En los primeros días del gobierno de Macri y en medio de las apelaciones diarias del presidente y sus funcionarios a la "pesada herencia recibida", todos los días nos desayunábamos con una nueva "emergencia" en algo".
Primero fue la "emergencia en estadísticas" que partiendo de las críticas al INDEC, dispuso el "apagón estadístico", y la "discontinuación" en la publicación de todo tipo de estadísticas oficiales, hasta nuevo aviso.
Muy conveniente cuando justamente la inflación mensual pasaba a duplicarse primero y triplicarse después, por las medidas tomadas por el gobierno: devaluación, eliminación de retenciones y aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
Ni hablar de lo conveniente que es no tener ningún índice inflacionario oficial (sobre todo cuando uno cacareó por años con el "Indice Congreso" siendo oposición) para plantear la discusión en las paritarias "por productividad", o por "metas de inflación esperada".
Después a los pocos días vino la "emergencia en seguridad" surgida de esa inagotable cantera de genialidades que es la cabeza de Patricia Bullrich, para -supuestamente- "terminar con todas las formas del crimen organizado", empezando por el narcotráfico y la trata de personas. Que después vinieran Costa Salguero y el acoso estatal a la fundación de Susana Trimarco, son apenas detalles.
Según veíamos acá, el objetivo central de esta nueva "emergencia" eran -básicamente- curros: contratar en forma directa, sin licitación pública ni difusión en el Boletín Oficial y en forma secreta, equipamiento para las fuerzas de seguridad; de preferencia made in USA, por los compromisos asumidos por el gobierno con Obama.
Pero parece que los tiempos han cambiado: en cuestión de unas pocas horas los legisladores y funcionarios del oficialismo rechazaron los proyectos presentados en Diputados para declarar la emergencia ocupacional en todo el país (ver acá), y la emergencia hídrica, sanitaria, social, económica, vial y agropecuaria en las provincias del Litoral (incluyendo la nuestra) afectadas por las lluvias y la crecida de los ríos (ver al respecto, acá).
En el primer caso el proyecto consensuado por diferentes bloques opositores (FPV, justicialista, FR, socialismo) apunta a prohibir los despidos hasta fines del 2017, en el caso que se produzcan duplicar la indemnización; y que los trabajadores despedidos desde el 1º de marzo puedan optar por percibir la indemnización, o ser reintegrados a su puesto de trabajo.
El gobierno lo rechazó con el insólito argumento que de ese modo se frena la creación de empleo (que viene bárbaro, como todos sabemos), y que no sería necesaria la emergencia ocupacional hasta que el desempleo medido por el INDEC (que no lo está midiendo, por lo antes expuesto) llegue al 10 %.
Si tenemos en cuenta que hace unos días Macri pactó con los burócratas de las CGT aumentar el subsidio por desempleo (medida incluida en el "paquete social" anunciado el sábado pasado) y que el Ministerio de Trabajo viene dando sistemáticamente de baja los REPRO en todo el país, llegamos a una conclusión bastante clara: están subsidiando los despidos, y pretenden que la tasa de desempleo llegue por lo menos a los dos dígitos, para forzar la discusión salarial a la baja en las paritarias que aun no se cerraron; e impedir la reapertura en las que se pactaron por seis meses.
Es decir, atacar la inflacióin que ellos mismos generaron por el lado de la demanda, coherente con la suba sostenida y sistemática de las tasas de interés (el BCRA mantuvo las LEBACS al 38 %): algo así como bajar la fiebre matando al enfermo.
En el caso de la emergencia por las catástrofes naturales en el litoral, la postura es directamente inentendible porque se trata de buena parte de la "zona núcleo" no solo de la producción sojera, sino del triunfo electoral de "Cambiemos".
Claro que es cierto también que hasta acá y además de palmaditas en la espalda, devaluación y eliminación o rebaja de retenciones (que resolvieron los problemas de unos pocos en cada sector) el gobierno no ha hecho nada por algunas actividades al borde del quebranto total, como la lechería.
Ni hablar que la negativa a declarar la emergencia en éste caso también tiene que ver con no aportar mayores recursos para aliviar la situación de los que más necesitan: el proyecto al que los legisladores de "Cambiemos" se opusieron establece (como era habitual en tiempos de Cristina) duplicar durante el lapso de la emergencia los importes que perciben los beneficiarios de las zonas damnificadas por asignaciones familiares, AUH, asignación por embarazo y plan Progresar.
Lo cual desmiente al eufórico Prat Gay cuando al anunciar el "éxito" del endeudamiento volvió a decir que eso evitaba "hacer un ajuste", que además desmintió que se estuviera haciendo.
A menos que la oposición tenga que ver con que (a diferencia de la emergencia en seguridad) el proyecto no autorice al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa obras públicas, sin hacer licitación.
El único criterio rector del macrismo en términos de "emergencias" parecen ser por un lado las que se deciden entre gallos y medianoche y dependen exclusivamente de la lapicera presidencial, y por el otro las que son discutidas en el Congreso, que es el ámbito natural para eso de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución.
O quizás tenga que ver con generar "emergencias" cuando se le puede atribuir la culpa de algo a "la pesada herencia recibida", y negarlas cuando se trata de resolver problemas que van creando las propias políticas del gobierno; como es el caso de la ola de despidos.
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