UN LOTEO PELIGROSO

El Decreto 721 por el cual Macri resigna atribuciones de las autoridades civiles en las cúpulas de las fuerzas armadas es una decisión en sí mismo peligrosa, que se suma a otras que el gobierno viene tomando en la misma dirección: el "loteo" de espacios de poder e influencia en el Estado, a cambio de gobernabilidad.  

Hace menos de un mes el Decreto 656 modificaba la reglamentación de la ley de inteligencia aprobada por Cristina, de modo que la AFI recuperaba la facultad que tuvo en su época la SIDE para poder fijar sus propias pautas para la rendición de cuentas de sus gastos "reservados"; volviendo entonces a la oscuridad que imperó sobre el uso de los fondos del sistema de espionaje que imperó hasta los cambios que impulsó allí el anterior gobierno.

Más acá en el tiempo -un par de semanas atrás- veíamos en ésta entrada como Patricia Bullrich dictaba una virtual amnistía para los gendarmes amotinados en el 2013, reincorporando a varios de ellos al servicio activo; con total olvido de que su conducta hoy es un delito, contemplado en el Código Penal.

Podrá argumentarse que en ese caso se trataba de un canje de favores, porque el gobierno viene utilizando a la gendarmería como el órgano ejecutor del "protocolo de la protesta social", o el brazo armado para apoyar a las gestiones locales de "Cambiemos" allí donde sea necesario "ayudarlas a gobernar"; como dijo la propia Bullrich para justificar acá la virtual intervención armada a la municipalidad de Las Rosas, o el despliegue en Jujuy para sostener la embestida de Gerardo Morales contra las organizaciones sociales. La explicación no minimiza el problema, sino que en todo caso lo agrava.

Nadie puede suponer que los cambios que Macri introdujo en los mecanismos de relación del poder civil y las fuerzas armadas sean iniciativa propia del gobierno, o respondan exclusivamente a la necesidad de "agilizar la gestión administrativa", como dice el decreto y justificaron los funcionarios radicales del Ministerio de Defensa (del ministro para abajo) que tumbaron un decreto del propio Alfonsín que se remontaba a los primeros días de la recuperación de la democracia.

Es obvio que se trata de viejos anhelos de las cúpulas militares, que esperaban el momento político oportuno para poder ser concretados, pero que debieren ser planteados a todos los gobiernos habidos desde entonces. Muchos de los integrantes de esas cúpulas han transcurrido la casi totalidad de sus carreras profesionales bajo gobiernos democráticos, y en consecuencia sometidos a los filtros" y controles institucionales impuestos por el poder civil; que incluyen la participación activa de los organismos de derechos humanos en muchas cuestiones, por razones obvias vinculadas a nuestro pasado más trágico.

No se trata en consecuencia de atender un simple reclamo "profesionalista", porque sería simplista suponer que los movimientos hacia el interior de las fuerzas se producen exclusivamente por méritos objetivos cuando los disciernen los militares, y por la influencia de factores extraños cuando intervienen en ellos los políticos. Aun así, no sería sino la consecuencia del mandato constitucional de subordinación al poder civil. 

Otro tanto ha pasado seguramente con la reincorporación de los gendarmes, o con los privilegios recuperados por los espías para manejar a su antojo los fondos públicos que les son confiados; pero lo preocupante no es tanto que existan estos planteos corporativos, que de por sí revelan tensiones ocultas bajo la superficie de la "aceptación" de los cánones democráticos. 

Lo verdaderamente preocupante son las respuestas que da -en todos los casos- el gobierno de Macri: como se dijo, un progresivo repliegue y abandono del espacio reservado al poder político civil por el propio marco constitucional, en beneficio de una "autonomización" de agencias estatales que están entre las que necesitan más controles institucionales y democráticos, no menos. Se trata de cuestiones sensibles, que no se pueden manejar con el mismo criterio con el cual se cede a los "gordos" de la CGT el manejo de la caja de las obras sociales. 

En el caso de los militares el decreto de Macri retrocede peligrosamente en el piso común de nuestra construcción democrática colectiva desde la dictadura, y más allá del signo político de los gobiernos de turno; como ya lo había demostrado al introducir la "ley de derribo" en la emergencia en seguridad, tornando borrosa la frontera entre la defensa nacional y la seguridad interior, y volviendo a comprometer a las fuerzas armadas en ésta última.

Los riesgos de la autonomización de las fuerzas armadas del poder político -de por sí serios en cualquier circunstancia- se agravan cuando se los mira en el contexto de los drásticos cambios que el gobierno está introduciendo en la política exterior y sus alineamientos internacionales; lo que incluye una activa "cooperación" con las agencias de seguridad de los EEUU, desde la DEA al FBI, pasando por el Pentágono y el Comando Sur.

Contexto en el cual aparece la probable instalación de una base yanqui en Usuhaia, o con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado se introducen en nuestra legislación penal figuras borrosas como el "agente encubierto", el "agente revelador", el "informante protegido" y las "entregas vigiladas", como hizo el miércoles la Cámara de Diputados con el voto del oficialismo y sus aliados.

El "loteo" de franjas de poder, influencia y decisión en el Estado en favor de diferentes corporaciones es una línea constante de Macri desde el inicio de su gestión; línea que va desde la propia conformación de un gabinete de CEOS que gestionan desde sus cargos públicos los intereses de las empresas y grupos económicos de los cuáles provienen (sin ruborizarse en absoluto por posibles conflictos de intereses); hasta la entrega llave en mano del Consejo de la Magistratura y la administración de justicia a las corporaciones de jueces y abogados con olvido explícito del "equilibrio" exigido por la Constitución, a cambio de direccionar el "mani pulite" exclusivamente a investigar a los funcionarios del gobierno anterior.

Gestos todos que marcan claramente un deterioro de la autoridad presidencial en nombre de la "gobernabilidad", más allá de las simulaciones gestuales de fortaleza, como el veto a la ley anti-despidos; que emanan de un presidente que carece además de una fuerza política propia que lo respalde organizada y con implantación territorial en todo el país (en parte por decisión propia, por adscribir a otra lógica de construcción política), y depende en gran medida de alianzas coyunturales con los dos grandes partidos nacionales en crisis (el PJ y la UCR), convertidos en poco más que una federación de liderazgos provinciales.

De hecho, hoy por hoy para avanzar en el Congreso Macri descansa más en el peronismo "colaboracionista", que en una UCR desangelada a la hora de defender las políticas del gobierno; acaso porque sus dirigentes ven que comparten los costos de la gestión, sin ser coparticipados de los beneficios; aunque en el caso de los cambios en la relación con las fuerzas armadas su responsabilidad sea inexcusable, y más conteste con los legados de Jaunarena y López Murphy, que con el Alfonsín de la primavera democrática. 

Introduciendo las lógicas corporativas al interior del Estado o dándoles cauce cuando ya se encontraban allí (como ocurre en el caso de las fuerzas armadas) en espacios en los que debe imperar la lógica democrática para disciplinarlas, Macri comete un grave error; presuntamente sobre la base que de ese modo fortalece la gobernabilidad, sin advertir que unas y otra rara vez coinciden, y es frecuente que sean opuestas.

Lo que hace oportuno recordar lo sabido: la política no tolera el vacío, y los espacios cedidos hoy se lamentan mañana, de un modo u otro.