LA FRASE

"YA TENEMOS TODO LISTO PARA EMPEZAR CON EL PROGRAMA, ESTE AÑO SE LLAMARÁ "CONTAGIANDO POR UN SUEÑO"." (MARCELO TINELLI)

jueves, 7 de septiembre de 2017

DISFRAZANDO EL AJUSTE


En el Boletín Oficial de ayer apareció publicado el DNU 698 (completo acá); que crea la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado dentro de la Secretaría General de la Presidencia

El nuevo ente reemplazará a la Comisión Nacional Asesora Para la Integración de las Personas con Discapacidad, y la Comisión Nacional de Pensiones Sociales, ésta última que funcionaba en Desarrollo Social.

Por el DNU le sacan al ministerio de Carolina Stanley toda la competencia para entender en las políticas vinculadas con las personas con discapacidad, que pasan a la Secretaría General de la Presidencia; incluyendo el otorgamiento de las pensiones por invalidez y las de las Leyes 25.869 (2004) para hemofílicos infectados con HIV, y 26.928 (2014) para personas transplantadas.

Decíme que tiene que ver la Secretaría General de la Presidencia (De Andreis es el cerebro del retorno del fútbol codificado, y de los curros con Avianca, Baires Fly y la flota aérea presidencial) con todo eso. Nada, pero sí con el propósito que persigue el gobierno: reducir drásticamente el número de pensiones.

Evidentemente es como pasó con el Decreto 652 que autoriza a Dietrich a levantar ramales ferroviarios, tras un presunto cambio burocrático se viene un guadañazo de las pensiones sociales y por invalidez, sin asco. Tampoco es casual que la medida se apurara (tanto que se apeló a un DNU) justo cuando la justicia acaba de hacerle lugar a un reclamo para que el Ministerio de Desarrollo Social restituya todas las pensiones que dio de baja.

Hace pocos días desde ATE denunciaban que están en riesgo 600.000 pensiones por invalidez, porque el gobierno revisaría los criterios con que se otorgan, ateniéndose a lo que establece la Ley 22.341 para las discapacidades, y existen numerosas patologías que impiden trabajar (y por eso hacen acreedor a quien las padece de una pensión no contributiva), pero no son calificadas como discapacidades conforme a ese marco legal. Siguiendo este enlace pueden escuchar el reportaje que le hiciera Gustavo Castro en Solar de Radio y FM Chalet al delegado del gremio que lo explica.  

En el anexo del decreto en el cual se describen las funciones de la Agencia se señala que le corresponde "Formular, planificar y coordinar las políticas conducentes a asegurar en todo el ámbito de la Nación el otorgamiento y/o denegatoria de pensiones no contributivas por invalidez y las emergentes de la leyes especiales, dentro del marco de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional." (las negritas son nuestras)

Es decir que si las cosas son como plantean desde ATE, no serán las leyes especiales que dictó el Congreso para determinados tipos de pensiones las que determinen quien la cobra o no, o quien la puede obtener, sino "las políticas emanas del PEN"; que ya sabemos para donde apuntan.

El DNU además crea el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social; que reemplazará a el Consejo Nacional de las Mujeres que integraba el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente hasta hoy de Presidencia.

El Instituto tiene solo un Director Ejecutivo nombrado por el presidente, cuando el Consejo que se disuelve tenía presidente y vice y 8 vocales, que representaban a todas las áreas del Estado con incumbencia en las políticas dirigidas a la mujer. No quieren discusión ni bardo ahí los muchachos, ni siquiera interno. Nada de planteos de "Ni una menos". 

Aunque pareciera que con éste último cambio la compensan a Carolina Stanley por haberle mochado el manejo de las pensiones, en realidad tratan de aparecer compensado lo anterior; que como dijimos, es el preludio de la poda de las pensiones.

No sería raro que para defender la medida argumenten que el Consejo Nacional de las Mujeres sub ejecutaba su presupuesto, lo cual es realidad (ver el cuadro de abajo), pero es culpa de ellos; y tampoco el decreto prevé aumentar las partidas destinadas a las políticas de promoción de los derechos de la mujer:


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