TODOS ASUMEN EL MISMO PAPEL

 

Tal como era de prever, la decisión de Cristina de incluir en el temario de extraordinarias el proyecto de regulación de la producción, comercialización y distribución de papel para diarios, puso los pelos de punta a los accionistas mayoritarios de Papel Prensa.

Lo que tal vez no era tan previsible, es que la dirigencia opositora se alineara tan automáticamente y sin fisuras (desde el PRO al FAP, pasando por la UCR, el peronismo disidente, Proyecto Sur y la Coalición Cívica) con los intereses de Clarín y La Nación: al parecer no aprendieron nada del rotundo fracaso que cosecharon el 23 de octubre, y ni siquiera se preguntan cuáles fueron sus causas.

Tras el primer proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado (declarando de interés público a la actividad, para que se le fije un marco regulatorio), se generó un segundo proyecto en el que se establecen justamente las bases de ese marco regulatorio; al cual pueden acceder acá.

Este proyecto tuvo una gestación similar al de la ley de medios, con foros de discusión a lo largo y a lo ancho de todo el país, de los que participaron los directamente interesados (diarios del interior, gente de la industria gráfica y editorial, los gremios del sector); y que -al igual que sucediera con la ley de medios- fueron ninguneados por los mismos que ahora reclaman a voz en cuello que se escuche su opinión, cuando es por todos conocida: es decir los amigazos de ADEPA, entidad que nuclea a los propietarios de los grandes diarios y que, desde hace un tiempo, es absolutamente controlada por Clarín y La Nación; como controlan la provisión del papel.

En la captura de pantalla de La Nación de hoy podemos ver un montón de sandeces que se dicen en torno a este tema, como por ejemplo contextualizar la posición dominante de Papel Prensa en el mercado con una referencia a su incidencia en el volumen mundial del negocio de fabricar y vender papel para diarios; cuando el problema es que controla absolutamente el mercado nacional, y obliga a muchos diarios a importarlo del exterior para poder abastecerse adecuadamente.

De poco sirve además que se diga (en defensa de los privilegios de Papel Prensa) que esas importaciones no pagan aranceles aduaneros, cuando deben pagarse en moneda extranjera, y presionan además sobre la balanza de pagos del país; en un rubro en el que perfectamente se podrían sustituir importaciones y desarrollar la industria nacional, como lo plantea el proyecto, porque además hay que decir que la planta de Papel Prensa produce bastante por debajo de su capacidad, por decisión de los principales accionistas de la empresa: Clarín y La Nación, como otro medio de controlar el mercado mediante la asignación de cupos restrictivos a sus competidores.

Es curioso que se reclame por la "estabilidad jurídica de los actuales propietarios de la empresa" (léase: los dos diarios hegemónicos), mientras se pide que el Estado se desprende de sus acciones, con el  eufemismo de vendérselas a los diarios del interior, que en muchos casos (como Los Andes de Mendoza, o La Voz del Interior de Córdoba) son propiedad del Grupo Clarín, o tienen con él fuertes negocios en común, como sucede aquí en Santa Fe con El Litoral, que administra en sociedad con Artes Gráficas Rioplatenses (Clarín), la planta impresora de Artes Gráficas del Litoral (AGL), en Sauce Viejo; donde se imprimen ambos diarios.

En ninguna parte del proyecto, en todo su articulado, se expropian sin indemnización las acciones de Clarín y La Nación en Papel Prensa, como así tampoco se licúa su valor, como dice algún constitucionalista de alquiler de los que los grandes diarios tienen siempre a mano para estos casos, o Federico Pinedo.

Lo que hace el proyecto es obligar a Papel Prensa a presentar planes trienales de inversión para ampliar la producción y satisfacer la demanda del mercado a precios razonables, y faculta al Estado nacional (propietario de casi el 28 % del paquete accionario de la empresa) a realizar mayores aportes con ese fin y capitalizarlos, pero sus derechos patrimoniales resultantes no serían ejercidos por él, sino por una Comisión Federal que se crea en el proyecto, y en la que tendrán participación los empresarios y sindicatos del sector.

Más aun: nada obsta a que, en el marco de la ley de sociedades comerciales, los accionistas mayoritarios también hagan inversiones en Papel Prensa para incrementar su producción, en proporción a sus tenencias accionarias.

Nada claro, salvo el deseo explícito de Clarín y La Nación de dejar las cosas como están, sin invertir y manteniendo a la planta de Papel Prensa operando por debajo de su capacidad; apenas lo mínimo imprescindible para asegurarse la provisión de papel al costo para ellos, y mínimos cupos para sus competidores, obligándolos a importar, o a editar diarios de menor calidad, y con menos páginas; por razones de costos.

Gil Lavedra (el albacea testamentario de la Constitución nacional) directamente ni ha leído el proyecto, pues de otro modo no se entiende que reclame la inclusión de un régimen promocional que posibilite la creación de nuevas fábricas productoras de papel en el país; cuando justamente la iniciativa crea un Fondo Fiduciario con ese destino y finalidad. 

Más ridículo es todavía el argumento (exhibido por Badeni, y replicado por dirigentes de la oposición, como el pseudo progre Gerardo Millman del GEN de Stolbizer) de la inconstitucionalidad del proyecto, mentando al artículo 32 de la Constitución que prohíbe al gobierno dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta: no hay una sóla coma en todo el proyecto que refiera a los contenidos que los diarios publican, o a su línea editorial, el mismo argumento berreta y mentiroso que se usó con la ley de medios, cuando se la titulaba como "ley mordaza". 

Y la rematan involucrando al Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos), y su artículo 13, que acá abajo transcribimos:

Como pueden ver, el Pacto de San José de Costa Rica no sólo prohíbe la existencia  de controles oficiales sobre la provisión de papel para diarios, sino también particulares: justamente lo que hace desde hace más de 30 Papel Prensa, y sus accionistas mayoritarios Clarín y La Nación.

Y en el artículo de abajo (el 14) el mismo Pacto consagra el derecho de réplica, contra el cual despotrica ADEPA cada vez que puede, con el argumento de que cercena la libertad de expresión.

Se ve que tienen una edición del Pacto de San José de Costa Rica mal impresa.

¿La habrán hecho en AGL?