RECLAMOS POR LA BOLSA DE TRABAJO

Muchas veces nos hemos referido acá al famoso Consejo de la Magistratura, uno de las “exquisiteces” institucionales incorporadas a la Constitución en la reforma de 19945, a pedido de Alfonsín y la UCR.

Dijimos que lejos de ser algo que contribuyera a mejorar la administración de justicia, era la institucionalización de los lobbies y roscas que realmente manejan los tribunales en ése caso los federales), comenzando por los representantes de la propia corporación judicial: jueces, fiscales y abogados.

Un coto de caza donde los radicales -no de ahora, sino desde siempre- tienen presencia gravitante, como buen partido de leguleyos de clase media que son; y no lo quieren perder, tal como les pasa con las universidades, otros de sus quiosquitos desde la Reforma del 18’ para acá.

En Santa Fe la cosa no es muy diferente, aunque el Consejo de la Magistratura haya aparecido en la década del 90’ y de la mano de un gobierno peronista (el de Reviglio) por decreto, sin tener nunca una ley que lo respalde, muchos menos consagración constitucional.

Desde entonces y en especial desde 2007 cuando llega al gobierno el Frente Progresista Cívico y Social, la reglamentación del Consejo tuvoalrededor de 15 modificaciones, siempre respondiendo a las presiones de un sector determinado de lobby: los jueces, los colegios de abogados, las universidades o los propios intereses de los socios de la alianza gobernante (radicales y socialistas, los demás están de adorno); que sin pudores se lanzaron desde el primer momento en que llegaron al poder en Santa Fe al asalto de juzgados, cámaras, defensorías y fiscalías. Todo ello por supuesto sin dejar de mear agua bendita, y jurar inmolarse en la defensa de las instituciones, y la independencia del Poder Judicial.

La última modificación de la reglamentación del Consejo la aprobó Lifschitz el 28 de abril pasado, a través del Decreto 854, y como vemos en la imagen de apertura y en ésta nota de la que la sacamos (enlace), levantó polvareda en la UNL, principal cantera de jueces y fiscales en Santa Fe en los últimos años.

Para simplificar el análisis, diremos que los criterios para seleccionar jueces y fiscales ponían el acento (hasta ahora) en los antecedentes académicos, y  partir de ahora lo pondrán en la experiencia práctica en cargos judiciales.

No hay que ser muy ducho para advertir que con las anteriores reglas los candidatos que venían de la universidad (donde los radicales prevalecen) llevaban las de ganar, y por eso muchos boinas blancas dieron el salto a cargos en la justicia; y en cambio con las nuevas reglas las ventajas son para los que ya están trabajando en la justicia, muchos de ellos ingresados hace años por otros pactos políticos, con otros gobiernos; incluyendo los del PJ.

La lectura política es obvia: en medio de los tironeos con la UCR por su alineamiento con el gobierno de Macri, el socialismo suelta lastre (o contragolpea) pactando con la corporación judicial santafesina (encabezada por el presidente de la Corte el “Rafa” Gutiérrez) para que sus candidatos sean los que ganen la mayoría de los concursos.

Se saca un problema de encima (la no cobertura de los juzgados y las quejas por la entrada de “académicos” por la ventana a juzgados y fiscalías), y no paga demasiados costos porque su ingerencia en cuanto posibilidad de colocar candidatos propios se limitaba a los tribunales de Rosario, y aun allí era limitada.

Y como era de esperarse los radicales (en este caso bajo la cobertura institucional de la UNL) reaccionan, porque les cierran una generosa bolsa de trabajo.

¿Y la justicia para el hombre de a pie como queda en medio de todos estos enjuagues, se preguntarán ustedes? Tan lejos como de los tribunales.