En los tiempos de la "no noticia", o de "la previa a la noticia", todo puede pasar, como el título de la imagen de apertura; sacado de la tapa de Clarín de hoy, y que corresponde a esta nota; en la que a propósito de declaraciones de Capitanich dicen que el gobierno buscaría regular los porcentajes de ganancias de las empresas, para evitar abusos de los formadores de precios.
Cosa que si se pudiera efectivamente hacer (¿se imaginan las cautelares, cuanto tardarían los jueces en declarar inconstitucional una ley así?), nos parecería sumamente razonable.
Algo como la llamada "ley de precios justos" que se aprobó en Venezuela, a partir de la "ley habilitante" que le dio facultades al gobierno para enfrentar lo que ellos llaman "guerra económica"; pero imagínense la repercusión si acá el gobierno impulsara algo por el estilo: de hecho el título catástrofe de Clarín apunta a inducir la idea de que planea hacerlo.
Pero acá estamos hablando de otra cosa, o de lo mismo (como los empresarios especulan para maximizar ganancias), con otra respuesta del Estado: como Clarín hace rato dejó de informar en concreto de lo que habla en cada nota (aun cuando se trate de declaraciones públicas de algún funcionario, como en éste caso), fuimos a otros medios.
Vemos acá en Ambito y acá en Tiempo Argentino que a lo que está apuntando el gobierno según Capitanich es a mejorar las regulaciones de defensa de la competencia, para evitar el abuso de posiciones dominantes de aquellos formadores de precios que están en condiciones de imponer su lógica a toda la cadena de comercialización; maximizando sus ganancias.
De hecho las declaraciones del Jefe de Gabinete se conocieron luego de una reunión con la cadena de valor de las golosinas y el aluminio: Arcor y Aluar tienen algo que decir respecto de posiciones dominantes, e influencia en la formación de los precios.
Según se desprende de lo dicho por Capitanich, el gobierno apuntaría también a garantizar el poder disuasorio de las sanciones que el Estado puede aplicar a los que violan normas como las de defensa del consumidor o la competencia, abastecimiento o lealtad comercial: en ese sentido van los proyectos que presentó Aníbal Fernández en el Senado.
Es decir las mínimas y elementales regulaciones públicas que existen en todos los países capitalistas del mundo, que nos ponen cotidianamente como ejemplo de seriedad.
Sin conocer los detalles de los proyectos sobre regulación de las competencias (los de Aníbal apuntan a quitarle efectos suspensivos a los recursos judiciales contra las sanciones), nos parece que la idea va en la dirección correcta para atacar a fondo uno de los componentes más decisivos del fenómeno inflacionario en el país, y así lo hemos señalado en éste blog en diferentes oportunidades.
Por ejemplo en ésta entrada en la planteábamos replicar el esquema desmonopolizador de la ley de medios en otros sectores de las economía (se graficaba allí el caso de las empresas que controlan la fabricación de productos alimenticios, de limpieza e higiene personal); o en ésta otra en la que sugeríamos tomar como ejemplo de regulación el caso del papel para diarios, o la medicina prepaga; donde el Estado incluso se mete en el análisis de los costos empresariales para autorizar incrementos de precios, o administrar su evolución.
Decíamos también entonces que la propia Ley 25.156 de defensa de la competencia, o los tribunales arbitrales que crea (y que en apariencia el gobierno buscaría reactivar) podrían ser herramientas necesarias pero insuficientes para encarar el problema; pero que no por eso deben desecharse, sino en todo caso potenciarse.
Por supuesto que no será fácil porque enfrente hay empresarios acostumbrados a medrar en la ley de la jungla (justamente cuando falta o falla la regulación estatal), o que ni siquiera aceptan controles mínimos sobre su actividad; como por ejemplo declarar en detalle las existencias y movimientos de su producción (acá vemos el caso del "campo" con la nueva regulación de la AFIP sobre el comercio de granos); pero luego reclaman "reglas de juego claras".
O que insisten en la teoría del "costo salarial", y piden moderar "los desbordes en las paritarias", luego que remarcaron ferozmente precios asegurándose tasas de ganancia exorbitantes; como vemos acá al inefable Funes De Rioja, representante nada menos que de la COPAL (la cámara que nuclea a las principales empresas alimentarias del país).
Pero si fuera fácil, hasta el gobierno de De La Rúa (que nombró frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia al abogado que diseñó después el plan de adecuación de Clarín a la ley de medios) lo podría haber hecho.
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