TENER RAZÓN NO ALCANZA

Que Graciana Peñafort tiene una contundencia argumental demoledora para desenmascarar las truchadas del sistema judicial argentino no caben dudas. Y que la "acción declarativa" de certeza intentada por Cristina con su patrocinio ante la Corte para despejar dudas sobre la constitucionalidad de una sesión online o en remoto del Senado tiende a sacarles la careta a los cortesanos, tampoco.

Tampoco caben dudas que Casal, el procurador interino, es un turro e iba a dictaminar como dictaminó: diciendo que la Corte no debe pronunciarse. También es sabido que la oposición especula con sembrar dudas sobre la validez de cualquier sesión del Congreso, y no solo del Senado: los proyectos a tratar (impuesto a la riqueza, eliminación del ajuste por inflación en los balances de las empresas) ingresaron por Diputados porque se trata de impuestos, y Massa también planea que la Cámara sesiones en modo remoto.

Que la oposición procede así porque buscará cualquier excusa para no votar leyes que afectan intereses, es una verdad de perogrullo: chocolate por la noticia, dígannos algo que no sepamos.

Pero la cuestión es que, en política, no siempre y no solo se trata de tener razón, sino de conseguir lo que uno se propone. En éste caso, que las leyes salgan, no sean obstaculizadas por jueces al servicio del poder económico, y se puedan aplicar: que no les pase como a la ley de medios, por citar un ejemplo conocido.

Si la Corte puede maniobrar como maniobra -para ser más precisos, Rosenkrantz- es porque el gobierno no hizo el más mínimo amago de avanzar sobre ellos siquiera con un pedido de juicio político, cuando motivos sobran. Empezando (en el caso de su actual presidente) por haber aceptado asumir el cargo designado por decreto del Poder Ejecutivo, sin acuerdo del Senado; y siguiendo por los numerosos casos de conflictos de intereses que lo involucran.

Y si el procurador interino Casal -puesto a dedo por Macri- pudo dictaminar es porque estaba en funciones, y si estaba en funciones es porque no se lo rajó oportunamente; así como tampoco se designó a alguien intachable en su reemplazo (como Rafecas por ejemplo) por decreto del presidente en comisión, cuando el Congreso aun estaba en receso al asumir el nuevo gobierno.

En ese caso sí se podía aplicar el artículo 99 inciso 19) de la Constitución: "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.". 

Si no se hizo entonces y se respetó el dedo de Macri, no vale quejarse ahora: de aquellos polvos, estos lodos. Del mismo modo que se demoró tanto la anunciada reforma judicial, que se la terminó llevando puesta la pandemia.

Como también nos encontramos en éste trance, en que los proyectos que son cruciales en la coyuntura (sobre todo el impuesto a la riqueza) están en riesgo porque sobrevino la pandemia, porque no los tratamos y aprobamos antes.

Y si bien en diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno y se envió al Congreso el proyecto de ley de emergencia, nadie podía imaginar que aparecería el coronavirus, si se podía imaginar que las 12.000 personas más ricas del país debían contribuir en la medida de su riqueza y pagando impuestos, a solventar a un Estado quebrado: necesidad había, y justicia le sobraba al planteo.

Y era muy sencillo saberlo, porque la fuerza política hoy gobernante lo hizo saber por medio de su candidato a presidente, cuando decía -por ejemplo- que entre los jubilados y los bancos, se quedaba con los jubilados. Y por la candidata a vice, que se preguntaba -y aun hoy lo sigue haciendo- quien iba a pagar la crisis que nos legó el macrismo.

Que teníamos razón en todo entonces, y la tenemos ahora, es harto sabido. Como es sabido que con tener razón no alcanza; en política no cuentan los triunfos morales.