TRES A CERO

No nos vamos a desdecir ni una coma de lo dicho acá, en el post anterior, sobre la justicia, sus cuitas, su rol político y como juega.

Ni siquiera ante una resolución (en realidad un dictamen) de un funcionario judicial que dice lo obvio: que la ley de medios se ajusta a la Constitución Nacional.

Opinión que por supuesto La Nación (aun sin conocer los fundamentos) tiñe bajo el manto de sospecha: el fiscal dictamina en medio de la presión del gobierno contra la Cámara (que no se sintió muy presionada que digamos, hasta acá), y días después de las declaraciones de Gils Carbó (su jefa), contra el funcionamiento de la justicia; y las presiones corporativas.

Jefa nombrada por el kirchnerismo, pero que en el Senado fue confirmada por 69 votos a 3, detalle que La Nación pasa por alto. 

Sin embargo sí vamos a apuntar un hecho, que entendemos no debe ser pasado por alto: en el larguísimo culebrón judicial por la ley de medios, abundaron las chicanas procesales, las trampitas, los jueces subrogantes elegidos a dedo, las cautelares veloces, y mamarrachos varios; historiados en su momento acá.

Sin embargo, en todo ese tiempo sólo tres funcionarios judiciales emitieron opinión sobre el fondo de la cuestión en discusión; es decir si la ley de medios se ajusta o no, a la Constitución.

Y los tres (el fiscal Uriarte en el juzgado de primera instancia, el juez Alfonso y ahora el fiscal Medrano en la Cámara) dijeron lo mismo: que sí.

Un tres a cero contundente, al menos hasta acá.

Es decir que en casi cuatro años de disputas judiciales, con todo su ejército de abogados y su lobby en tribunales (visita de Magnetto a Lorenzetti incluida), viajes pagos a Miami incluidos, el Grupo Clarín no pudo lograr -hasta acá, los camaristas podrían ser los primeros- que un sólo juez o funcionario judicial analizara el fondo de la cuestión, el corazón de la disputa, y que diga que ellos tienen razón.

No pudo lograr -reiteramos, hasta acá- que ninguno ponga el gancho diciendo que el Congreso nacional no puede dictar una ley inherente -entre muchas otras cosas- a "la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados". 

Como dice textualmente (de ahí sacamos lo entrecomillado) el artículo 42 de la Constitución Nacional.

O alguien que diga que 24 licencias (el máximo que permite la ley) son pocas, y 302 (las que tiene Clarín) están bien, ajustadas a la Constitución.

Por algo será.

Y acá volvemos a nuestra ratificación del post anterior: si eso, que está tan claro (ya que hasta el propio silencio judicial al respecto lo convalida), no se puede hacer realidad, simplemente cumpliendo con una ley de la democracia, es porque queda claro cuáles son los intereses que tienen preeminencia en los tribunales; que no son justamente los del gobierno, o el poder político.

Al menos cuando de confrontar con el poder económico se trata, claro.