BURRISMOS MASSISTAS (2º PARTE)

“Vamos a impulsar la ley de derribo para combatir al narcotráfico”

Implicaría la aplicación arbitraria de la pena de muerte, sin juicio previo ni sentencia condenatoria dictada por el juez natural de la causa; violando el artículo 18 de la Constitución y el artículo 4 inciso 1) del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional.

El mismo que establece que no puede establecerse la pena de muerte para los delitos en los que no se aplique actualmente (inciso 2) del mismo artículo 4), ni restablecerla en aquellos países -como la Argentina- que la abolieron (inciso 3) del mismo artículo).

Y como la ejecución del derribo quedaría en manos de las Fuerzas Armadas, se violaría la Ley de Defensa Nacional 23.554 (artículo 4) al hacerlas participar en tareas de seguridad interior más allá del apoyo logístico; y lo mismo ocurre con la Ley 24.059 de seguridad interior (artículos 27, 31 y 32); que sólo contempla su empleo subsidiario cuando la situación es de una gravedad tal que ha motivado la declaración del Estado de sitio.  

“Vamos a gravar la renta financiera” 

Alguna vez tendría que explicitar este muchacho que entiende por "renta financiera", porque hace poco el presidente de la Bolsa de Comercio le replicó que más del 94 % ya está gravada, y no se supo que le respondiera.

De todos modos para no atenernos a la opinión de un personaje como Adelmo Gabbi, diremos que la principal renta financiera son las abultadísimas ganancias de los bancos (ver al respecto acá); y están gravadas con la alícuota máxima del impuesto a las Ganancias.

También reiteraremos lo dicho en diferentes oportunidades acá respecto a la "venta de humo" del concepto "renta financiera" pues la principal exenta (por su peso en recursos no percibidos por el Estado) son los plazos fijos (ver acá los datos correspondientes al presupuesto de éste año); que justo éste año empezaron a crecer en forma sostenida por el alza de las tasas de interés, autorizada por el BCRA para evitar la fuga hacia el blue y el dólar ahorro: si se los gravara, se produciría el efecto inverso.

Ni que decir de los intereses que devengan los títulos públicos, buena parte de los cuáles está en poder de la ANSES: gravados se desplomaría su cotización, perjudicando al FGS (en cuyos activos representan casi el 63 % del total); con el que el propio Massa propone pagarles el 82 % móvil a los jubilados.

Los antecedentes mediatos e inmediatos del propio Massa en ésta materia tampoco lo avalan mucho: votó en contra de gravar la distribución de dividendos empresariales para compensar cambios en Ganancias, y se opone a la nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores sobre la valuación de los activos de los fondos comunes de inversión.

"Vamos a implantar el presentismo docente, financiado con fondos nacionales”

Para empezar, no parece tener claro que ya no hay docentes que dependan del Estado nacional, con excepción de los universitarios; ya que todos los demás dependen de las provincias y la CABA, quienes son en consecuencia las que tienen la facultad de fijar sus salarios, establecer rubros específicos que lo componen (como el presentismo) y fijar sus regímenes de licencias, justificaciones y franquicias.

De modo tal que para que prosperase la propuesta se tendrían que poner de acuerdo todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en imponerlo (algunas ya lo tienen). Y en la actualidad ya hay fondos nacionales que llegan a las provincias para complementar los salarios de sus docentes, empezando por el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).   

Y la Ley 26.075 (20059 de financiamiento educativo crea en su artículo 9 "el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades."; y uno de los objetivos del programa es fijar (como se hace anualmente) un salario docente mínimo en todo el país (artículo 10 de la misma ley).

“Le vamos a devolver a Córdoba los fondos de la coparticipación que le sacaron” 

Los fondos de coparticipación de que habla son los que se destinan a la ANSES para financiar parte de los gastos del sistema nacional de seguridad social: es el 15 % de la masa precoparticipable, compuesto del 8,501 % que pone el conjunto de las provincias, y el 6,499 % que aporta la nación.

Es una asignación específica de recursos coparticipables en los términos del artículo 75 inciso 3) de la Constitución Nacional, establecida actualmente por el artículo 76 de la Ley 26.078; por lo que para dejarla sin efecto se necesita una ley del Congreso, sancionada por mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara, no lo puede hacer el presidente y solo para una provincia.

Para peor en el caso de Córdoba (al igual que en el de Santa Fe) hay un juicio pendiente ante la Corte Suprema nacional, por lo cual cabe lo mismo dicho para “Personalmente voy a meter presos a todos los corruptos”: el presidente no lo podría hacer por sí porque violaría el artículo 109 de la Constitución, avocándose al conocimiento y decisión de una causa judicial en trámite.

Por no mencionar que de “devolverle” esos recursos a Córdoba habría que hacer lo mismo con todas las demás provincias, se desfinanciaría la ANSES que se quedaría sin recursos para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones, mientras tendría que pagar el 82 % móvil, según lo prometido por el mismo Massa.