Fue una promesa de campaña en el 2015, y abundan las menciones al respecto en los spots de la publicidad oficial del gobierno: estarían llevando adelante "el plan de infraestructura más ambicioso de la historia"; y la obra pública sería uno de los pilares de la reactivación económica.
A su vez, como han planteado metas de reducción del déficit fiscal a razón de un punto del PBI por año, la apuesta era ir reemplazando progresivamente la inversión del Estado en obras de infraestructura por la privada; a través del esquema de "participación pública privada". Es decir, el sistema aprobado por la Ley 27.328 y su decreto reglamentario 118 de éste año, que fueron analizados en detalle varias veces en éste blog: por ejemplo acá, acá, acá y acá.
Sin embargo, pese a que la ley y el decreto establecen leoninas concesiones y privilegios de todo tipo para las empresas e inversores privados que se acojan a ellos, a nueve meses de lanzado es un completo fracaso: vemos acá en La Política Online que en todo ese tiempo no se ha presentado ni un solo proyecto de obra de infraestructura amparado en el sistema. Entre otras razones, porque los "inversores" no aportarían fondos adicionales, sino que buscarían financiarse en el mercado interno con nuestro propio ahorro, lo cual se les torna muy dificultoso por el altísimo nivel de las tasas, alentado y favorecido por el Banco Central.
Algo del fracaso se podía sospechar ya cuando en el caso de las "energías renovables" (en el que Macri habilitó por DNU el uso del sistema antes que lo aprobara el Congreso) el Estado decidió emitir deuda por 4500 millones de dólares para garantizarles a los inversionistas (como Joe Lewis, o Marcelo Mindlin, el "comprador" de IECSA a Calcaterra) el rescate de sus inversiones, si las cosas salían mal.
Ahora bien, de lo expuesto se infiere que de seguir así las cosas, o el gobierno desiste de cumplir con sus metas de bajar el déficit fiscal con esta herramienta (traspasar el peso de la inversión en infraestructura al sector privado), o sacrifica el "más ambicioso plan de obras públicas de la historia", para cumplir con las metas.
Pero ¿hay tal cosa actualmente, es decir qué está pasando con la ejecución presupuestaria de las partidas de obra pública? Veamos las propias cifras oficiales, con el cuadro de abajo sacado de la página del Ministerio de Hacienda con cifras del viernes pasado:
Como se puede ver, la partida "Bienes de Uso" que corresponde a los gastos de capital (lo que incluye a la obra pública, pero también a la compra de maquinaria y equipo) tiene una ejecución que apenas sobrepasa la mitad de lo presupuestado, transcurrido casi el 65 % del ejercicio, y más de diez puntos porcentuales por debajo del promedio de ejecución del gasto total del Estado nacional; y representa además apenas el 2,29 % del gasto devengado hasta el viernes pasado, por debajo incluso de su ya exigua participación en lo presupuestado que es del 2,74 %. Y 4,74 veces menos que lo gastado en pagos de intereses de la deuda.
Además, mas de las dos terceras partes de lo gastado en ese rubro corresponde a obras viales, lo que supone que no solo no hay tal "plan histórico" de infraestructura, sino que además si lo que quieren es bajar sustancialmente el gasto público o el déficit fiscal (además de dejar de rebajar o eliminar impuestos, por supuesto), deberán podar otras partidas, como ya se dijo acá.
Las cifras no cambian sustancialmente si se alega que parte de la obra pública o inversión en infraestructura financiada por el Estado nacional se hace a través de "Transferencias", por ejemplo a las provincias: casi un 60 % de "Transferencias" son las prestaciones de la seguridad social que paga la ANSES (jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares), y buena parte del resto son los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, las pensiones no contributivas y el financiamiento de todo el sistema universitario nacional.
Aun así, el Fondo Federal Solidario (o fondo soja) que se paga a través de "Transferencias" y se destina a las provincias para obras de infraestructura tuvo una ejecución aun menor, a la misma fecha: se había invertido apenas el 38,89 % de lo presupuestado, unos 13.763 millones de pesos sobre los 35.386 presupuestados; consecuencia de la decisión de los exportadores de retener la cosecha esperando mejores precios y una mayor devaluación del peso.
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