LOS PATOS LES TIRAN A LAS ESCOPETAS

De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Nacional, el presidente de la Auditoría General de la Nación “...será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso...”.

El organismo y su composición (partidaria y plural) fueron incorporados en la reforma de 1994, de acuerdo al Pacto de Olivos y a pedido de Alfonsín y la UCR; para que el Congreso controlara al gobierno, por un órgano técnico presidido por la oposición. Así lo dice el mismo artículo 85: “El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”.

La Ley 24.156 establece en su artículo 123 que el presidente de la AGN sea designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, obviamente cumpliendo con la Constitución: a propuesta del partido político de oposición con el mayor número de legisladores en el Congreso.

Después del triunfo de “Cambiemos” en el balotaje, el Partido Justicialista propuso a Echegaray como presidente de la AGN, pero desde el oficialismo se opusieron y volvieron a designar al radical Leandro Depouy, violando la Constitución.

El mismo Despouy al que -durante el gobierno de Cristina- se le venció el mandato legal, y cuando desde el Congreso el kirchnerismo le pidió a la UCR que lo reemplazara, generó la indignación de los hoy oficialistas (“abrazo” a la AGN inclusive), porque “el gobierno se quería llevar puesta a la AGN”.

Antes de proponer a Echegaray, el PJ había designado dos auditores en su representación por los que tenían mandato vencido, pero la oposición (hoy gobierno) fue a la justicia para impedir que asumieran, cosa que logró mediante una cautelar. Cuando finalmente se resignaron a cumplir la Constitución designando a Echegaray, la vicepresidenta Michetti dijo que “no le quedaba más remedio porque no tenía ninguna herramienta legal para impedirle llegar al cargo”.

Cuando Echegaray presentó en la AGN el plan de auditoría anual que establece el artículo 125 inciso a) de la Ley 24.156, los auditores designados por “Cambiemos” se negaron a tratarlo, y los legisladores del oficialismo y los funcionarios del gobierno (estos controlados por el organismo, y sin facultades para nombrar o remover a sus integrantes porque es atribución del Congreso) amenazaron con removerlo del cargo por querer investigar al gobierno de Macri “en tiempo real”.

Plantearon que debía abocarse exclusivamente a investigar al gobierno de Cristina, pese a que el Congreso de la Nación (de acuerdo con lo que establece el artículo 75 inciso 8) de la Constitución) aprobó todas las cuentas de inversión de su gobierno hasta la del 2014 inclusive, con dictamen favorable unánime de la AGN, incluyendo el de los auditores del hoy oficialismo, y entonces oposición.; y su presidente Despouy; el abrazado, al cargo y por los suyos.

Hace poco estalló la guerra de concheros entre Michetti y Carrió, que le reprochó a la vicepresidenta que tenía “diferencias morales” porque ella jamás hubiera designado a Echegaray en la AGN, cuando ni una ni otra deben decidir a quien le corresponde ese cargo, sino la oposición. En eso estaban hasta que el jueves Bonadío (sí, ése) procesó a Echegaray en una causa iniciada por una denuncia de Prat Gay, diputado cuando la hizo y hoy Ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de “Cambiemos”.

Al conocerse el procesamiento, Michetti dijo en las redes sociales que “ahora tenían la herramienta legal que necesitaban” para echar a Echegaray (un procesamiento a ruego, digamos), y en cuestión de horas firmó con Monzó (presidente de Diputados) una resolución conjunta para remover a Echegaray de su cargo por “inconducta grave”, en los términos del artículo 124 de la ley 24.156.

Pese a que el procesamiento no tiene que ver con su actuación como auditor, sino con su desempeño como encargado de la AFIP durante el gobierno de Cristina, y pese a que el procesamiento no está firme y será apelado.

Si un auto de procesamiento configura (para el oficialismo) “conducta indigna”, el presidente de la Nación (que asumió su cargo estando procesado) y el presidente del Banco Central (que también asumió su cargo estando procesado, y designado “en comisión” sin acuerdo del Senado) son igual de indignos, pero siguen en sus respectivas funciones.

La causa que dio lugar al procesamiento de Echegaray es por haber denunciado al hoy ministro Prat Gay por lavado de dinero, en su condición de administrador de los fondos y cuentas de Amalita Fortabat, y como tal, uno de los involucrados en la investigación judicial por 4040 cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza.

Según Bonadío (a pedido de Prat Gay) Echegaray violó el secreto fiscal y el acuerdo de intercambio de información entre Francia y la Argentina, porque solo podía usar la información de las cuentas en el HSBC para cobrar impuestos, pero no para perseguir delitos; o sea que el entonces diputado y hoy ministro denunció al denunciador para que no lo investigara por lavado de dinero.

Ni siquiera a los abogados que defienden al HSBC en esa causa (uno de las cuáles fue nombrada por Macri al frente de la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de combatir el lavado de dinero) se les ocurrió plantear semejantes argumentos.

Prat Gay -que a criterio del gobierno no habría incurrido en “inconducta grave”, porque sigue en su cargo- acaba de lanzar un blanqueo de capitales que beneficiará (a diferencia de los anteriores) a los que están querellados o denunciados por la AFIP en causas por evasión o lavado de dinero, como el propio Prat Gay, que no podría entrar por ser funcionario, pero que en la primera versión del proyecto (la que hizo él mismo) hubiera podido entrar perfectamente.

O como Martino, el CEO del HSBC cesado en su cargo por Vanoli (procesado por el mismo Bonadío en la inverosímil causa del dólar futuro) cuando era presidente del BCRA, por su participación en el armado de la plataforma financiera para que los titulares de las 4040 cuentas no declaradas del HSBC en Suiza (entre ellas, la que administraba Prat Gay) pudieran fugar la plata, y no pagar impuestos.

Martino, el mismo que fue luego repuesto en su cargo del HSBC por Sturzenegger, el procesado presidente del Central designado “en comisión” sin acuerdo del senado, y el mismo que es asesor directo de Macri en temas económicos.

Para promover el blanqueo, Prat Gay dice que a partir de enero del 2017 no habrá donde esconder plata o activos no declarados, porque un montón de países firmaron en la OCDE un acuerdo para intercambiar información fiscal . Lo que no dice es que de lo que sí podrán escapar los evasores es de las consecuencias penales, porque en eso consiste justamente el blanqueo. Y además los jueces (como Bonadío) podrán ingresar al blanqueo.

Para “reforzar” los argumentos para echarlo de su cargo, el oficialismo sumó otra denuncia contra Echegaray por su desempeño en la AFIP, en la que se lo acusa de armar un “grupo de tareas” para recolectar información sobre políticos (todos los principales líderes del actual oficialismo, incluyendo a Macri) y jueces; incluyendo entre estos últimos a Bonadío; el que lo procesó sin excusarse por razones obvias, así como no se excusó en la causa del dólar futuro pese a figurar como imputado, caso sin precedentes en los anales de la historia judicial del país.

Antes de esa denuncia se hizo una exactamente igual contra las actuales autoridades de la AFIP, a las que se acusa de armar un “grupo de tareas” dentro del organismo para filtrar “dossiers” con información reservada (violando el secreto fiscal) sobre dirigentes políticos oficialistas (incluyendo al propio Macri y su mujer), opositores y jueces (incluyendo a Bonadío, y al presidente de la Corte, Lorenzetti), para luego filtrarles los datos a Carrió (la indignada moral por el nombramiento de Echegaray) y Stolbizer, para que hagan denuncias judiciales. Como la causa Hotesur, ponéle.

Y Carrió (una de las beneficiarias de los "topos" de la AFIP) va a la justicia y pide una cautelar para remover de su cargo a Echegaray, asumiendo por sí sola la representación de todo el Congreso. Se la otorga una jueza, para sacar a un funcionario puesto por el Congreso a propuesta de la oposición (como manda la Constitución), para controlar al Ejecutivo.

El actual administrador de la AFIP, Alberto Abad (el principal responsable de ejecutar el blanqueo lanzado por Macri y Prat Gay) tiene una denuncia en la Oficina Anticorrupción (de la impresentable Laura Alonso, que -al igual que Abad- justificó que el presidente tenga cuentas y sociedades off shore) por conflicto de intereses: es accionista de Molinos Río de la Plata, querellada judicialmente el año pasado por el organismo ahora a su cargo (cuando lo mandaba Echegaray) por una evasión fiscal agravada (que es delito) de más de 1100 millones de pesos. Molinos podrá ingresar al blanqueo perfectamente, si prospera el proyecto presentado por el gobierno.

¿Nos perdimos de algo o está más o menos completo el panorama?