LA FRASE

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miércoles, 23 de agosto de 2017

"HAY QUE AUMENTAR LAS TARIFAS PARA GARANTIZAR LAS INVERSIONES"


Hemos explicado acá hasta el cansancio como el de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe es el caso paradigmático para demostrar la falsedad de la idea de que es necesario aumentar las tarifas de los servicios públicos, para garantizar los recursos necesarios para hacer las inversiones que permitan mejorar la prestación de esos servicios.

Desde que en diciembre del 2007 asumió el gobierno de la provincia el Frente Progresista, instrumentó no menos de dos aumentos anuales en las tarifas de luz, sin que se pudiera verificar una mejora en el servicio acorde con los mayores ingresos que la empresa obtenía.

Y eso no obstante que hasta diciembre del 2015 el precio de la energía adquirida por la EPE en el mercado mayorista estaba subsidiado por el Estado nacional: en la etiqueta "EPE" a la derecha del blog pueden ver los distintos posteos donde demostrábamos con las cifras del caso que con los aumentos de tarifas lo que ocurría es que la EPE conseguía un "colchón financiero", que en muchos casos terminaba favoreciendo al propio Estado provincial vía los impuestos que paga la empresa, más que destinándose a las inversiones prometidas.


Y las imágenes del decreto que ilustran el post (dictado hace más o menos un mes atrás por Lifschitz demuestran que las cosas siguen siendo exactamente igual: en primer lugar lo que surge de la norma es que los aumentos de tarifas pautados para éste año le reportarán a la EPE 1732 millones de pesos adicionales en concepto de tarifas; por encima de lo previsto en el presupuesto votado por la Legislatura.

Lo que hace luego el decreto es distribuir en que gastará la empresa esos 1732 millones, al mismo tiempo que reduce otras partidas de gastos: el detalle está reflejado en las planillas de abajo y en el propio decreto con los conceptos "Ampliación" (cuando se va a gastar en un rubro más que lo previsto en el presupuesto) y "Reducción" (cuando a la inversa, se va a gastar menos.

Entre los rubros que se amplían porque demandan más gastos, sobresalen claramente dos: la compra de electricidad en el mercado mayorista (por unos 1400 millones de pesos adicionales, por la baja de los subsidios), y los impuestos indirectos que paga la EPE, por casi 523 millones de pesos.


Como cualquier puede sacar la cuenta rápidamente, ambos rubros demandan más fondos adicionales que los 1732 millones de pesos que la EPE obtiene por los aumentos de tarifas; pues para compensarlo se reducen otras partidas.

Y entre las más afectadas están "Bienes de Uso" (con una reducción neta de 380 millones de pesos) y "Servicios No Personales", con  una poda total de 250 millones de pesos.

La primera representa los gastos de capital, es decir la inversión, y por la poda la empresa dejará de hacer obras de infraestructura previstas en el presupuesto para mejorar el servicio por 232 millones de pesos, y de fabricar generadores ("Maquinaria y Equipo") para lo cual contrajo un préstamo del Banco Nación, por otros 148 millones de pesos.

La segunda engloba los gastos de funcionamiento, entre ellos los derivados de la prestación del servicio eléctrico: combustibles y lubricantes (para mover al parque automotor o alimenta algunos generadores), útiles y material de electricidad (cables por ejemplo), textiles y vestuarios (ropa de trabajo del personal).


Es decir entonces que los santafesinos terminamos pagando una de las tarifas eléctricas más caras del país, sin que eso redunde en mejores obras o mejora en los servicios, o en un más adecuado mantenimiento de las redes e instalaciones: las cifras indican que más bien ocurre todo lo contrario.

Y si bien el decreto menciona entre los gastos adicionales que la EPE debe solventar con las mayores tarifas que los usuarios debemos pagar los sueldos del personal por los aumentos pactados en paritarias, pueden ver en el propio decreto que la partida "Personal" por un lado se aumenta en 940 millones, y por el otro se reduce en 350, con lo cual el incremento neto en el rubro es de 590 millones de pesos; o lo que es lo mismo, la tercera parte de los ingresos adicionales por tarifas, consecuencia de los aumentos. 

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