El miércoles pasado se registró
el penoso paso de Patricia Bullrich por el Senado de la nación, pretendiendo
dar explicaciones -que no dio- sobre la desaparición forzada de Santiago
Maldonado.
Como sabemos, Bullrich negó todo:
la Gendarmería no tuvo nada que ver, no se puede comprobar que haya participado
del hecho, no hay certeza de que Santiago haya estado en el lugar, su jefe de
gabinete no ordenó la represión dentro de la comunidad mapuche sino que
actuaron bajo las órdenes de un juez. Incluso se arrojó sobre la granada
asumiendo la defensa irrestricta de los gendarmes, y asumiendo a priori
cualquier responsabilidad por el hecho que al mismo tiempo estaba negando
Además de que todas y cada una de
sus afirmaciones están desmentidas por los hehcos y las pruebas allegadas a la
causa, con cada uno de sus dichos Bullrich no hizo sino confirmar que se trata
de un caso de desaparición forzada, al menos tal como la degine el Código Penal
en su artículo 142 Ter:“Se impondrá prisión de DIEZ (10) a VEINTICINCO (25) años e
inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función
pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la
persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la
libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la
falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o
de informar sobre el paradero de la persona.” (las negritas son
nuestras)
El texto fue incorporado al Código por la Ley 26.679,
aprobada en abril del 2011, con 158 votos a favor, ninguno en contra y tampoco
ninguna abstención en la Cámara de Diputados de la nación, pero con muchas
ausencias a la hora de la votación:
Como se ve, la propia Bullrich
figura entre los ausentes, junto con algunos colegas suyos actuales
funcionarios del gobierno de Macri: Oscar Aguad (ministro de Defensa), Laura
Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción Kirchnerista), Ricardo Buryaile,
Silvia Madjalani (actual número 2 de la AFI), Adrián Pérez (el escamoteador de
telegramas del conurbano) y Jorge Triaca (el ministro de Trabajo que va a las
mismas de los represores fallecidos)
También Elisa Carrió, la vicepresidenta
Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, el
embajador en España Ramón Puerta y la segunda marca de “Cambiemos” Margarita
Stolbizer.
Pero hay más: antes de eso, en
noviembre del 2007 durante el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso aprobó la
incorporación al Código Penal de los delitos de lesa humanidad tipificados en
el Estatuto de Roma, y la convención sobre la desaparición forzada de personas
de la ONU, gestada por iniciativa de la Argentina.
La sanción tuvo en Diputados 167
votos favorables, un voto en contra y 15 abstenciones, que pueden ver en ésta
otra acta, correspondiente a la sesión de ése día:
Además del solitario voto en
contra de la ex bulldoguista (de López Murphy) Nora Guinzburg, se abstuvieron
Paula Bertol (actual funcionaria de la Jefatura de Gabinete encargada de las
relaciones con el Congreso), Esteban Bullrich (no sé si lo tienen), otra vez el
hoy presidente provisional del Senado Federico Pinedo y Jorge Vanossi, el
jurista todo terreno proveniente de la UCR que hace poco -sin ir más lejos-
elogió el fallo de la Corte concediendo el “2x1” a los genocidas.
Como vimos acá, también se habían abstenido a la hora de votar la ley que
prohíbe indultar, amnistiar o conmutarles las penas a los condenados en casos
de delitos de lesa humanidad.
Si hay algo que no se les puede
dejar de reconocer, es la coherencia.
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