LA FRASE

"EN UNA REUNIÓN CELEBRADA EN EL ASCENSOR DE MI EDIFICIO, HEMOS RESUELTO DEJAR EN LIBERTAD DE ACCIÓN A MIS VOTANTES, PARA QUE CADA UNO VOTE COMO LE PAREZCA EN LAS ELECCIONES DEL DOMINGO." (PINO SOLANAS)

domingo, 18 de junio de 2017

DISCUTAMOS POLÍTICA


Es necesario declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. No debe votarse ningún intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos de trabajo, reafirmando el derecho a paritarias libres. El efecto inmediato del mejoramiento de los salarios es el fortalecimiento de la demanda y el mercado interno, la reactivación de la economía y la mejora en las cuentas públicas.

Es necesario declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Volver a aplicar seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del Estado a través de acciones y legislación que regulen la formación de precios en las cadenas de valor, en particular para bienes esenciales, insumos básicos y medicamentos. No puede permitirse que los precios sean altos para el consumidor y las retribuciones ínfimas para los pequeños productores. Ante la inacción del Gobierno de Cambiemos deben crearse órganos específicos en la órbita del Poder Legislativo.

Es necesario que el estímulo de la demanda se dirija a la producción local, a través de legislación para una administración efectiva del comercio exterior. Se debe impulsar la creación de nuevos instrumentos de crédito para el capital de trabajo del sector productivo y comercial. Además, una nueva ley de compre nacional que conceda, en la práctica, preferencias a nuestra industria para asegurar que la demanda del Estado sea palanca del desarrollo económico.

Se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos, fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas, que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios. Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán rendir cuenta de sus programas de inversión y producción ante el Congreso Nacional. El objetivo de los servicios públicos debe trascender la mera rentabilidad de corto plazo y contribuir al crecimiento, la inclusión social, el autoabastecimiento y la conectividad.”

Es necesario declarar la emergencia previsional con aumentos en la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, y recuperar programas de inclusión social como el Plan Progresar. Las sentencias previsionales deben volver a pagarse sin descuento y se tiene que restablecer la intangibilidad de los activos del FGS. Una nueva legislación sobre PAMI que garantice la cobertura de medicamentos y tratamientos a los jubilados y pensionados, es impostergable para llevar tranquilidad a los hogares argentinos.

“El Congreso debe sancionar normas regulatorias que impidan que la Argentina se convierta en el país donde se realiza la mayor actividad de “carry trade” (bicicleta financiera) a nivel global, y que permitan retomar políticas monetarias que alienten la inversión productiva. Asimismo el Congreso de la Nación, en ejercicio de facultades constitucionales propias deberá revisar la deuda contraída por el Gobierno, con el objetivo de verificar si el endeudamiento fue utilizado para sostener operaciones especulativas y de fuga de capitales. El Congreso debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI.

Es necesario aplicar un subsidio de emergencia dirigido directamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios, para evitar intermediarios y asegurar el arraigo rural. Debe facilitarse el acceso al crédito en condiciones ventajosas para los pequeños y medianos productores de las economías regionales. Es fundamental sancionar marcos regulatorios que permitan la intervención inteligente del Estado e implementar las leyes existentes para la agricultura familiar y solidaria, que aseguren el acceso al uso de las tierras suburbanas.
A su vez es necesaria legislación sobre consumo próximo, no sólo para que actúe como incentivo a las economías regionales que no encuentran mercados en el exterior debido a la crisis internacional, sino que además contribuya a un aprovechamiento racional de nuestros alimentos, mejorando calidad y precio.”
Argentina necesita un nuevo acuerdo federal para distribuir recursos. Deben restituirse los recursos sustraídos a las provincias y someter a la decisión del Congreso Nacional la distribución territorial de los programas nacionales en todas las áreas. Resulta indispensable una ley-convenio de orden público entre Nación y Provincias en materia de preservación del patrimonio de recursos naturales.

Es necesaria una ley de incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, así como también otra que prohíba ejercer la función pública a todos aquellos que tengan cuentas o empresas en guaridas fiscales. Debe incluirse, la creación de una Comisión Bicameral que tenga el contralor de las incompatibilidades de todos los funcionarios. Se revisará el origen de los fondos del blanqueo que no hayan sido repatriados, como así también la inclusión por afuera de la ley de parientes, familiares y amigos.

“Resulta imprescindible no solo creación de organismos públicos no gubernamentales sino también legislación urgente en materia de violencia simbólica y verbal sobre la mujer, que sea complementaria a la Ley de Protección Integral de las Mujeres sancionada en el año 2009. Creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y adecuación del sistema judicial y de seguridad argentino que hagan institucionalmente efectivas las políticas de igualdad de género, incorporando las estadísticas como elemento de diagnostico y eficacia.

“La liberación de Milagro Sala, sus compañeras y compañeros, significa restaurar en la Argentina la vigencia irrestricta de las garantías constitucionales y los tratados en materia de Derechos Humanos incorporados en 1994 a nuestra Carta Magna. Se deben sancionar herramientas legislativas que tomen como punto de partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas en sus visitas al país, con motivo de la privación ilegal de la libertad de la dirigente social jujeña, sus compañeras y compañeros.

Es necesario crear por ley una comisión bicameral de seguimiento de los juicios de lesa humanidad, con el objetivo de no retroceder en el juzgamiento y cumplimiento de las condenas en causas por dichos crímenes y avanzar en todas aquellas que aún están en proceso. A su vez, debe sancionarse el digesto único en materia de Derechos Humanos para dar coherencia y consolidar la legislación en la materia.

La elaboración de una nueva “Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del Estado Nacional”, resulta imprescindible para actualizar el marco normativo del Sistema de Seguridad Pública. Además, se deberá elaborar una ley-convenio de coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales, articulación imprescindible e impostergable para un efectivo combate contra el delito. La sanción de una Ley de seguridad democrática, como complementaria o modificatoria de la ley de Seguridad Interior (24.059), se hace necesaria para profundizar y ampliar las disposiciones legales sobre seguridad pública y democracia de nuestro sistema normativo, garantizando la gobernabilidad política de la seguridad y su fortalecimiento institucional.”

“Se necesita es tener un Estado inteligente y presente con instrumentos normativos que garanticen a la sociedad el acceso a derechos humanos, tales como la educación, la cultura, la salud y la ciencia. Para ello es necesario retomar una política de mejoras salariales paulatinas y de mejora presupuestaria en salud y educación pública, resguardando los intereses de los más necesitados.

En materia de ciencia y tecnología, más allá de retomar el sendero de mejora en la participación de las actividades científicas, tecnológicas y de educación superior en el presupuesto nacional, el Estado debe necesariamente cumplir un rol indelegable como promotor de grandes proyectos de desarrollo tecnológico a partir de sus definiciones estratégicas y su poder de compra, tales como el desarrollo satelital, la radarización, el desarrollo de la energía nuclear, la exploración y explotación de combustibles fósiles y la mejora de los servicios públicos en general y de los transportes en particular (transporte aéreo, ferrocarriles).

El Mercosur debe generar un amplio consenso a favor de un modelo productivo basado en la industrialización y la mejora de los salarios en todos los países de la región. Para ello, se debe dejar de lado el “regionalismo abierto” y transformar al Mercosur en un único mercado con comercio administrado que asegure el mercado interno ampliado a los productores locales, para avanzar en la industrialización, la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos. El fortalecimiento de la región es, además, presupuesto básico en la defensa de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

Completo, acá.

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