ARGENTINA ¿PARAÍSO FISCAL?

Eliminaron todos los controles para el ingreso de capitales al país, y redujeron el "encaje" de fondos que tienen que dejar inmovilizados los inversores del exterior en bancos, de un año y medio, a 120 días.

Habilitaron la posibilidad de que los extranjeros e inversores minoristas compren LEBAC's (que están cotizando un 38 % a 35 días) y con los pesos ganados se pasen a los contratos de dólar futuro (que se quintuplicaron), generando una ganancia de entre el 12 % y el 24 % en dólares, que pueden sacar del país sin inconvenientes, cuando quieran. 

Extendieron el plazo para que los sectores exportadoresingresen al país las divisas y las liquiden en el mercado oficial de cambios, de 15 días hasta 180.

Derogaron la obligación de los operadores de granos de informar los contratos de compraventa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Quieren derogar la Ley 26.831 que regula los mercados de capitales, y en especial su artículo 20; que faculta a la la CNV a designar veedores en las empresas que cotizan en bolsa, a pedido de los accionistas minoritarios.

Eximieron a las empresas de la obligación de informar a la Secretaría de Comercio sobre sus estructuras de costos y la conformación de los precios en las distintas etapas de las cadenas de comercialización. 

Terminaron con los controles cruzados entre la AFIP (DGI yAduana) y el Banco Central sobre las operaciones de comercio exterior, para detectar sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y triangulaciones con otros países para hacer ilegalmente de divisas, o evadir impuestos.

Desregularon el mercado financiero eliminando los pisos para las tasas activas y el techo para las pasivas, junto con los topes por los cargos y comisiones que perciben los bancos por los servicios que prestan a sus clientes.

Eliminaron todas las restricciones para el acceso a las divisas, incluyendo el giro de dividendos de las multinacionales a sus casas matrices sin ninguna limitación, mientras anuncian que autorizarán importaciones con hasta un año de antelación, al tiempo que el Estado contraerá deuda en dólares para financiar gastos corrientes y el Banco Central no aumentará sus reservas comprando los dólares excedentes porque "hay que emitir moneda y genera inflación"; todo lo cual es una formidable invitación a la fuga de capitales. 

Cerraron el Cefid-Ar (Centro de Economía y Finanzas para El Desarrollo Argentino), centro de estudios creado por el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para el estudio de los procesos de endeudamiento externo, concentración económica, evasión tributaria y fuga de capitales.

La Inspección de Justicia (IGJ) prorrogó los plazos para que los oficiales de cumplimiento (responsables) de las normas sobre lavado de dinero presenten el reporte y la declaración jurada que corresponden en los casos de personas "políticamente expuestas" que integran fideicomisos; o participan de ellos.

La misma IGJ que excluyó de su control a los fideicomisos que no integran las sociedades sometidas a su control, y canceló su registro; y en el caso de los fideicomisos integrados por personas o sociedades que sí controla y registra, eliminó la obligación de otorgar declaración jurada de que no se encuentran en ellos "personas políticamente expuestas". 

Despidieron a la tercera parte de los empleados de la Unidad de Información Financiera, y disolvieron el área de delitos y fraudescambiarios del Banco Central archivando más de 100.000 sumarios por infracciones a la Ley 19.371 (ley penal cambiaria); al par que designaron al frente de la UIF a la abogada que defendió al banco HSBC en causas judiciales por lavado de dinero.

La nueva conducción de la UIF (integrada por gente queviene de los estudios jurídicos que asesoran a los principales bancos yempresas con causas judiciales por lavado) ya anticipó que buscará difundir "recomendaciones" sobre el cumplimiento de las normas anti-lavado, antes que aplicar sanciones por su incumplimiento.

Impulsan una ley para recortarle las atribuciones a la Procuradora General, entre ellas las de crear unidades especiales por temas, como la PROCELAC (para el lavado de activos de origen delictivo). 

El Congreso aprobó por amplia mayoría una ley para pagarles sumas millonarias a los fondos buitres, renunciando a oponer cualquier defensa que pudiera asistirle al Estado contra sus demandas; e incluyendo en los pagos juicios pendientes de resolverse, juicios prescriptos y con demandas desestimadas, a litigantes muertos y a otros a los que les falsificaron las firmas. 

La mayoría de los bancos acusados en la investigación internacional por lavado de los "Panamá papers" por haber facilitado la plataforma financiera para las maniobras ilegales (entre ellos el HSBC, el Crédit Suisse, Societé Generale y UBS) están entre los que le aportaron dinero al gobierno a través del "repo" de 5000 millones de dólares para las reservas del Banco Central; y van a intervenir en la colocación de deuda para pagarles a los fondos buitres. 

Al presidente le descubren una sociedad off shore no declarada en un paraíso fiscal y la AFIP avala que no la haya declarado, mientras que la titular de la Oficina Anticorrupción (ex lobbista rentada de los fondos buitres, en una ONG financiada por ellos) sale a aclarar expresamente que la práctica no constituye delito, mientras la vicepresidenta explica que el presidente le explicó que la crearon "por las dudas".

En conferencia de prensa, el jefe de gabinete se remite a lo que dijo el padre del presidente (a la sazón parte junto con él de la empresa), sin aportar ninguna prueba o documentación de sus dichos en cuanto a que la sociedad no tuvo giro, no hizo ningún negocio concreto y no tenía ni siquiera cuenta bancaria; lo que ya de por sí es una admisión de que era ficticia, y por ende con toda certeza, constituida para lavar dinero de origen ilícito o evadir impuestos en el país. 

¿Tiembla Panamá?