UN AJUSTE RARO

Que los tiempos post Macri eran difíciles para todos, no caben dudas. Y que la pandemia vino a complicarlos aún más, ni hablar. Y que acá en Santa Fe a todas esas complicaciones hay que añadirles las que creó el socialismo, ni hablar: desde la situación financiera en la que dejaron la provincia (con una abultadísima deuda con proveedores y contratistas), hasta los elevados niveles de tarifas fruto de varios aumentos al año, durante 12 años.

Sumémosle a eso el rechazo de la ley de emergencia que Perotti envió a la Legislatura en diciembre del año pasado (sin debate, al archivo la mandaron), y la demora en aprobar la ley de necesidad pública, durante casi dos meses, ya en medio de la pandemia.

Precisamente en la ley de necesidad pública se planteaba que el gobierno provincial necesitaba acceder a financiamiento para poder sostener en el tiempo el congelamiento de las tarifas de luz, agua y peajes provinciales que el gobernador decreto en enero, como veíamos acá.

Un congelamiento que ahora prorrogó por cuatro meses más (120 días), a propósito de la crisis por el coronavirus; como muestran las imágenes del  decreto que ilustra el post.

Un poco antes de eso, el 24 de marzo pasado y por el Decreto 283, Perotti se alineó con lo dispuesto por el presidente, en cuanto a que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias de los sectores más vulnerables, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020; prohibición que rige por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos.

Entre los beneficiarios de ésta última medida -como en el decreto nacional- se encuentran los que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; los beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; los jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; los trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes, los incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y los exentos en el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano.

En el caso de los usuarios no residenciales, quedaron comprendidos en el beneficio las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

El congelamiento de tarifas -que ahora se extendería hasta el mes de agosto,- beneficia por supuesto a todos los usuarios de los servicios, residenciales o no residenciales.

Lo interesante del caso es que éstas medidas llegan en un contexto difícil para la gente, pero también para el Estado, que ve mermar sus ingresos, por la caída de la actividad; mientras debe hacer frente a gastos cada vez mayores en el marco de la emergencia por coronavirus.

Y un gobierno (el de Perotti) que toma éstas medidas mientras la oposición política en la provincia y los medios que le hacen coro anuncian a diario ajuste, privatizaciones y penurias para el conjunto de los santafesinos, por acción de ese gobierno.