EL BULLDOG SE SUMA A LOS FESTEJOS POR LA DÉCADA GANADA

Justo cuando se cumplen diez años de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final durante el gobierno de Néstor,  leemos a López Murphy: "Falsearía la opinión de ustedes y mi propia convicción si no reconociera que la vocación de recomponer el perdón mutuo y la conversación está disponible. Eso no es cierto. Ninguno de los que ejerce el poder hoy ejerce esa vocación ni esta dispuesto a hacerlo. Superado este elenco de gobierno, veremos”, se esperanzó. Aunque también criticó a los partidos políticos de la oposición: “En la propia campaña electoral no han escuchado una sola mención a este tema. Creo que hay que ser realistas”, se lamentó.

“Se vivió una guerra. Y el país, en el orden institucional, juzgó, condenó, limitó la pretensión punitiva con la ley de Punto Final y estableció los términos de cómo debía interpretarse la Obediencia Debida. Esa fue la forma en que el país encauzó la tragedia que vivimos. Otro presidente luego, en uso de sus facultades concedidas por la Constitución, indultó. Y en esos indultos resumió y concluyó el proceso que la Argentina había vivido. Cuando asumí como ministro de Defensa, no quedaba en ese sentido ningún proceso pendiente”, salvo los relativos a causas por “cambio de identidad” y “enriquecimiento ilícito”, expresó.

López Murphy afirmó que la nueva Corte Suprema creó, después del estallido de 2001, una “situación jurídica extremadamente delicada” al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. “Establecieron una doctrina exótica, según la cual el terrorismo ejercido por las organizaciones tiene un tratamiento distinto del terrorismo, o de los actos calificables como terroristas que hayan sido organizados y soportados por el Estado”, manifestó.

“Se dio un paso siguiente, que fue declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y se generó la doctrina de que era posible juzgar los casos de la lucha antisubversiva con una legislación que en los hechos no existía en la Argentina y que se aplicaba de manera forzada. Bajo ese criterio, los episodios vividos volvieron a ser juzgados cambiando las prescripciones del derecho penal. Desgraciadamente, hemos vuelto a una situación extremadamente grave donde se ha podido juzgar con leyes retroactivas, algunas veces dos veces hasta la misma causa, no se ha aplicado la legislación más benigna: es decir, el derecho penal en las naciones civilizadas”, se quejó.

Y reconoció, con pesar: “Veo muy complejo que esa situación legal que se ha creado, las condenas que se han creado, puedan cambiar. Hoy ustedes no ven a ningún diputado como el doctor Vanossi, que tuviera el coraje de plantear en las Cámaras, una ley de amnistía como una forma de resolver lo que había ocurrido. Hoy no hay ningún diputado ni senador en las Cámaras que este en actitud anímica, intelectual y personal de actuar de esa manera”.

“Dadas estas circunstancias, el único camino viable es un reclamo de derecho humanitario. En ese sentido, la prioridad en el camino a seguir debe ser: reclamar la igualdad ante la ley. En nuestros códigos penales no está previsto que personas de más de setenta años estén alojados en establecimientos penitenciarios. En primer término, porque las cárceles no están preparadas para ellos, para esa edad, para los problemas de salud. En segundo lugar, porque es mejor preservar esos establecimientos para gente que sea peligrosa; hay gente que no tiene esas circunstancias”, pidió.

“He sugerido y he orientado a que se libre un esfuerzo muy grande para que los juicios sean justos. Juicios justos quiere decir que tengan todos los atributos del debido proceso para evitar que arbitrariamente se pueda condenar a una persona sin cumplir con los extremos de la legalidad”, dijo, desconociendo que los procesos en curso cumplen con todas las normas del debido proceso." (las negritas son nuestras)

Seguramente ya debe estar en prensa el comunicado de repudio del senador Morales y Gil Lavedra (que compartieran el gobierno de De La Rúa con el Bulldog), tan preocupados últimamente por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.