en el Consejo de la Magistratura, más allá de los cuentitos que cuenta Adrián Ventura en sus columnas de La Nación, o en sus editoriales de TN. 

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