"MANO DE YESO" BONFATTI

Por enésima vez en las últimas semanas, el gobierno provincial anuncia que "ya está al salir" el decreto de Bonfatti que reglamenta los concursos para el ascenso del personal policial.

El anuncio (hasta ahora no concretado) fue disparado por el narcoescándalo que eyectó a Tognoli de la Jefatura de la Policía, y lo hizo el propio Bonfatti hace casi tres meses, exactamente el 20 de noviembre como pueden ver siguiendo el enlace en éste post nuestro. 

Cualquiera podría pensar que la demora obedeció a que es un tema tremendamente complejo, donde hay que ponerse a pensar para inventar un sistema que no estaba establecido en ningún lado; pero nada más alejado de la verdad.

Lo que está subrayado en verde en la imagen que encabeza el post (aunque parezcan ideas que se les ocurrieron a éste gente a partir de los problemitas que están teniendo últimamente con la policía) son todas pautas que fueron establecidas por la Ley 12.521, que dentro de poco cumplirá siete años de sancionada, y a cuyo texto completo pueden acceder acá.  

Hace más de un año (casi catorce meses atrás) cuando nadie imaginaba el caso Tognoli y demases, nosotros explicábamos en éste post que lo que había hecho el socialismo cuando llegó al gobierno en diciembre del 2007 fue una verdadera "contrareforma policial"; consistente en entregarle la fuerza policial llave en mano a las cúpulas de la propia fuerza; permitiéndoles que siguieran manejándola sin ingerencia del poder civil, y dirimiendo los ascensos (aspecto crucial en las relaciones de poder internas de la policía, y por carácter transitivo, en las políticas de seguridad) en base a las Juntas de Calificaciones exclusivamente integradas por policías, basadas en la Ley 6769; dictada en 1972 durante la dictadura de Onganía.

Y dando por tierra con la reforma que al respecto consensuaron en el 2006 todas las fuerzas políticas provinciales (incluyendo las que hoy integran el Frente Progresista Cívico y Social) para implementar un sistema de concursos públicos, abiertos y con participación de funcionarios civiles en los jurados.

Veamos lo que dice al respecto la Ley 12.521 en sus artículos 73 y 74:

Vemos que establece el principio de ascenso por concursos, grado a grado en el escalafón, dándole al Ejecutivo la atribución de fijar cuantas vacantes se cubren (con el sistema de las Juntas de Calificaciones se evalúa a todo el personal, vaya o no a ascender), y hasta fija el momento en que deben hacerse los concursos.

Y dice más la ley, en éste caso en su artículo 77 y sobre la conformación de los jurados:

Vemos entonces que lo único que debe decidir el gobernador, y plasmarlo en un decreto reglamentario (ése que vienen anunciando como de firma inminente, hace tres meses) son los criterios para evaluar antecedentes, las etapas de procedimiento de las pruebas de oposición, cuántos jurados habrá y en que localidades de la provincia estarán situados.

Nada excepcional, nada del otro mundo, nada que justifique que no se lo haya hecho para poner en práctica la ley sancionada hace casi siete años, de los cuáles más de cinco transcurrieron bajo el gobierno del socialismo en la provincia.

A menos que uno haya suscripto un pacto con las cúpulas policiales para que esa parte de la ley nunca se cumpliera (en éste otro post recordábamos nosotros que Barraguirre, es Fiscal de Estado de Binner y hoy Procurador General de la Corte Suprema de la provincia, dijo que era "de imposible aplicación"), reservándoles ese margen de discrecionalidad para autoascenderse entre ellos, a cambio de cierta "tranquilidad controlada" en los niveles de la inseguridad y el delito en la provincia.

Pacto que sin dudas subsiste, porque la reglamentación sólo fue impulsada cuando el narcoescándalo acorraló al gobierno de Bonfatti contra la necesidad de mostrar "algo", alguna medida o avance concreto en la reestructuración de la policía, que diera cuenta de que asumía la gravedad del problema e iba más allá de las teorías conspirativas o la victimización permanente.

Porque además pasaron casi tres meses de los anuncios y el decreto sigue sin ver la luz, cuando lo más importante que debe resolver son las pautas para calificar los antecedentes de los policías que se presenten a los concursos; y el modo para definir cuantas vacantes se concursan y cuáles; aspectos ambos que deben estar siendo objeto de una cuidadosa negociación con las cúpulas policiales, porque tocan nervios sensibles, espacios de poder internos dentro de la policía que usufructuaron por años, exentos de la mirada del poder civil, con los resultados conocidos.

Vaya uno a saber que esqueletos en el placard socialista pueden amenazar con menear los canas si ven amenazados esos espacios si finalmente los anuncios se concretan, y el demorado decreto alumbra; o si no sale en términos que consideren aceptables.

A menos que la causa de la demora sea simplemente que Bonfatti se enyesó la mano, y le está costando firmar.