Santa Fe es noticia nacional hoy por el pedido de captura contra el Jefe de Policía de la provincia (ahora ex Jefe porque renunció) por su vinculación con una causa por coimas y complicidad con redes del narcotráfico, en una investigación que llevó adelante la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), y que acá describe con detalle Kollman en Página 12.
Que la corrupción policial no es exclusiva de Santa Fe, ni empezó con la llegada al gobierno del Frente Progresista Cívico y Social en diciembre del 2007, no es ninguna novedad: de hecho, es frecuentemente comprobable que en todas las formas del delito organizado a gran escala siempre está presente la complicidad y la tolerencia policial, en algún punto de la cadena.
Así como también que la reforma de las fuerzas de seguridad es una de las tareas pendientes de la democracia argentina, y que está estrechamente ligada a la posibilidad de diseñar políticas en la materia desde una perspectiva democrática, y con grados crecientes de eficacia para garantizar a los ciudadanos, vivir más seguros.
Pero lo que el episodio Tognoli revela es que al socialismo le ha estallado en las manos una política absolutamente equivocada para encarar el problema de la inseguridad, que consistió básicamente en garantizarle a la Policía un amplísimo margen de autonomía respecto del poder político: una fuerza de seguridad atendida por sus propios dueños.
Y en ésta idea no se advirtieron cambios significativos entre el gobierno de Binner, y el de su sucesor Bonfatti: en ésta entrada contábamos en detalle el proceso por el cual el socialismo claudicó políticamente en la implementación de la reforma policial votada por amplísimo consenso en la Legislatura provincial entre el 2004 y el 2006, para volver al viejo esquema (que viene de la dictadura de Onganía) en el cual son la propia fuerza y sus sectores internos de poder y no el poder civil elegido por la gente, quienes definen como se ingresa, como se asciende y quien decide como se maneja la Policía provincial.
Antes y después de eso, se fueron encadenando uno tras otro los episodios que revelaban (para el que lo quisiera ver) lo erróneo de esa estrategia, que deja al gobierno provincial como rehén de la Policía: a los dos días de asumido Bonfatti le enviaron un mensaje mafioso incenciando el depósito de autos secuestrados de la Jefatura; el gobierno toleró el desarrollo de una especie de "Proyecto X" de la policía que filma a los manifestantes en las protestas sociales, y tuvo una actitud como mínimo ambigua frente a la proliferación de denuncias por apremios ilegales en comisarías en distintos puntos de la provincia.
Por no mencionar que el gobierno socialista designó al frente del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) encargado de la formación de los policías a un oficial retirado con un pasado como mínimo cuestionable, o toleró la corruptela de la fuerza en las licitaciones para la compra de uniformes o motos, por citar los casos más sonados.
Y lo peor de todo es que el socialismo niega el problema: cuando hace poco estuvo en Santa Fe Marcelo Saín (el creador de la PSA de paso, y alguien que algo entiende del problema de la seguridad y las fuerzas policiales) denunciando justamente la complicidad de las cúpulas policiales santafesinas con las organizaciones del narcotráfico, el diputado Zabalza salió a cruzarlo diciendo cosas que no son ciertas, como que el socialismo encaró una reforma en la Policía provincial, cuando la realidad indica y demuestra claramente todo lo contrario.
Incluso la desastrosa política de seguridad del socialismo queda en evidencia con este nuevo escándalo, que estalla por la vinculación del Jefe de Policía designado por Bonfatti al asumir con el narcotráfico, cuando el gobierno provincial vino utilizando políticamente a la fuerza policial (concretamente a la Tropa de Operaciones Especiales y a Drogas Peligrosas) para intentar por todos los medios (y con la complicidad de los periodistas obsecuentes del poder provincial) detectar causas de droga en las que pudiera (de un modo u otro) vincular con el tema al gobierno nacional; como se demostró en el caso de la famosa camioneta falsamente plotteada como del Ministerio de Alicia Kirchner.
Queda claro ahora que los canas decidieron cobrarse esos favores políticos al gobierno, por sus propios medios y en sus propios términos; y el gobierno los dejó hacer, porque también los quiso usar.
Podría pensarse que, por la repercusión nacional del caso Tognoli, y por tratarse no de cualquier policía sino nada menos que del Jefe de la fuerza, el hecho decidiría de una vez por todas al gobierno de Bonfatti a tomar cartas en serio y a fondo en el asunto; involucrando incluso al conjunto de las fuerzas políticas santafesinas que -en su momento- respaldaron en la Legislatura la reforma policial.
Los antecedentes que ha seguido hasta acá el Frente Progresista (que quizás en este tema como en ningún otro demuestra claramente que de progresista, no tiene nada) nos llevan a ser pesimistas al respecto.
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