El proyecto de regulación de la fabricación, comercialización y distribución de papel para diario impulsado por el gobierno nacional fue convertido en ley en el Senado, entre las encendidas críticas de la oposición y las tapas y titulares de los medios hegemónicos que rivalizan entre sí a ver cual mangifica más la perversidad del kirchnerismo, o los tremendos males que se abatirán del país si resulta aprobado.
Y en esa mescolanza, poco se dice sobre su contenido: ante la existencia de una situación claramente monopólica (existe en el país una sola empresa que fabrica y comercializa papel para diarios: Papel Prensa S.A.), el Estado interviene regulando un mercado claramente distorsionado.
Y lo hace con una fuerte regulación: el proyecto establece que los fabricantes (hoy Papel Prensa) deben proveer a los compradores (los diarios de todo el país) el insumo básico (el papel) a un precio uniforme, salvo que se convenga entre las partes una financiación del pago del precio; eliminando de ese modo el precio diferencial (al costo) que se asignan a sí mismos Clarín y La Nación, en su condición de accionistas mayoritarios que controlan la empresa, pacto de sindicación de acciones mediante.
A su vez la iniciativa contempla que los fabricantes de papel deben publicar en Internet (con acceso disponible a todos los potenciales compradores) la evolución de los costos más significativos del proceso de fabricación (todos aquéllos que incidan por lo menos en un 10 % del precio final del producto), y hacer lo propio con sus balances, en forma trismestral; sin perjuicio de las obligaciones que tienen con la Comisión Nacional de Valores aquéllas empresas (como la propia Papel Prensa) que cotizan sus acciones en la Bolsa, y llevando una contabilidad separada de la comercialización de papel cuando se trate de empresas con integración vertical (como claramente sucede con Clarín y La Nación en relación a Papel Prensa).
También prevé que los productores del insumo deben atender todas las demandas de los compradores de papel sin discriminación, con regularidad y en cantidad suficiente; y que la planta de Papel Prensa tiene que presentar un plan de inversiones trianual, para operar al máximo de su capacidad disponible (hoy lo hace por debajo), para atender la demanda del mercado; del mismo que establece un mecanismo para establecer las necesidades de importación del producto, cuando la producción local no puede abastecer la demanda, y la distribución de los cupos de importación en forma proporcional entre todos los eventuales compradores del producto.
Planificación, regulación, control, transparencia, compromisos de inversión, información fidedigna sobre costos y utilidades; de todo eso habla el proyecto.
Pero el papel para diarios no es -ni mucho menos- el único insumo crítico para una determinada actividad en el que existe en la Argentina una situación de monopolio, o una clara posición dominante por parte de un reducido núcleo de empresas, que les permite dominar el mercado imponiendo precios y condiciones de comercialización, y maximizar sus márgenes de ganancia: los famosos "formadores de precios".
Inmediatamente nos vienen a la mente los casos del acero (con Ternium, Siderar y las demás empresas del Grupo Techint, y en menor medida Acindar), el aluminio (Aluar) o el cemento (la brasileña Camargo Correa y un puñado de empresas); todos insumos difundidos (es decir de uso generalizado) en toda la estructura productiva, no solamente en la industria de la construcción.
Pero hay más ejemplos: en su "Historia Económica Argentina..." apunta Diego Rubinzal (pág. 645 y s.s.) lo siguiente: "un estudio realizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en 2006 revelaba que, por ejemplo: dos empresas concentraban el 89 % de la venta de pan lactal en el país; dos empresas controlaban el 84 % de las gaseosas y colas; dos compañías manejaban el 77 % del mercado de la leche chocolatada; dos empresas se quedaron con el 78 % de las ventas del rubro correspondiente a las galletitas saladas, y tres compañías controlaban el 100 % del mercado de cervezas." .
Se pueden agregar seguramente más ejemplos, pero la idea es clara: la estructura productiva del país presenta un altísimo grado de concentración económica (muy acentuado en algunos rubros), que incide directamente en la disputa por la distribución de la renta y los niveles de la inflación.
Por eso en estos tiempos en que se habla de sintonía fina, y se ofrece desde el gobierno debatir el problema de la inflación (superando la ya estéril disputa sobre la consistencia de los números del INDEC) sería bueno que se alentaran iniciativas similares al proyecto enviado al Congreso sobre el papel para diarios; en sectores mucho más críticos de la estructura económica, y mucho más sensibles para el bolsillo de la gente común.
Fortaleza política para encarar el asunto (54,11 % mediante) hay, es cuestión de buscar la oportunidad y darle para adelante.
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