SEÑALES Y PROMESAS

Por Raúl Degrossi

Leemos al golpeador de puertas Mariano Obarrio en La Nación de ayer informando sobre presuntas reuniones secretas de Cristina con la cúpula empresarial de la UIA, acordando entre otras cuestiones poner un techo a los aumentos salariales en las paritarias por venir, o comprometiéndose a lograrlo.

Es curioso como un periodista desmentido en público por funcionarios del gobierno (recordar el caso de Randazzo cuando el escrutinio definitivo de las primarias, que fue lo que dio lugar al portazo de Obarrio) sigue teniendo acceso a fuentes calificadísimas (y que ni siquiera identifica) dentro de ese mismo gobierno.

Y también es muy curioso como los compromisos y promesas supuestamente hechas por la propia Cristina a la UIA, coinciden como dos gotas de agua con los reclamos de la cúpula empresarial: basta ver el listado de pedidos empresarios que figuran al final de la nota, para darse cuenta.

Pedidos que son los mismos de siempre, sin importar cual sea la coyuntura económica que el país atraviese: subsidios estatales, rebaja o exención de impuestos, acceso al crédito, terminar con la "industria del juicio", contención a las demandas salariales. 

Es más racional creer que Obarrio urde la nota en base a una supuesta fuente oficial (que no existe) tomando como base hechos ciertos, como por ejemplo el rechazo de Cristina a la discusión en el Congreso del proyecto Recalde sobre participación en las ganancias o su referencia al asunto de la doble vía en los reclamos por accidentes de trabajo; o las reuniones sectoriales de Débora Giorgi con las distintas cámaras empresariales en el marco del Plan Estratégico Industrial 2020.

El famoso 18 % de techo en la negociación salarial de las próximas paritarias no fue oído nunca en público de ningún funcionario del gobierno, y el mismo planteo (poner un tope a los aumentos) lo vienen haciendo los empresarios desde el 2003, siempre con el mismo resultado: nulo.

Porque es cierto que -hasta que la relación con el gobierno se tensó- el convenio de los camioneros fue tomado como referencia para las negociaciones (como en los años 70' era la escala salarial de la UOM); pero lo es también que los porcentajes de aumentos salariales de los distintos sectores dependen de muchísimas variantes, como por ejemplo sus rentabilidades, o el grado de atraso salarial de cada uno, y en ningún año desde el 2003 para acá hubo uniformidad en la materia.

Este tipo de aprietes empresariales son un clásico para calentar el clima a la hora de sentarse en la mesa de negociación, lo mismo cuando aluden a la pérdida de competitividad (léase: no poder mantener las fenomenales tasas de ganancias actuales), o  cuando -instados por Cristina a bajar costos- apuntan para el lado de los salarios.

Acá Artemio López con datos precisos de la evolución de la productividad laboral (léase tasa de explotación de la mano de obra por los dueños del capital), demuestra con números que los buenos muchachos de la UIA tienen espaldas de sobra para asumir un aumento salarial mayor al cepo del 18 %.     

Que además es políticamente inviable, no sólo porque Cristina ha dicho muchas veces que nunca será neutral en la disputa entre el capital y el trabajo (se ve que esa parte del discurso De Mendiguren y Obarrio se la perdieron); sino porque el clima de tensión que hoy domina la relación del gobierno con la CGT (ni hablemos los demás sectores del sindicalismo con los que nunca tuvo puentes, excepto la CTA de Hugo Yasky) no es el marco más adecuado para ir a pedirle a Moyano que modere los reclamos suyos, y de los demás gremios.

Por esa razón el análisis de la UIA y de Obarrio (que lo disfraza de información proveniente de fuentes oficiales) es de un primitivismo muy elemental para analizar la dinámica política del sindicalismo, y su inserción dentro del dispositivo político oficial.  

Otro ejemplo lo demuestra: ¿por qué razón los gremios se pondrían en contra o al margen de un acuerdo que apunte a sostener o aumentar puestos de trabajo, como el mismo artículo dice que es la intención de Cristina? 

Cualquiera que conozca la dinámica del mercado del trabajo, sabrá que si la tasa de desempleo se mantiene baja, o tiende a disminuir, los salarios tienden al alza, y por el contrario, cuando el desempleo aumenta, es más fácil a los empresarios imponer negociaciones salariales a la baja.

Tan absurdo es el planteo empresarial (traducido por Obarrio como acuerdo sellado con el gobierno)  que incluye entre los "costos laborales" el reparto de las ganancias de las empresas a sus trabajadores, cuando no se aplica sino en contadísimas firmas (como FATE), y acaba de ser desechado por Cristina.

Por otra parte es un contrasentido diferir la discusión de ese derecho (consagrado por la Constitución) a las paritarias, y pretender ponerles a éstas un techo salarial, desde el poder del Estado.

Como dijo Cristina en la UIA: quieren la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos estos muchachos. 

Buena parte del rechazo al proyecto Recalde (sumado al atávico amarretismo de la burguesía argenta) tiene que ver con que les permitiría a los sindicatos acceder a la contabilidad y los balances de las empresas,  si bien ya pueden hacerlo con aquéllas obligadas a presentar el llamado balance social; que son justamente las comprendidas en el proyecto.

Si ese acceso a la información por parte de los sindicatos (descalificado como "cogestión obrera", lo que es un absurdo) se generalizase, muchos reclamos por "aumento de costos laborales" o "pérdida de competitividad" quedarían al desnudo como lo que son: patrañas.

Lo mismo vale decir de la famosa "industria del juicio": la nota de La Nación habla de costos para las empresas por indemnizaciones y honorarios profesionales por accidentes de trabajo del orden de los 2700 millones de dólares, que hay que confrontarlos con los 65.000 millones de billetes verdes que las mismas empresas habrían invertido este año según el artículo (debe haber un error en la nota, porque el porcentaje sobre el PBI autoriza a pensar que en el monto estaría comprendida la inversión pública).

Con ese nivel de inversión, se puede tener una idea del nivel de ganancias, y en consecuencia lo supuestamente pagado por los juicios -que dicho fuera de contexto parece mucho dinero- es un vuelto, poco más del 1 % del PBI.

Del mismo modo, 70.000 trabajadores litigando por esas causas (perfectamente evitables en muchos casos, si los patrones cumplen con las normas de higiene y seguridad del trabajo), en un universo laboral de más de 8,5 millones, son apenas el 0,82 % de la fuerza laboral.

Por lo demás, la legitimidad jurídica de la doble vía (al igual que la inconstitucionalidad de muchos artículos de la Ley 24.557) fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en innumerable cantidad de fallos, ¿acaso los empresarios no se la pasan reclamando seguridad jurídica y reglas claras?, ¿o eso sólo significa que los dejen hacer lo que se les cante, y levantándola con pala?    

En la misma nota de Obarrio se toma cuenta de los pedidos del gobierno a la cúpula empresarial: compromisos de inversión para apuntalar el crecimiento de acuerdo a las metas del Plan Estratégico 2020, y reinversión de utilidades en el país, limitando las transferencias al extranjero; que además impactan en la balanza de pagos, y suman tensiones al tipo de cambio.

Esta nota de Claudio Scaletta en Cash de ayer brinda un acertado panorama de la "burguesía nacional" con la que tiene que moverse Cristina (en tanto encarnación del poder político del Estado) para negociar alguna forma de pacto social, una idea tan cara a los afectos del peronismo.

Desde las limitantes jurídicas existentes (los tratados bilaterales de inversiones y la ley de inversiones extranjeras, como se dijo acá), hasta el comportamiento habitualmente rentístico de nuestra dichosa burguesía nacional (cada vez menos burguesía, y desde hace rato menos nacional, aunque con una leve mejoría al respecto como apunta acá Diego Rubinzal); eso que Aldo Ferrer llama "falta de densidad nacional", crean un marco concreto desde el cual debe medirse la consistencia de las "promesas" de los empresarios, y esa consistencia es la que determinará sin duda las "señales" y los compromisos que el gobierno pueda asumir con ellos.   

Por esas razones, y por esa prosapia peronista de la idea del pacto social (que para el movimiento fundado por Perón no es sólo un asunto económico, sino político y de primordial importancia) y de la misma Cristina, hay que tener claro que -tirrias con Moyano aparte- para el peronismo al menos en su modalidad actual (hegemonizada por el kirchnerismo) ese pacto social nunca puede ser alcanzado sin los trabajadores, y menos contra ellos.

Algo que quien conduce los destinos del país -y lo seguirá haciendo por otros cuatro años por decisión de una mayoría abrumadora del pueblo argentino- tiene perfectamente claro.

Quizás sea el momento de pensar si no es necesario dar señales más contundentes en ese sentido, para que lo entiendan los que están subidos a la operación de apropiarse del triunfo electoral del 23 de octubre.