BURRISMOS MASSISTAS (1º PARTE)

“Vamos a pagarles a los jubilados el 82 % móvil desde el 1º de enero, con los recursos del Fondo de Garantía de la ANSES”

Para ese momento ya estará vigente el Presupuesto nacional 2016, aprobado por el Congreso ahora antes de la finalización del mandato de Cristina; que no contempla ese gasto adicional para el Estado.

Pero además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES no se consolida con el presupuesto nacional ni lo integra, razón por la cual para afectarlo a pagar un gasto corriente (el 82 % móvil a jubilados nacionales) hay que dictar una ley que así lo disponga; para cumplir además con lo que dice la Ley 24.156 en su artículo 38: "Toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento"; por no mencionar que imponer el 82 % significa modificar la Ley 26.417, que es la que establece a la fecha el mecanismo de movilidad de las jubilaciones y pensiones que paga la ANSES.

Y finalmente la idea es una burrada, porque le está creando al Estado un gasto corriente permanente (pagar el 82 % móvil, todos los meses) a financiar con un recurso limitado y contingente (los activos del FGS), que equivalen hoy a más o menos un año y medio de jubilaciones y pensiones de las que paga la ANSES, con sus valores actuales (ver al respecto acá).

Terminados esos recursos, el Estado tendría que buscar otros para poder seguir pagando el 82 % móvil; por no mencionar que apenas un porcentaje menor de los recursos del Fondo son de disponibilidad inmediata (esencialmente depósitos a plazo fijo en los bancos, alrededor del 11 % del total), el resto deben transformarse en líquidos; por ejemplo vendiendo las acciones que el Estado tiene en las empresas, o distrayendo los fondos del recupero de los préstamos del PROCREAR para pagar el 82 % móvil, con lo cual no podrían seguir otorgándose préstamos.

“Los jubilados quieren medicamentos, no acciones de las empresas”

Los jubilados ya tienen cobertura de medicamentos por parte del Estado a través del PAMI, la que en algunos casos alcanza al 100 %, sea por el tipo de enfermedad (oncológicos, diabetes) o por el nivel de ingresos (los que perciben hasta una vez y media la jubilación mínima); y las acciones del FGS (o sea las acciones que la ANSES tiene en diferentes empresas) no se les entregan a los jubilados.

Y si se vendieran masivamente (por ejemplo para pagar el 82 % móvil como él mismo propone según vimos en el punto anterior) se desplomaría su valor de mercado, y los accionistas mayoritarios de esas mismas empresas podrían recomprarlas a menor precio, que quizás sea lo que en realidad está buscando: actuar como broker de negocios de Techint, Aluar, Clarín o el Banco Macro.

Por no mencionar que es el mismo argumento que utilizaban Menem y Cavallo en los años 90’ cuando privatizaban empresas estatales con el argumento de que los recursos obtenidos se destinarían a mejorar los haberes de los jubilados.

“Personalmente voy a meter presos a todos los corruptos”

Entonces debe estar pensando en impulsar una reforma constitucional para abolir la división de poderes, porque hasta ahora disponer que alguien vaya preso es una atribución de los jueces previo juicio con derecho a defensa (artículo 18 CN); y la misma Constitución dice en su artículo 109 que “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni restablecer las fenecidas”.

“Vamos a establecer la imprescriptibilidad del delito de corrupción”

Disponer algo por el estilo requiere de una ley del Congreso, que sólo regiría hacia el futuro y no para delitos ya cometidos, porque el artículo 2 del Código Penal es muy clarito, al establecer el principio de la extractividad de la ley penal más benigna: “Si la ley vigente al momento de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

Lo mismo dice (para las penas, pero se aplica) la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en su artículo 11 inciso 2), y el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 9.

Por otro lado significaría equiparar a la corrupción con los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; que son imprescriptibles por la Convención Internacional que así lo dispone, incorporada con rango constitucional por la Ley 25.778 de 2003.

Seguramente ignora además que el artículo 67 del Código Penal vigente suspende el curso de la prescripción de los delitos cometidos por alguien en el ejercicio de la función pública para todos los que participaron en ellos (aun los que no son funcionarios); mientras cualquiera de ellos siga desempeñando un cargo público.

Como también probablemente ignore que la corrupción como tal, no existe como delito en el Código Penal; que sí tipifica diferentes figuras delictivas que pueden atribuirse a funcionarios públicos, en ocasión o con motivo del ejercicio de sus funciones, a saber: enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, cohecho, dádivas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, entre otras.

Por eso la Constitución en su artículo 36 habla de “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”, y no de “corrupción”.