TUCUMÁN, O EL GOBIERNO DE LOS JUECES

Probablemente como el tema iba perdiendo actualidad en los medios, no se dimensione debidamente la gravedad del bochornoso fallo de ayer de un tribunal tucumano, ordenando a la justicia electoral no proclamar los resultados y ganadores de las elecciones provinciales del pasado 23 de agosto.

Un fallo absolutamente impresentable desde el punto de vista jurídico, y peligrosísimo desde el punto de vista político, e institucional: baste señalar que el próximo 29 de octubre deberían asumir las autoridades electas, y como vemos en la nota correspondiente de Clarín, desde la oposición tucumana se habla con desaprensiva ligereza golpista (no se nos ocurre otro calificativo más apropiado) de aplicar la ley de sucesión.

El fallo es un completo mamarracho, comenzando por la competencia del tribunal que lo dicta: si hay un fuero que tiene exclusividad por su especialidad en cuestiones de derecho público, es el electoral; y es precisamente la justicia electoral tucumana la que está llevando adelante el escrutinio definitivo de la elección, en forma pública y con la participación de todas las fuerzas políticas que participaron del comicio.

Ese mismo tribunal electoral integrado a pedido de la oposición (que solicitó antes de las elecciones reemplazar miembros, y así se hizo), que antes lo consideraba independiente y -a la vista de los resultados- pasó a considerarlo cómplice del fraude.

Y en ese marco la oposición pudo (y podrá seguir hasta el final del escrutinio) plantear todas y cada uno de sus cuestionamientos contra la regularidad de la elección; por lo que resulta absurdo suponer que puede haber un "fondo de la cuestión" (la validez o no de la elección) que deba ventilarse en otro ámbito que no sea la propia justicia electoral.

Cano sabe que perdió, y lo sabe desde el mismo día de la elección; y no está buscando -aunque así lo diga- ni la anulación de los comicios, ni que se vuelva a votar: a estas alturas es un títere de fuerzas que lo controlan, y que están muy por encima del resultado tucumano; que por lo demás va rumbo inexorablemente a que el escrutinio definitivo confirme el triunfo del FPV, incluso eventualmente por cifras aun mayores que las que arrojaba el provisorio.

La propia nota de Clarín (que sugestivamente tuvo la "primicia" del fallo) nos da la clave de todo el asunto: "Esta situación es beneficiosa para la oposición, que puede seguir esgrimiendo el tema del fraude en Tucumán como tema de campaña. Mientras que afecta directamente en el corazón del Frente para la Victoria y su candidato a presidente Daniel Scioli, que esperaba que el tema desapareciera de las noticias.".

Lo que importa es sostener la sospecha/certeza de que hubo fraude en Tucumán, como parte de una operación política más amplia, que tiende a deslegitimar de antemano un probable triunfo electoral del FPV en las elecciones nacionales de octubre. 

Ya bastante grave en sí es el comportamiento de una oposición flojita de papeles democráticos (incluyendo a la eternamente despistada izquierda argentina) que cuando no le gusta el resultado del partido se lleva la pelota y listo, no se juega más; como para que también se sumen a la movida jueces desaprensivos que ponen en riesgo con sus fallos la esencia misma de la democracia, y la estabilidad institucional.

No es la primera vez: acá podemos ver el fallo que en su momento dictara la mismísima Corte suprema de Justicia de la nación ordenando suspender las elecciones en Santiago del Estero, pasándose a nado su propia jurisprudencia sobre la resolución de los conflictos de poderes provinciales en el marco de la autonomía propia del régimen federal.

Ni tampoco la única: hace poco señalábamos acá la desembozada incursión en política de los miembros de la Cámara Nacional Electoral, con olvido de su rol específico que es controlar la regularidad de los comicios.

Es evidente que en el Poder Judicial (poder corporativo y no democrático, si los hay en la democracia) se ha hecho carne la doctrina explicitada por Lorenzetti (que por supuesto no la inventó); que le asigna a los jueces el rol de "contra-poder mayoritario" para ponerle freno a los "excesos" de los poderes políticos electivos.

Un rol que no surge ni de la letra ni del espíritu de nuestra Constitución, pero que los jueces se han otorgado a sí mismos; sin que mucho se pueda hacer al respecto (o sí: por lo menos no validarlo desde la política judicializando todo); y en el marco del cual han ido escalando, desde el cuestionamiento a decisiones puntuales del Poder Ejecutivo o el Congreso (la famosa "justicia cautelar", que ha vuelto a funcionar en el caso tucumano), para ir contra el corazón mismo del sistema democrático: las elecciones y sus resultados.

Y no precisamente en éste caso para aventar el fraude, sino tomando partido abiertamente en la disputa política; poniendo -como se dijo- en riesgo a las instituciones. Pareciera que los jueces tucumanos quisieran seguir agregando nafta a un fuego que empezaba a menguar, para generar una situación de conflicto institucional, político y social de imprevisibles derivaciones.

El caso tucumano debería servir para que el conjunto de las fuerzas políticas reflexionen a futuro -no ahora, no en medio de un proceso electoral ni de un debate absolutamente emporcado por operaciones de todo tipo- sobre el rol de la justicia en nuestro Estado democrático; y las reformas que allí hacen falta de modo urgente.

Si se quiere evitar repetir rótulos, no hablemos de como "democratizar la justicia" aunque ese sea en definitivas el sentido último de la discusión: en todo caso pensemos como hacer para que los jueces no se terminen llevando puesta a la democracia.