Leemos en el diario del Loco Lindo que finalmente Bonfatti terminó otorgando el aumento a la policía por decreto, dando por terminadas las negociaciones con los amotinados; y ordenando intimarlos a que se reintegren al servicio.
Porcentajes aparte (terminarán sacando por la fuerza de los fierros mucho más que cualquier trabajador estatal), es lo que debió haberse hecho hace rato, en lugar de seguir jugando a las visitas con quienes no tienen representatividad gremial; dándoles un status de interlocutores del que carecen.
Pero cuando uno lee la "letra chica" del decreto (al menos lo que trasciende en la noticia) se encuentra con otra agachada del gobierno; o mejor aun: otra reculada ante el avance de los canas sublevados.
Dice el decreto que "el Poder Ejecutivo convocará a los concursos de ascenso correspondientes a 2012 y 2013 en el transcurso de 2014 sin cupo", lo que se da de patadas con lo que dispone la Ley 12.521, en la parte que acá mostramos:
Cualquiera que conozca un poco como se maneja la policía, sabe que los ascensos anuales (a través de las Juntas de Calificaciones) funcionaron siempre como una política salarial encubierta, pero al mismo tiempo un formidable mecanismo para dirimir disputas internas dentro de la propia fuerza: el que gozaba de contactos ascendía, el otro era declarado "apto para permanecer en el grado" (o sea, no ascendía) y muchos eran considerados "apto para el ascenso, no propuesto por falta de vacantes".
De allí que las expectativas de ascensos se convertían en un revulsivo interno en la policía, porque se trataba por todos los medios de forzar retiros (voluntarios u obligatorios) para generar más vacantes, que posibiliten nuevos ascensos.
Eso determinaba que la depuración de la fuerza, y la promoción dentro de ella a los grados superiores, no estaba determinada por la eficacia o no en el cumplimiento de las funciones, sino por las pujas internas, y las relaciones de fuerza que allí se reflejaban.
Contra eso apuntó la reforma de la ley 12.521 (votada en el 2006 por todos, los hoy oficialistas y entonces opositores, y el PJ) estableciendo el sistema de concursos con jurados civiles, y en base a cupos; para que las autoridades políticas pudieran controlar una herramienta clave para la política de recursos humanos de la fuerza de seguridad provincial.
Una reforma que -a decir verdad- el socialismo nunca tuvo ganas de aplicar: hace poco más de dos años contábamos acá como el socialismo sostuvo durante todo el gobierno de Binner (y lo que va del de Bonfatti), el sistema de las Juntas de Calificaciones (solo integradas por policías), en abierta violación de la ley; y con el absurdo argumento de que los concursos no se podían hacer.
Y después de demorar cuanto pudieron la implementación de los concursos, cuando estalló el narcoescándalo del caso Tognoli y no tuvieron más remedio que hacer como que rfeformaban algo, sacaron la reglamentación pero para aplicarla en un futuro incierto; o lo que es lo mismo: nunca.
La rematan ahora con este decreto, llamando a concursos para los ascensos 2012 y 2013 "sin cupos", o sea. ascenderán todos, sin importar si son idóneos o no, y si hacen falta todos esos cargos y funciones jerárquicos en la policía. Y si no los hay, los crearán y listo; para que todos queden contentos.
Cuestión ésta (la de los ascensos "en término para todos" (como era con las Juntas) que estaba en el pliego de reclamos original de APROPOL (que se opuso a la reforma desde siempre), cuando Bonfatti denunció en la justicia a sus dirigentes por instar a la sedición.
Denuncias que seguramente quedarán en el olvido, porque parte del acuerdo (bendecido por el arzobispo Arancedo) es que no habrá sanciones para los amotinados.
La mejor manera de garantizar que lo vuelvan a hacer, cuando lo crean necesario, con o sin reclamos salariales de por medio.
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