ASÍ SE ESCRIBE LA HISTORIA

En la edición de Clarín de ayer (histórica por la absurda tapa en que el GDA -acorde con su historia- se apropió de un artículo de la Constitución Nacional para defender sus negocios) se publicó el artículo de opinión del profesor Luis Alberto Romero que vemos en la captura de pantalla.

El profesor Romero fue uno de los más activos en la queja mediática contra la creación por Cristina del Instituto de Revisionismi Histórico Manuel Dorrego; como vimos acá, y en ese tren -entre otras curiosidades- expresó que, al menos él, en historia no tenía nada que aprender porque todo se lo había enseñado ya Tulio Halperín Donghi.

En su nota de ayer, el profesor Romero se viste de ciudadano, pero lo que dice allí revela bastante de sus métodos como historiador.

Hasta cierto punto se puede comprender que el ciudadano Romero tome postura en el debate político, y en consecuencia haga una serie de afirmaciones tan categóricas, como exentas de toda prueba visible o indicación de cual es la fuente que las sustenta.

Lo que es incomprensible es que el historiador (porque Romero es indivisible) apele en apoyo de su postura política a hechos históricos que tergiversa (por ignorancia o por prejuicio), u otros del pasado próximo que interpreta en un sentido bastante revelador.

Así dice Romero: "Este gobierno estatiza como los antiguos progresistas, mientras destruye sistemáticamente el Estado, sus agencias y sus normas. Argumenta con razones de interés general y ejecuta con los objetivos del grupo gobernante. Quienes le creyeron, como con las AFJP, luego se lamentan.".

¿A qué se refiere Romero con que "destruye sistemáticamente el Estado, sus agencias y sus normas"?, porque fuera del tan meneado caso del INDEC, desde el 2003 para acá lo que ha habido es un intento -con éxito dispar- por reconstruir el aparato estatal para poder hacerlo más eficiente, en orden a su capacidad de arbitar en el proceso económico y social.

¿O acaso suscribiría por caso el profesor Romero que el kirchnerismo destruyó la corte Suprema, el PAMI, la ANSES, la AFIP, el CONICET (en el cual él mismo es investigador), la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aerolíneas Argentinas, el Correo, las escuelas públicas o las universidades nacionales; o ninguno de esos organismos e instituciones son "agencias" (término yanqui, profesor) estatales?

¿A qué refiere el profesor con que los que acompañaron el proyecto del gobierno de disolver las AFJP  y recuperar para el Estado la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones luego se arrepintieron?

¿A qué la administración estatal logró que los fondos que estaban en manos de las AFJP pasaran de 94.000 a 198.000 millones (más del doble) en menos de tres años, y en medio de la más profunda crisis financiera del capitalismo internacional desde el crack de 1929?

Dice el historiador-ciudadano:  "el Gobierno se propone desguasar  al Grupo Clarín y convertir a Papel Prensa en una nueva empresa estatal, como Aerolíneas. Tendrá así ingresos adicionales para sus cajas negras y canonjías para los jóvenes de La Cámpora.".

Si por "desguazar" (término correcto profesor: desguasar sería algo así como "dejar de ser guaso") se entiende hacer que se cumpla una ley sancionada por el Congreso hace más de dos años, y parcialmente secuestrada en la justicia por Clarín, para que se democratice verdaderamente la comunicación en la Argentina; entonces Romero tiene razón: hay que desguazar a Clarín.

El problema, profesor, es que no se puede desguazar a un canal de Pico Truncado, porque no ha conformado una red de casi 300 medios extendida por todo el país, como una mancha de aceite, transmitiendo por esas 300 bocas un mensaje único.

Lo de las cajas negras y las canonjías para los jóvenes de la Cámpora lo degrada profesor: lo pone a la altura de Majul, y usted está para más; al menos eso dice cuando la emprende contra sus colegas revisionistas.

Investigue, ilústrenos sobre cuáles son esas cajas negras, donde están, quien las maneja, porque si no lo hace ahora, lo tendrá que hacer dentro de unos años, cuando seguramente escriba algún libro de historia sobre este período de la historia argentina; a menos que las fuentes que utilice para eso sean "El dueño" y "Ella y El"; esperando que los lectores del futuro sean benévolos y olviden que Majul es un chanta.

Dice el profesor: "Ya tenemos una cadena oficial y oficiosa digna de los tiempos de Apold. Ya tenemos periodistas intimidados. Ya tenemos esas prácticas extendiéndose hacia otros territorios.".

Romero -que a esta altura es necesario recordar que es historiador- sabe bien como era la cadena manejada por Raúl Apold, ex subsecretario de Prensa y Difusión del gobierno de Perón: existía un sólo canal de televisión (canal 7, en manos del Estado, que empezó sus transmisiones el 17 de octubre del 51', y muy pocos argentinos tenían televisores), todas las radios (el principal medio de difusión de la época) estaban en manos del Estado, y como en el país no se producía papel para diario, todo el necesario debía importarse previo permiso del gobierno.

Comparar eso con la realidad actual, donde el monopolio de la fabricación de papel está en manos privadas, (justamente las de los diarios donde escribe a menudo Romero) y existe una vastísima red de radios de AM y fM, canales de aire y de cable en manos privadas (mayoritariamente de grupos empresarios que son a su vez dueños de diarios y revistas), merced a las reformas introducidas por el menemismo a la ley de radiodifusión de la dictadura; no habla mal del Romero ciudadano, sino del Romero historiador.

La conducta que expone el profesor Romero en su artículo no es nueva entre los historiadores argentinos, en especial los de la academia: todos ellos (empezando por el propio Mitre, obviamente)  se sumaron en su hora a la pelea política (casi siempre del lado equivocado, pero esa es nuestra opinión), y luego fueron barriendo los rastros de su paso por el debate de los mortales con algun que otro libro en el que juraban objetividad y puro interés académico y en el estudio del pasado; mientras lo reconstruían a su gusto y paladar para convalidar con un pseudo cientificismo una determinada visión del país, y proyectos políticos bien concretos.

Baste recordar que su propio padre aceptó en su momento el rectorado de la UBA de manos de la dictadura de Aramburu y Rojas (que no fue un dechado de respeto por las libertades públicas, que se sepa) y él mismo prosperó como académico en una universidad convertida en la "isla democrática" aislada del país real, en el que la mayoría electoral estaba proscripta.  

Por eso no habrá que extrañarse si en un par de años el profesor Romero escribe algún libro de historia sobre los años del kirchnerismo, en el que repita las afirmaciones de la nota, quizás con la misma endeblez probatoria, o apelando como fuentes a las tapas de Clarín y La Nación.

¿O acaso no dicen que el periodismo es la primera versión de la historia?

Termina el profesor preguntándose: "¿Quién podrá protegernos? Necesitamos con urgencia nuevas organizaciones de derechos humanos.".

A tono con la seriedad de los planteos, Romero podría probar suerte con el Chapulín Colorado.