Una de las mayores mistificaciones de un gobierno de mentirosos seriales como fue el de Macri, es aquello de que venían a combatir la corrupciòn, y se van del gobierno "con la conciencia tranquila y las manos limpias": poner a Macri al frente de la lucha contra la corrupción es como poner a Barreda al frente de la lucha contra la violencia de género. Y que decir del personaje elegido por Macri para la tarea: la inefable Laura "Técnicamente no es delito" Alonso, a la que tuvieron que adaptarle por decreto las reglas de ingreso a la Oficina Anticorrupción, por carecer del título de abogada que era exigible a esos fines.
Entre los muchos disparates que consumó en su inigualable gestión, Alonso hizo aprobar por un decreto de Macri el "Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023"; una fantochada que nosotros analizamos en detalle en esta entrada y en esta otra. Ya de salida del gobierno, y teniendo que rendir cuentas en la justicia por haberse negado a entregar documentación a la AGN, Laurita nos dispensa ahora otra joya: la Resolución 33 publicada el miércoles pasado (completa acá en el Boletín Oficial); pñor la cual designa a los integrantes del "Consejo Asesor Para el Seguimiento de la Implementación" de las iniciativas incorporadas en el Plan.
Como si las elecciones no hubieran sucedido y siguieran cuatro años más en el gobierno, sigue legislando en el vacío, tanto como para hacer ver que no estuvo en funciones cuatro años al completo pedo; o completamente avocada a la cacería judicial de opositores al gobierno, mientras hacía la vista gorda con los negociados del gobierno, y los justificaba como simples "conflictos de intereses, que se resolvían "delegando la firma".
Revisar la nómina de los seleccionados para "asesorar" a la OA en la lucha contra la corrupción es un ejercicio desopilante.
Aparece por ejemplo "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil", entidad que según la resolución integrará el Consejo porque "...entre los antecedentes relevantes ofrecidos, el postulante destaca la labor testimonial realizada en materia anticorrupción, mediante la denuncia de hechos delictivos y violaciones a las normas de ética pública, tanto en el Poder Judicial, como en la Oficina Anticorrupción y en otros organismos del Estado Nacional..." (las negritas son nuestras). El titular de la asociación es nada menos que José Lucas Magioncalda, el "denunciante todo terreno full time" del macrismo para todas sus operaciones contra sus opositores políticos o sindicales: por eso lo reconocen, claro está.
A continuación aparece I.D.E.A. (Instituto Para el Desarrollo Empresarial), los organizadores de los famosos coloquios, a los que se integra al Consejo porque (según Alonso) "...entre los antecedentes ofrecidos, varios de los miembros de I.D.E.A. han participado en los diversos foros y mesas de debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Lineamientos de la Ley convocada por la Oficina Anticorrupción...". O sea, fueron parte del diseño jurídico instrumentado por el macrismo para perseguir a empresarios "K", y quedarse con sus empresas. (siempre las negritas son nuestras); tanto como de la posterior reforma al Código Electoral que les permitió a las empresas aportar a las campañas de los partidos políticos.
Luego desfilan la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal del Notariado Argentino (C.F.N.A.); entidad está ultima que según la OA, "..Destaca en su presentación que la Ley N° 25.246 contempla como sujetos obligados a actuar en la lucha y combate por la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los Escribanos Públicos, destacando seguidamente que en la República Argentina, una de las fuentes más importantes de dinero que luego se intenta lavar es el proveniente de la corrupción pública y privada.".
Lo cual es muy curioso porque todas esas entidades no solo agrupan a profesionales que prestan asesoramiento técnico y jurídico para evadir, coimear, lavar y fugar sin que se sepa que nunca hayan sancionado a alguno, sino que además vienen bregando hace años para ser eximidos de reportar operaciones sospechosas de lavado, o le escapan como el culo a la jeringa a que sus colegiados sean designados oficiales de cumplimiento de las normas anti lavado.
Pero hay más notables incorporados al "Consejo Asesor", como por ejemplo la Cámara Argentina de Comercio de los Estados Unidos de América en la República Agentina (AmCHAM), que se ofreció a "...colaborar, específicamente, en la inserción inteligente al mundo, ya que engloba 630 empresas, muchas de las cuales tienen una participación activa en sus actividades y en las del Instituto de Ética y Transparencia."; la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), y la Cámara de Exportadores de la República Argentina (C.E.R.A.), que al postularse para el cargo se ocupó de destacar que "...Su actividad y la de sus socios, según su Estatuto Social, debe desarrollarse dentro de la más escrupulosa ética y cumpliendo estrictamente las leyes de la República, perdiendo sus miembros la condición de tales por falta comprobada de seriedad comercial en sus transacciones, entre otros motivos."; cosa que como sabemos, ha sucedido...nunca.
Y para terminar, no podía faltar en esta selección de luchadores contra la corrupción, la Cámara Argentina de la Construcción, que destaca que las empresas que la componen deben manejarse "... dentro de estrictos preceptos de ética empresarial, la función que incumbe a cada uno de los vínculos de relación especificando los derechos, obligaciones y responsabilidades recíprocas." En fin, si de la mano de Laurita Alonso y sus planes, Magioncalda, las empresas yanquis, los exportadores, los laboratorios farmacéuticos y la patria contratista de la obra pública no logramos erradicar la corrupción, deberíamos dejar de intentarlo.
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