SOMOS MUCHOS. ELLOS TAMBIÉN.

La prisión política de Milagro Sala en los albores del gobierno de Macri y la desaparición forzada de Santiago Maldonado de la que ayer se cumplió un mes trazan un arco de profundo deterioro democrático del país en casi 21 meses de gobierno de Mauricio Macri.

Hace poco y a propósito del reclamo por la aparición de Santiago, historiábamos acá los hitos más trascendentes del proceso: "Sindicatos intervenidos, represión de la protesta social, proliferación de las escuchas ilegales de conversaciones privadas y su difusión, cesantía de empleados públicos por razones políticas, estigmatización de la pobreza, presos políticos, violación de la autonomía universitaria, transformación del Poder Judicial en un grupo de tareas para perseguir opositores, apretadas públicas a jueces y fiscales para que fallen según los deseos del gobierno, acaso un fraude electoral en gestación de cara al domingo y también -como si el cóctel que se enuncia a título ilustrativo fuera poco- desaparición de personas; negada primero y justificada casi de inmediato desde los órganos del Estado, y los medios que le son adictos.". 

La enumeración -por supuesto- puede ampliarse, incluyendo por ejemplo las masivas razzias policiales de Córdoba luego de una manifestación de protesta, la detención de militantes de la Federación Juvenil Comunista acá en Santa Fe por colgar del Puente Colgante un bandera pidiendo por la aparición de Sebastián, o de periodistas que cubrieron la multitudinaria marcha de ayer en Plaza de Mayo.

No se trata ya del ostensible deterioro de las condiciones de vida de buena parte de la población (es decir, el sustrato económico y social de la democracia), ni de los avances autoritarios y hegemónicos del Ejecutivo sobre los otros poderes y órganos autónomos e independientes del Estado como la justicia, el Consejo de la Magistratura o la Procuración General.

Es algo mucho más básico y elemental, y por ende más grave: Macri contribuyó a instalar en el país un clima cultural en el que es posible que cosas tales como tener presos políticos o desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado no solo se naturalicen, sino que se justifiquen y más aun, se aplaudan.

Claro que no es que ese clima no existiera de antes, y ahí llegamos al punto: si algo demuestran las opiniones que uno puede palpar a diario en la calle, en los medios, en las redes sociales, sobre cuestiones tan acuciantes en términos democráticos como la prisión de Milagro o la desaparición de Santiago, es que hay plafond social para que ese tipo de cosas pasen; sin mayores consecuencias o costos políticos y sociales para los responsables. Por el contrario: en muchos sectores de la sociedad determinan el sentido del voto, y traen réditos electorales.

No se trata de desconocer la saludable capacidad de reacción de vastos sectores de la sociedad argentina (que se vio por ejemplo ante el fallo de la Corte por el "2 x 1" a los genocidas) frente a estos atropellos, ni tampoco de desconocer que -afortunadamente- la memoria de los horrores vividos en el pasado sigue viva en muchos de nosotros; sino de tomar nota de que ciertos consensos más o menos generalizados que dábamos por hecho, no son tales.

Hasta el torpe intento de enfocar estas cuestiones que tienen que ver ni más ni menos que con la dignidad y condición humanas desde el lente grueso de la "grieta", revela cuan grave es la cosa: si se descalifica a quien reclama por violaciones a los derechos humanos o las padece en carne propia por sus opiniones, su ideología, filiación política o las causas que defiende, es porque se desprecian esos derechos, o se los considera justificadamente vulnerables, bajo determinadas circunstancias. Es tan sencillo -y tan complejo a la vez- como eso.

Cuando Néstor Kirchner le puso el peso de la responsabilidad institucional del Estado a las políticas de memoria, verdad y justicia en el 2003, muchos dijeron que lo hacía por puro cálculo de especulación política, para ganar algunos votos; pero lo cierto es que la causa por entonces reposaba casi exclusivamente sobre los cansados hombros de las madres y las abuelas, y los demás organismos: no había un masivo y generalizado reclamo social por la repaertura de los juicios, o la condena a los culpables; y he allí la enorme trascendencia histórica de lo que hizo: empujó en el sentido correcto porque había que hacerlo, para saldar una deuda pendiente de nuestra democracia, la más lacerante de todas.

Desde entonces el Estado puso a los derechos humanos en el primer lugar de la agenda de las políticas públicas y buena parte de la sociedad acompañó, sobre todo los más jóvenes: movidos por el ejemplo de la autoridad, llegaban los refuerzos para una larga y dolorosa lucha de décadas.

Sin embargo, es muy posible que haya muchos que detestaran las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, pero que igual lo votaran en tanto la economía funcionaba bien, creaba empleo y aseguraba buenos salarios y consumo; como también es seguro que buena parte de los enconos contra los gobiernos de Néstor y Cristina (aun entre quienes fueron objetivamente favorecidos por sus políticas) tuviera que ver, precisamente, con su política de derechos humanos, en un sentido amplio. Así por ejemplo su tolerancia con la protesta social y la negativa a reprimirla le acarrearon seguramente una buena pérdida de votos a ambos. 

En estos días en los que discutimos las razones del apoyo electoral a "Cambiemos" y polemizamos sobre si estamos o no ante una nueva hegemonía, este es un dato crucial, que no debemos pasar por alto: los que no concebimos la democracia sin la vigencia irrestricta de los derechos humanos, y creemos que sin importar como piensen las personas o lo que hagan no se merecen ser desaparecidas por el aparato de seguridad estatal somos -afortunadamente- muchos; como se pudo ver ayer en múltiples plazas, a lo largo y a lo ancho del país.

Pero los que están del otro lado de esa grieta (que es mucho más profunda y ominosa que la de estar a favor o en contra del gobierno) también, y representan un desafío serio a la profundización de nuestra democracia, que trasciende como vota cada uno cuando llegan las elecciones. Y no se trata de simplificar las cosas diciendo que votan al gobierno precisamente por estas cuestiones (que los hay quienes también), pero es indudable que -entre otras razones- pesan en la decisión, o en el mejor de los casos, los votan pese a ellas.

Justamente hace poco al comentar la tan discutida nota de Natanson sobre la "nueva derecha democrática", decíamos acá que "...no parece ser ésta cuestión (la de si esta “nueva derecha” es verdaderamente democrática) algo que mayoritariamente desvele a sus votantes (es un error suponer que ciertos consensos democráticos alcanzan a toda la sociedad, de modo que haya que disimular cuando se los viola, o sea peligroso en términos electorales avanzar sobre ellos); que tienen razones mucho mas profundas para apoyarla...".

Y conste que nos detenemos en esto porque nos parece lo más relevante para el análisis político, y no en el bochornoso espectáculo de los incidentes organizados por servicios de inteligencia desbocados dos horas después de finalizada la marcha en Plaza de Mayo; como parte del peligroso juego de un gobierno que pretende dar muestras de autoridad y control de calle, cuando en realidad es prisionero de los canjes de favores que ha pactado con fuerzas de seguridad sin control político y dispuestas al garrote y el gatillo fácil, y con esa misma estructura de inteligencia a la que utiliza para sus fines, y a la que le devolvió el manejo de los fondos reservados para todo tipo de operaciones, más o menos autorizadas o no.