PICADITA COPARTICIPABLE

El reclamo sciolista por la reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos admite diferentes lecturas, no necesariamente divergentes entre sí.

Acá el Ingeniero toma nota de la complejidad del procedimiento constitucional para reformar el régimen vigente (lo que, como señaláramos acá hace unos meses, deja a las claras que se trata ante todo de una movida mediática que periódicamente reaparece); y lo inscribe en el contexto de la interna del peronismo-FPV en la PBA, la verdadera "madre de todas las batallas".

Obviamente que también vinculado a las blanqueadas aspiraciones presidenciales de Scioli de cara al 2015, y la cuestión de la sucesión de Cristina, con o sin reforma constitucional y re-reelección; el verdadero intríngulis político a develar en el tablero electoral, más allá del abundante cotillón de eventuales candidatos opositores.

Acá Gerardo tira otras líneas interesantes para la discusión, que tienen que ver con la gestación del actual sistema de reparto de fondos coparticipables (en el ocaso del alfonsinismo), la subrepresentación parlamentaria de la provincia de Buenos Aires y su capacidad para captar rentas propias, tratándose de una provincia con enormes recursos disponibles en su economía; la principal del país.

Y finalmente acá Artemio hace hincapié en la necesidad de modificar también en éste punto el texto constitucional reformado durante el menemismo; ante un planteo que es secular ya de los gobernadores bonaerenses (y que hoy encarna Scioli); pero que sólo puede ser atendido en el contexto de una discusión política mucho más amplia, que involucre al conjunto de las provincias.

En  Nestornautas hemos escrito bastante sobre el tema, generalmente teniendo como disparador los reclamos del gobierno de Santa Fe sobre presunta discriminación o perjuicio en el reparto de fondos; ciertamente desde una posición relativa mucho mejor que la que tiene al respecto la provincia más grande y poblada del país.

Porque hay que comenzar por decir que el reclamo bonaerense tiene un piso de legitimidad, en tanto la provincia de Buenos Aires ha sido desfavorecida en la reformulación del régimen de coparticipación mediante la Ley 23.548 (1988), sobre todo en relación a otras de la pampa húmeda (como Santa Fe, Córdoba y la propia CABA), como se ha demostrado con cifras en éste post comparando su caso con el santafesino.

Y también es muy cierto (como lo plantea Gerardo) que está sub-representada en el Congreso de la nación, porque si nos atuviéramos estrictamente a los datos poblacionales que arroja el Censo 2010 (en definitivas, el mecanismo que establece la Constitución para establecer la base de representación), debería aumentar su bancada en Diputados de los actuales 70 miembros, a unos 97 aproximadamente. En éste post pueden encontrar datos bastante actualizados, provincia por provincia, para ilustrarse al respecto.

Hechas estas precisiones, es necesario apuntar otros elementos para poner en contexto la dicusión que se plantea desde el sciolismo.

El reclamo federal ha sido enarbolado en diferentes coyunturas políticas del país en los últimos tiempos, traspolando lo que fue un elemento central de nuestra conformación como Estado, a otros planos más concretos y prosaicos, vinculados a circunstancias bien distintas; y con grandes dosis de oportunismo.

Por un lado y como se dijo en éste blog varias veces (por ejemplo acá), el federalismo suele ser no pocas veces una cómoda coartada de algunos para escapar a una discusión más de fondo sobre los roles del Estado, el sistema impositivo y la distribución de sus cargas, es decir que roles asume el aparato estatal, como se financia su funcionamiento, y que sectores deben contribuir en mayor  medida a hacerlo.

En ese marco, no es casual que los más insistentes en plantear cuestiones inherentes al régimen coparticipable sean los gobernadores de las provincias que cuentan con mayores recursos económicos propios (De La Sota, Bonfatti -antes Binner- y ahora Scioli); pero que no tienen la decisión política de buscar allí las rentas disponibles, para financiar sus Estados sin reclamar por la reforma de la coparticipación.

Sucede que en esas provincias están asentados a su vez los grupos de interés del poder económico tradicional (conformados a partir de la estructura asumida por el país con el modelo agroexportador, sobre cuya base se desarrolló luego la industrialización por sustitución de importaciones); con suficiente capacidad de presión sobre el Estado y el sistema político como para eludir el pago de impuestos provinciales, acorde a su capacidad contributiva real; o de alinearlo incluso en su defensa cuando el que trataba de captar rentas de ese origen era el Estado nacional, como pasó en el conflicto por la Resolución 125.

Y conste que el propio Scioli (visualizado como un conservador) ha ensayado en Buenos Aires al menos tres reformas tributarias en su gobierno, que, siendo tímidas, han avanzado bastante más al respecto que lo que hicieron acá en Santa Fe Binner y Bonfatti; no hablemos ya del caso de De La Sota en Córdoba, que ha hecho de la rebaja de impuestos a los sectores económicos con mayor rentabilidad relativa una bandera electoral y una política de gobierno.

Un dato no menor (que se señalara acá, con las cifras del caso) es que el régimen de coparticipación federal vigente, en tanto contempla que los impuestos coparticipables sean recaudados por la Nación y luego girados a las provincias; provee a éstas de dos enormes ventajas: no absorber el costo de lidiar con los contribuyentes para cobrarles (en especial cuando éstos luego votan, o son grupos económicos con capacidad de lobby o estructura especializada en evadir), y evitar el costo de la administración tributaria; que recae sobre el Estado nacional a través de la AFIP.

El replanteo del régimen de coparticipación debe ser discutido a su vez en el contexto de un debate mucho más amplio sobre el rol del Estado nacional, sustancialmente transformado a partir del año 2003: en ésta entrada poníamos el acento por ejemplo en el complejo problema de la financiación de la seguridad social (que absorbe alrededor del 40 % del Presupuesto nacional); una de las áreas del gasto público en donde es más nítida la diferencia del modelo kirchnerista, con los paradigmas imperantes en la década del 90'; cuando además se produjo la última reforma constitucional, que estableció el mecanismo para sancionar una nueva ley de coparticipación, o en realidad, para que nunca se dicte.

Razón de más para (como plantea Artemio) incluir el punto en una futura reforma constitucional que dé cuenta de las transformaciones producidas en el país en la última década, y replantee incluso la estructura de los propios impuestos que hoy integran la masa coparticipable, y la cuestión de los recursos naturales cuyo dominio originario fuera transferido a las provincias en la reforma del 94', entre otras cuestiones que fueron planteadas en detalle acá.