UN EJEMPLO DE RADICALISMO PROGRESISTA

El personaje de la foto es Orfilio "Chacho" Marcón, senador provincial por el Departamento General Obligado y hombre de la UCR; autor de estas increíbles declaraciones que recoge Rosario 12, en referencia a las denuncias judiciales contra policías por torturas a detenidos en Florencia y otras localidades del norte provincial.

Declaraciones que motivaron la respuesta del diputado provincial Eduardo Toniolli del Movimiento Evita; que recoge íntegramente acá Barricada.

Toniolli se viene ocupando (en su condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara) de las violaciones a los derechos de los detenidos perpetradas por las fuerzas policiales provinciales en el norte; y de los desalojos compulsivos de pequeños productores rurales en la misma zona de la provincia, una práctica tan extendida que hasta generó la necesidad de que la Legislatura provincial dictara una ley para suspenderlos.

Muestras de una cultura política que parece anclada en los tiempos de La Forestal, en la cual la justicia y la policía son meros brazos ejecutores de las acciones que dicta la conveniencia de los intereses de los poderosos, a los que buena parte de la dirigencia política (como Marcón) parece resignada a rendir pleitesía.

Aparatos judiciales y policiales que obran con más celeridad y encomio si se roba una vaca, que si matan a un peón; y que salen disparados en el primer caso a buscar rápidamente culpables para calmar las protestas del garcaje, aunque tengan que torturar inocentes para conseguirlo, y calmar la furia propietaria.

Aparatos que tienen además fortísimas complicidades con las redes del narcotrárfico que operan en el norte provincial y desde allí se trasladan hacia todo el territorio santafesino; y en muchos casos, conexiones comprobadas con la represión ilegal en los años de plomo: esos aparatos son los que salió a defender el senador Marcón, contra los presuntos ataques de los que (como Toniolli) "se bandearon demasiado con los derechos humanos", tales los textuales términos de su exabrupto.

Exabrupto que no fue condenado por nadie dentro de la propia UCR provincial (con la solitaria excepción del vicegobernador Henn, y muy medido por cierto), ni por sus socios en el Frente Progresista Cívico y Social: uno no espera que lo haga gente como Favario (al fin y al cabo, funcionario de la dictadura militar), pero no deja de sorprender el silencio del socialismo (empezando por los mismísimos Binner y Bonfatti); cuando las denuncias de Toniolli por violaciones a los derechos humanos por la policía santafesina en éste caso, fueron acompañadas por el oficialismo provincial.

Marcón no es, ni de lejos, una figura extraña en el radicalismo provincial; por el contrario es un típico representante de un partido que en Santa Fe se apoya en el predominio territorial de dinosaurios de su especie, que a poco que abren la boca dejan en claro lo que realmente piensan, y a que intereses representan. 

Ojo: los hay también en el PJ santafesino y en especial en el Senado, como que son exponentes de una cultura política que traspasa los límites partidarios; como se señalaba antes.

En sus declaraciones Marcón hizo cartón lleno: cuestionó implícitamente el derecho de los jóvenes a participar en política (recordemos la postura original del radicalismo ante el voto a partir de los 16 años), y en el caso particular de Toniolli, la legitimidad del ejercicio del mandato que le confirieron los santafesinos con su voto.

Expresó una idea idea de reutemanismo explícito (aquélla de alambrar los territorios para evitar las intromisiones foráneas, en éste caso en su Departamento), en el mejor registro de política feudal del ex corredor, y desvalorizó la lucha por los derechos humanos, que al parecer debe encontrar límites dados por cierto sentido común, no casualmente coincidentes con los nervios sensibles de los poderosos.

Como también dejó sentado para quienes rigen las garantías e instituciones del Estado: para los dueños del capital, fueron sus propìas palabras.

El silencio de toda la dirigencia de la UCR y de los demás partidos que conforman el FPCyS (incluyendo en primer lugar al socialismo, que en la persona de Binner se hizo tiempo por estos días para divagar sobre la situación de Venezuela, o solidarizarse con los fondos buitres), no puede sino interpretarse como complicidad.

Y como demostración de que lo sucedido en el caso Tognoli (expresión visible y ruidosa de un modo de entender la relación entre la policía y el poder político) no fue una simple casualidad; porque ocurrió en un marco conceptual asumido por el Frente Progresista que gobierna la provincia: a la policía no hay que atarle las manos, y dejarle zonas liberadas para que actúe según sus propias determinaciones, sea para gobernarse a sí misma, o para actuar como brazo ejecutor de los designios de ciertos intereses.

Una marco conceptual muy consistente con otras actitudes de los propios dirigentes del oficialismo provincial (por ejemplo su alineamiento sin fisuras con las patronales del campo en el conflicto de las retenciones móviles), pero escasamente congruente con las constantes apelaciones al progresismo de la dirigencia nacional del radicalismo, empezando por su presidente, nuestro coterráneo Barletta.