Cuando estalló el escándalo de la contratación directa (anotá Abraham: no fue licitación) de la impresión de las boletas únicas con AGL (la sociedad entre Clarín y El Litoral) Binner se defendió mintiendo, diciendo que no sabía de la existencia de tal sociedad, porque su gobierno "no le hacía el ADN a las empresas que se presentan".
Más allá del exabrupto de mencionar el ADN justamente tratándose de Clarín, nosotros hacíamos notar en esta otra entrada (vinculada a una de las tantas paralizaciones de la obra del nuevo Hospital Iturraspe, que de paso: debió haberse terminado el 19 de agosto según el contrato) que la frase de Binner encerraba otro contrasentido: el Estado no puede mirar hacia el costado cuando evalúa a las empresas con las que contrata, porque a la larga lo termina pagando caro.
Y lo vamos a demostrar con un ejemplo: los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), esas cajas de zapatos blancas diseñadas por el arquitecto Corea Aiello, que son una de las "obras emblemáticas" de la gestión de Binner que está por finalizar.
Se las menciona como una de las concreciones prácticas del famoso Plan Estratégico; sin que nadie explique como, antes de que se reuniera la primera "Asamblea Ciudadana", ya tenían definido cuantos CAPS construir, y donde emplazarlos.
Pero además (un detalle no menor, obviado ex profeso por el gobierno socialista) tienen financiamiento seguro, como que el 100 % de todos los construídos y en construcción, se solventan con el Fondo Soja.
El año pasado el gobierno convocó a varias licitaciones para construir CAPS, y adjudicó al menos cuatro a la empresa Parmigiani Constructora S.R.L.:
En todos los casos la oferta de Parmigiani era la más barata, pero además la Comisión de Adjudicación certificaba su capacidad técnica y económica para ejecutar las obras, y su capacidad de contratación remanente (o sea no afectada por otras obras).
O al menos eso dicen los informes que dan lugar a los decretos, porque al parecer, nadie se tomó el trabajo de corroborar que, en el lapso de apenas 77 días, le adjudicaban cuatro obras distintas, en diferentes puntos de la provincia, distantes entre sí.
Y otro detalle a tener en cuenta: en los cuatro casos, a la empresa adjudicataria le otorgaban anticipos financieros equivalentes al 20 % del valor total del contrato (es decir una suma de dinero que el Estado paga a los contratistas antes de que empiecen a ejecutar las obras y presentar certificados al cobro); algo que según la Ley de Obras Públicas es excepcional (justamente porque se supone que las empresas tienen que tener capacidad propia de financiación); pero que la gestión socialista ha convertido en habitual.
Las obras correspodientes a los cuatro CAPS que tenía que construir Parmigiani (el de Pueblo Esther era la terminación de una obra ya iniciada) debían estar concluídas -según los casos- entre los meses de mayo y agosto de éste año; pero no fue así.
¿Por qué?, por incumplimientos reiterados y sistemáticos de los plazos de obra, por parte de la constructora.
Incumplimientos que fueron tan graves, que derivaron en que se le rescindieran los respectivos contratos:
Del de Pueblo Esther no hay noticias todavía, al menos hasta hoy.
Otro ejemplo claro de lo que sucede cuando un gobierno (en este caso el de Binner) no le "anda haciendo el ADN a las empresas".
Lo cual no hubiera sido muy complicado, porque con solo buscar en Google el sitio web de Parmigiani Constructora S.R.L., se hubieran encontrado con la sorpresa que nos encontramos nosotros, y que pueden ver en la imagen que ilustra el post: está "en construcción".
Algo así como el colmo de una empresa constructora: al menos, algo estaría construyendo esta gente.
1 comentario:
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