CUENTAS CLARAS BENEFICIAN AL MERCADO

Por A.C.

La criminalidad financiera genera enormes daños a la economía argentina, a través del lavado de activos y la fuga de divisas. Son delitos que presentan un alto grado de complejidad para ser perseguidos, porque en éste tipo de actividad delictiva actúan agentes de alta especialización, junto a estructuras financieras y bancarias diseñadas específicamente para el delito, como se hiciera público recientemente a través de las 4.000 cuentas no declaradas de argentinos en la filial suiza del banco HSBC.

En la misma actividad delictiva actúa cierto sector de la actividad bursátil, como algunas sociedades de bolsa, quienes a través de operaciones como el contado con liquidación, mantienen un permanente canal de fuga de divisas. Más allá que se invoque la legalidad de la operación del “contado con liqui”, hay un pequeño detalle que suelen pasar por alto: el origen de los fondos del “inversor” que recurre a ésta operación.

Algunas sociedades de bolsa no se preocupan por controlar -como es obligación legal- la licitud de los fondos que reciben para efectuar ciertas operaciones, a lo que se suma la intermediación no autorizada como compra venta de divisas o alquileres de bonos, la manipulación del precio de títulos o la presentación de balances falsos, entre otras “maniobras técnicas” orientadas a la defraudación tributaria, maniobras que realizan mientras vociferan la necesidad de la transparencia del mercado.

Estas maniobras defraudatorias eran corrientes y mayoritariamente impunes durante la vigencia de la Ley 17.811, porque el sistema de supervisión y sanción de los intermediarios como las sociedades de bolsa, quedaba reservada a los propios mercados de valores, ya que regía un sistema de autorregulación del mercado a cargo de sus propios componentes. Y por lo tanto, no había mayor control ni sanciones. La evasión y la ilegalidad de operaciones era la norma y en muchas ocasiones, este tipo de maniobras culminaban con la masiva estafa de los ahorristas o inversores, como saben aquí en la zona quienes perdieron todo a manos de Bolsafe Valores y sus responsables visibles y ocultos.

A fines del año 2012 el Gobierno Nacional impulsó la sanción de la Ley 26.831, la nueva y vigente Ley de Mercado de Capitales, que dejó sin efecto el anterior y absurdo sistema de autorregulación del mercado.  A través de ésta ley se eliminó la autorregulación del sector bursátil y se estableció la fiscalización estatal permanente a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

También durante esa fecha, con el fin de aumentar la capacidad operativa en la investigación de delitos complejos en materia económica, a instancias de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) poniéndose a cargo de la misma al fiscal Carlos Gonella.

El despliegue de la PROCELAC desde su creación a la fecha, muestra una actividad notable en su tarea contra la evasión, con investigaciones sólidas, y la obtención por ello de medidas judiciales como embargos, cautelares, allanamientos e inhibiciones.

Algunos ejemplos demuestran la magnitud de su actividad: La investigación de las empresas beneficiadas por el incendio del depósito de la firma Iron Mountain;  la denuncia contra los directivos de los bancos HSBC, Galicia, Francés,Citibank, BNP Paribas , JP Morgan, Banco de la Provincia de Córdoba y de la petrolera Shell por su participación en la corrida cambiaria del mes de enero de 2014; la causa penal por lavado de activos contra los directivos de MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A;  una causa contra nueve empresas por asociación ilícita tributaria por lavado de operaciones de compra de cereal sin declarar;  la causa penal iniciada el año pasado contra el inglés Grupo Macmillan (Editorial Estrada) y  los bancos JP Morgan, Patagonia S.A. y Merrill Lynch por lavado de dinero, administración fraudulenta y evasión tributaria.

Además Gonella puso en evidencia que existía connivencia entre personal del Banco Central y la Policía Federal que facilitaba el funcionamiento de las cuevas financieras, e hizo pública la inexplicable acumulación de causas sin movimiento en el Banco Central por violación a la Ley Penal Cambiaria. La propia Presidenta reiteró en un discurso ésta inexplicable situación que culminó con el reemplazo de Juan Carlos Fábrega  en el Banco Central, y la asunción de Vanoli.

Hoy la PROCELAC está investigando a 30 de las principales sociedades de bolsa, su actividad desde los últimos cinco años a la fecha, como vehículos para lavado de activos y fuga de divisas. Esta investigación compleja a cargo de Gonella, se realiza en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, dado el carácter y el enorme volumen de las maniobras de evasión.  Así lo expresa Gonella en ésta nota:"Detectamos que las sociedades de bolsa son utilizadas como estructuras para canalizar o generar fondos ilícitos. Asimismo, que las cooperativas y mutuales se prestan como vehículos para evadir el impuesto al cheque, o para intermediar millonarias sumas de dinero en el mercado financiero de manera ilegal. Dimos un salto de calidad a partir de la articulación de los procesos de trabajo con los organismos supervisores y de control (UIF, CNV, BCRA) y las fuerzas de seguridad,  a quienes estamos capacitando para la investigación de este tipo de maniobras ilícitas".

No deberían estar intranquilos en el sector bursátil. Simplemente tienen que entender que la evasión y el blanqueo son delitos, que la ley está para cumplirse, y que las operaciones transparentes benefician al mercado.