LA FRASE

"QUE DESDE LA VICEPRESIDENCIA SE SOSTENGA UNA AGENDA QUE NO SEA LA DEL GOBIERNO ES ALGO QUE NUNCA SE HA VISTO." (JULIO COBOS)

martes, 19 de septiembre de 2017

DEJÁTE DE JODER


Una de las grandes dificultades de discutir cualquier cosa en la Argentina es que la mayoría habla y argumenta desde la nada, en el aire, sin apoyo en una puta cifra, data o estadísticas que le de más o menos credibilidad a lo que dice. 

Y eso es justamente lo que pasa con el famoso asunto de "la industria del juicio laboral", por lo cual es bienvenida ésta nota de El Cronista en la que se tiraron algunos números; aun cuando hubiera sido deseable que se contara también que pasa con la siniestralidad, es decir si a partir de la sanción del régimen de ART en 1996 hay más o menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; ya que ese fue el argumento con el que Cavallo vendió el sistema en el menemato.

Sin embargo, las cifras que sí da la nota nos permitieron a nosotros hacer algunos cálculos que nos parece llevan a conclusiones muy interesantes. Veamos (las comillas son textual del artículo, las negritas son siempre nuestras): 

"La serie histórica correspondiente al período enero de 2010-junio de 2017 refleja que en el período se iniciaron 623.235 demandas, el 95% de ellas contra las aseguradoras del régimen y el resto contra las empresas empleadoras, de las cuales sobre litigiosidad el 58,9% todavía aguardan una definición por parte de la Justicia." (O sea que 6 de cada 10 juicios nunca se terminaron y aun están sin definirse, sea porque apelan los trabajadores, sea porque lo hacen las empresas o las ART. Cabría preguntarse entonces de donde saca Macri los datos para pegarles a los jueces laborales diciendo que fallan siempre para el mismo lado. Por otro lado esa cifra en siete años y medio considerados -es decir 90 meses- da un promedio anual de 83.098 juicios, sobre un universo de 12.152.200 trabajadores registrados en el SIPA al 31 de mayo de éste año, que antes de diciembre del 2015 eran incluso más. Lo que supone que solo uno de 146 trabajadores hace un juicio por accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir el 0,68 % del total. Después veremos como queda la cosa si incluimos al 35 % de trabajadores en negro) 

"Si se tiene en cuenta que el costo promedio de cada juicio del sistema (resuelto en primera instancia) alcanza los u$s 13.600 (unos $ 235.600), el stock acumulado de demandas sin sentencia judicial representaría hasta junio pasado un costo de u$s 4988 millones." (O sea que el promedio demandado en los juicios laborales equivale a menos de 15 sueldos promedio en la ciudad de Buenos Aires, a abril de éste año. Una bocha de plata. De cualquier modo, esos 4988 palos verdes al tipo de cambio de ayer son 86.691 millones de pesos, divididos por 90 meses del relevamiento da algo más 963 millones de pesos por mes. Esa cifra dividida por los trabajadores registrados en el SIPA da $ 79,26 por trabajador, por mes. Si sumamos los trabajadores en negro, la cifra baja a $ 51,52 por cada trabajador. Tremendo el "costo laboral" de la "espada de Damocles" del terrible "pasivo contingente")

"Entre los actores del sector estiman que las reservas de las aseguradoras para financiar los juicios sin sentencia rondarían los u$s 1900 millones, con lo que apenas estaría cubierto el 40% del pasivo contingente que el sistema acumuló desde 2010." (Aquí caben dos posibilidades: o el sistema de ART es una garcha porque no les exige a las aseguradoras tener reservas para afrontar las contigencias que cubren y para las cuáles cobran una prima, o el Estado no controla que lo hagan. En ninguno de los dos casos es responsabilidad de los trabajadores, y no se entiende que los empresarios sigan defendiendo un sistema que los esquilma; a no ser que las primas suban porque sube la siniestralidad, en cuyo caso deberían probar mejorando las medidas de prevención para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales)

"El relevamiento de la SRT puso de relieve que si bien la reforma del régimen implementada en 2012 logró terminar con la denominada "doble vía" (que habilitaba el cobro de la indemnización del sistema y el inicio de un juicio por vía civil contra el empleador), no consiguió frenar la litigiosidad." (Es decir que lo que por entonces se presentó como la panacea para resolver todos los problemas del sistema -especialmente la litigiosidad elevada- no era tal; razón de más para desconfiar de cuanta reforma propongan estos mismos intereses sobre el tema; más cuando no dan cifras sobre la siniestralidad y lo invertido en prevención)

"Al contrario: mientras que en 2012, antes de los cambios que significaron un significativo incremento de los montos de las indemnizaciones, se iniciaron 64.213 demandas, ese nivel trepó en forma ininterrumpida durante los años posteriores a la reforma. En 2013 la cantidad de nuevos juicios alcanzó a 77.890 presentaciones y en 2014 se iniciaron 84.902 demandas. Pero la gran escalada en la ola de juicios se registró en 2015 y 2016 con 104.602 y 120.205 demandas iniciadas respectivamente." (Con la misma cuenta que hicimos antes, en el 2012 iniciaban un juicio laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional uno de cada 189 trabajadores, o sea el 0,53 %, y el año pasado las cifras ascendieron a uno cada 101 y el 0,99 %, respectivamente; pese a que se eliminó "la doble vía" para -supuestamente- terminar con "la industria del juicio". Si incluimos en el cálculo a los trabajadores informales, las cifras significan que el año pasado -en plena cresta de la "ola de juicios"- habrían iniciado demandas por estas cuestiones uno de 156 cada trabajadores, o sea el 0,64 % del total. Déjense de joder)

1 comentario:

Anónimo dijo...

¿Y si prueban invirtiendo en medidas de seguridad?
El costo promedio de un siniestro es $236.000.
Entonces es más barato pagar un accidente que gastar en medidas de prevención de accidentes.